El 2 de junio de 2005 se cerró el
canje de deuda de un total de 81.800 millones de dólares, lo que dio origen a
la creación del fideicomiso necesario para realizar los pagos al 76,07% de
acreedores que ingresaron originalmente a la operación, una fecha considerada
trascendental para la política de desendeudamiento que puso en marcha el ex
presidente Néstor Kirchner.
Ese porcentaje trepó al 92,4% en
2010, con la reapertura del canje dispuesto por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
En rigor, la reestructuración de
deuda se había cerrado el 3 de marzo, pero una medida del juez Thomas Griesa a
pedido de los fondos buitre, con Paul Singer a la cabeza, congeló el proceso de
la transacción.
Luego, Griesa se retractó, pero
no fue sino hasta tres meses después, cuando la Cámara de Apelaciones de EEUU
convalidó la posición Argentina, con la que se llevó a cabo la reestructuración
de deuda más grande de la historia, que obligó al FMI a enviar un comunicado de
felicitación al gobierno argentino.
Había nacido así la primera
política del desendeudamiento, que incluso antes de nacer tuvo a los fondos
buitre revoloteando, que interpusieron demandas por títulos en situación de
default desde el 2001, que compraron esos títulos a precio de ganga a
inversores que no creían que el gobierno argentino podía cumplir con el nuevo
compromiso de pago asumido con el canje.
El fideicomiso tiene una curiosa
historia: se gestó a prueba de buitres, con los antecedentes del caso de
Elliott -nuevamente-, contra Perú, a principios de la década del 2000.
Perú había tenido un embargo en
sus cuentas de Nueva York, en plena operación de canje de bonos Brady, y el
entonces ex presidente Alberto Fujimori, decidió arreglar con los fondos buitre
para liberar los pagos.
Mucho se dijo de lo irregular de
dicha operación, hasta el Congreso peruano inició una investigación con serias
acusaciones hacia Fujimori, a quien le encontraron conexión con los fondos
buitre, y otros denunciaron que la liberación de los pagos se produjo
sospechosamente días antes de que el ex presidente planeara fugarse a Japón, en
medio de su escándalo de corrupción.
El ex presidente de Perú
necesitaba, para fugarse cómodamente en su avión presidencial, el camino
liberado de eventuales embargos a la aeronave.
Por este antecedente, Argentina
buscó un mecanismo de pago indirecto, a través del cual el Estado argentino
paga en suelo argentino a los acreedores externos y luego se realiza el reparto
entre las cuentas de los mismos desperdigadas por el mundo, precisamente para
evitar cualquier interpretación ni quedar a merced de cualquier legislación
internacional, que pudiera perjudicar los pagos a los acreedores.
Como en todo fideicomiso, se
buscó un intermediario y agente de pago, que resultó ser el Bank of New York.
La elección del Bank of New York merece otro capítulo aparte, debido a que a
fines de 2004 la operación de canje estuvo a punto de naufragar, entre otras
cuestiones, debido a que a nivel internacional nadie apostaba al éxito de la
operación argentina. Este problema casi le cuesta el puesto al ex ministro de
Economía, Roberto Lavagna.
El éxito del canje de deuda tuvo
mucho que ver con estos resguardos en el pago, y motivó que los acreedores
pidieran la reapertura del canje 2010, que realizó la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, a través del cual se logró reunir una mayoría de un
92,4%, que aceptó las condiciones de la Argentina y siguió cobrando a través
del fideicomiso.
Este fideicomiso funcionó sin
problemas, por exactamente 9 años, hasta que el 16 junio de 2014 la Corte
Suprema de Estados Unidos se negó a tratar una apelación de la Argentina, lo
que activó la ejecución de una medida de Griesa, de febrero del 2012, que
resultó tan controvertida a nivel jurídico internacional que motivó que el
Financial Times bautizara el caso como “El juicio del Siglo”.
La falta de un sistema legal
internacional para la resolución de quiebras de países provocó que la Argentina
quedara sometida a juicio permanente desde el default del 2001.
De ese vacío legal también fue
víctima Griesa quien, impotente para poner punto final a la controversia, forzó
una interpretación inédita de tratamiento igualitario de los acreedores, y
determinó que si no cobraban los demandantes (el 100%), el resto no cobraba. Le
prohibió, además, al BONY y a cualquier intermediario, ayudar a la Argentina a
evadir su sentencia, algo que resultó un abuso de autoridad y un ultraje a la
soberanía nacional.
Así, el fideicomiso quedó en una
suerte de limbo legal, la Argentina fue declarada en desacato, y los bonistas
internacionales el canje se ven limitados de cobrar los pagos que realiza la
Argentina.
Con todo, Cristina Fernández de
Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, resistieron la presión de
Griesa y los fondos buitre, y lograron evitar un problema mayor: sumar a la
cuenta de deuda externa argentina la friolera de al menos unos 120.000 millones
de dólares.
Expiró la cláusula RUFO en
diciembre de 2014, y el Estado argentino tiene mejores condiciones para
negociar con los holdouts, de manera “justa, equitativa, y soberana” pero aún
es una incógnita cuánto reclaman.
Lo único concreto es que la deuda
en default nominal (sin contar intereses) es de cerca de U$S 6.000 millones y
que Griesa ordenó un fallo para el 1% de acreedores del canje, para que cobren
el 100% más intereses (hoy serían U$S 1.700 millones).
Este último viernes, Griesa
convocó una audiencia, con los los “me too”, con el motivo de tener una cuenta
final, que en términos de dicho fallo, y con “los otros mee too”, ascendería a
U$S 25.000 millones.
La demora de Griesa en una
definición de la deuda holdout es sospechosamente funcional a los tiempos de
los fondos buitre, quienes especulan con tiempos electorales para sacar
provecho de su sentencia.
Por Mara Laudonia.
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