Todas las voces y músicas de la Patria Grande

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sábado, 22 de diciembre de 2018

Ahora el Gobierno cancela el puente Chaco-Corrientes y desactiva el Plan Belgrano


Tras frenar los PPP por el riesgo país, Dietrich dio de baja una de las obras emblemáticas del norte "por la situación macroeconómica".
LPO 21/12/2018
El Gobierno ahora dio de baja la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes y terminó de confirmar la inexistencia de las obras de envergadura del promocionado Plan Belgrano.
El puente era una de las obras más publicitadas desde que gobierna Mauricio Macri y se iba a licitar bajo la modalidad de la participación público privada (PPP), que como anticipó LPO fue dada de baja esta semana por la suba del riesgo país.

El propio Marcos Peña había prometido el puente a los chaqueños: "Cuando uno mira la obra pública en Argentina, hasta que llegamos, uno encuentra esa combinación de corrupción, falta de planeamiento e incluso desidia e incompetencia en la gestión, que resultan un agravio a los argentinos y a los chaqueños", le dijo Peña al diario Norte hace tan sólo un año.
El Plan Belgrano fue creado como una apuesta para desarrollar el Norte argentino pero en la realidad no ejecuta obras sino que se limita a ser una estructura creada para repartir cargos. Tan es así que la decisión de suspender el puente no pasó por la unidad Plan Belgrano que depende de jefatura de gabinete, sino por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que es quien maneja el presupuesto para las obras de este tipo.
Lopetegui dio de baja los PPP por la suba del riesgo país
El coordinador del plan Belgrano del Nordeste, Víctor Zimmermann, dijo que la licitación del puente fue suspendida debido a "la situación macroeconómica que atraviesa el país".
En declaraciones a Radio Libertad manifestó "la imposibilidad de las condiciones necesarias para que las empresas puedan conseguir financiamiento" y estimó que "podría realizarse el próximo año".
Los vaivenes del segundo puente entre Chaco y Corrientes ya habían dejado expuesto al Gobierno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya había aprobado el financiamiento de la planta de tratamiento cloacal de Corrientes. El Gobierno superpuso los planos del puente con esa obra, también perteneciente al Plan Belgrano y debió cambiarla de lugar pese a que ya estaba todo listo para arrancar la construcción. "Ahora no tenemos ni puente ni planta", rezongaron en el Ejecutivo y se esperanzan con al menos lanzar la construcción de las cloacas con la plata del BID.
Exclusivo: El Gobierno superpuso los planos de las dos obras más importantes de Corrientes
El puente, en tanto, iba a ser incluido en la primera etapa de los PPP. "Todavía no está concluida, así que tendremos que seguir esperando", dijo Zimmermann, resignado. En el Ejecutivo ya hay pases de facturas porque el Plan Belgrano priorizó una obra bajo la modalidad incierta de los PPP antes que una que ya contaba con financiamiento internacional. 
Los PPP pasaron a la historia esta semana luego de que el asesor presidencial Gustavo Lopetegui avisara que no se seguirían licitando obras bajo esa modalidad a causa del riesgo país, que este viernes batió otro récord y llegó a los 822 puntos. Pese a esta realidad, Presidencia difundió esta semana una divertida foto de Macri con Dietrich en una reunión de seguimiento de los PPP.
Se trata de un acto de "gestión" insólito habida cuenta que los inversores y los principales medios de comunicación ya habían recibido la confirmación de que los PPP se habían frenado. Incluso en la última reunión de la bicameral de seguimiento de PPP en el Congreso la oposición indagó al oficialismo sobre el sentido de continuar debatiendo sobre algo que ya no existe.


jueves, 20 de diciembre de 2018

Sin segundo puente: Macri pidió suspender el llamado a licitación por la crisis económica

La Provincia 20 de diciembre de 2018 Por Editorial

Víctor Zimmerman, coordinador del Plan Belgrano en la región, aseguró que el propio Mauricio Macri fue quien tomó la decisión. En cambio, consideró que todavía hay un 80% de posibilidades que la obra se licite el año próximo.
 SEGUNDO PUENTE

“Tendremos que seguir esperando. Nosotros seguimos siendo optimista, porque creemos que la situación económica se está dando. Hay indicio buenos, tendremos que esperar”, afirmó.
Sostuvo que la decisión política “sigue estando”. Aunque reconoció que “no pudimos cumplir con lo que habíamos dicho”.
“El presidente pidió que no se haga el llamado a licitación con esta situación económica”, afirmó.
En cambio, aseguró que todavía hay un 80% de posibilidades que el llamado a licitación se haga el año próximo. “Sin ninguna duda lo vamos a hacer”, afirmó.
REDES DE GASODUCTO
Los avances son muchos. Hemos podido avanzar con Gasnea, los gobernadores nacionales y provinciales, pero además también con algunas localidades como Puerto Tirol ya que está avanzada la construcción de redes para parques industriales.
Además contó que hubo reunión de trabajo ayer donde el gobierno nacional designó una persona específica para concretar rápidamente la conexión de gas natural para los parques industriales. “Estamos muy conforme, creo que esta es la forma de trabajar”, resaltó.
También aseguró que se empezó a dialogar por la instalación de surtidores de GNC para los automóviles de la zona.


fuente: libertad didital

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Por la desbandada de la inflación, el Gobierno tuvo que emitir monedas de $10


El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy la emisión de monedas de dos y diez pesos con las imágenes del palo borracho y el caldén. Ni siquiera se puede pagar el boleto mínimo de colectivo con una de ellas.
A través de un comunicado, el BCRA informó que comenzará a emitir monedas de dos pesos con la imagen del palo borracho y de diez pesos con la imagen del caldén; ambos diseños corresponden al nuevo cono monetario de la Línea Peso Árboles de la República Argentina. Hace 27 años, con $ 10 se compraban U$S 10. Hoy, apenas unos centavos de la moneda estadounidense.

La moneda de dos pesos es de color dorado, pesa 5 gramos y tiene un diámetro de 21,5 milímetros; mientras que la moneda de diez pesos es también de tonalidad dorada, pesa 9 gramos, tiene 24,5 milímetros y su canto es estriado.
La emisión de estas monedas es una clara muestra del reconocimiento de la inflación por parte del gobierno de Mauricio Macri. El día de la asunción del Presidente, con $10 se compraba un dólar en el mercado cambiario regulado por AFIP para importaciones. Tras el fin del “cepo cambiario”, la divisa osciló los $14.
Con la megadevaluación de 2018, el billete de 10 pesos pasó a ser casi inservible. Ni siquiera sirve para pagar un boleto de colectivo o un viaje en subte en la Ciudad. Un alfajor de marca reconocida no baja de los $12. Apenas se pueden comprar dos pancitos en alguna panadería del barrio que no cobre muy caro.
El billete de 10 pesos tenía la imagen de Manuel Belgrano. Tuvo tres versiones desde la Ley de Convertibilidad con la que se reemplazó al Austral. Para el Gobierno, en palabras de Marcos Peña, sacar a los próceres es uno de los logros de la actual gestión: "dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida", argumentó el jefe de Gabinete.


Se hunden las acciones argentinas y Wall Street ya apuesta a Cristina 2019


El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 800 puntos. En tanto, crece la desconfianza de los mercados y el escenario económico del país es cada vez menos alentador.
La delicada situación económica del país y el imparable riesgo país (786 puntos), impactan de lleno en la confianza de los inversores.

Los máximos críticos del índice del JP Morgan siguen castigando el precio de los bonos argentinos. A eso se suma el Impuesto a la Renta Financiera que el Estado Argentino pretende cobrar demostrando una vez más la amenaza sobre el contribuyente privado.
Los números hablan por si solos: en enero 2018 el riesgo país medido por la cotización del CDS a 5 años de Argentina era de 230 puntos. Luego de varios errores del Gobierno, el CDS llegó a un máximo el 4 de septiembre, días antes de la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cotizando por entonces en 835 puntos.
Luego todo seguiría por los peores rumbos hasta que los CDS colapsaron a 530 puntos el 29 de septiembre.Según los números, en lo que va del año, para Argentina el riesgo país subió 500 puntos. A su vez, en el mismo lapso Turquía lo hizo en 220 puntos y Brasil en 40. Es decir, que aproximadamente, Argentina subió su riesgo país 12 veces más que Brasil y 2 veces más que Turquía, lo cual refleja a un mercado internacional que castigó brutalmente a la curva de bonos argentinos por debilidades exclusivamente relativas al entorno local. Así lo detalla Germán Fermo en El Cronista, quien también consideró que no cancelar la Renta Financiera sería el mayor desacierto del oficialismo.Los errores del equipo económico del presidente Mauricio Macri impactaron de lleno en la confianza de los inversores: el riesgo país sigue subiendo y no hay coincidencia entre lo que los Ministros perciben y relatan y lo que descuenta Wall Street.
En la consideración de Fermo, claramente Wall Street ha comenzado a descontar un sustancial riesgo político que asigna una probabilidad no insignificante a Cristina Kirchner, ganando las presidenciales del 2019.
Los altos números del riesgo país a sólo un año de las elecciones presidenciales dejan en evidencia un alto costo político. A partir de la cotización de los bonos se puede comenzar a inferir cuál es la probabilidad implícita de que Cristina Kirchner sea electa en 2019.
Los reiterados desaciertos del equipo económico de Mauricio Macri, paradójicamente vuelven a poner a Cristina Kirchner en el centro de la actividad electoral. No obstante, ambos escenarios no colaborarían en post de la mejora del escenario económico que atraviesa el mercado.


martes, 18 de diciembre de 2018

Macri benefició a 25 empresas cuyo dueño, es el juez Bonadío


17 diciembre

El periodista Horacio Verbitsky reveló el entramado societario del juez Claudio Bonadio. Unas 25 firmas dedicadas al mercado del gas, el sector más beneficiado por las políticas de Cambiemos.
La información, sostiene que hay un total de 25 compañías, de las cuales 21 comparten dirección en el mismo domicilio, mismo abogado y todas nacieron al año siguiente que Bonadio fuera designado juez, en 1994.

El holding Bonadio se dedica al mercado del gas y comparten sede en un departamento de Puerto Madero donde también estuvo radicada una agencia de seguridad vinculada a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
El sector energético está entre los grandes beneficiados por las políticas de Cambiemos. Según un informe del centro CEPA, el gas aumentó el 3008% entre diciembre de 2015 y la actualidad.
Luey Gas y Gas Lanus, Gas Avellaneda, Petrokem, Melinka, Kioshi, Paranay SA, GNC Plus SA, Gas Avellaneda SA Mansue SA son solo algunas de las compañías que forman parte del polémico holding. Bonadio declaró inclusive poseer acciones de Telecom Argentina, la empresa de telecomunicaciones del grupo Clarín. Y dos de ellas están radicadas en Miami.
Aquí juega un rol importante el hermano de Bonadio, director en tres de esas firmas. Los otros miembros de los directorios se repiten en las otras 22, mostrando la relación que hay dentro de las distintas firmas del holding.

Trump lanza un plan para reemplazar estampillas de comida con cajitas


Política

Por Helena Bottemiller Evich, Catherine Boudreau y Sarah Ferris, para Politico


El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, elogió el plan de las “cajas de cosecha” como "un enfoque audaz e innovador" que les daría a los participantes del SNAP el mismo "nivel de valor alimenticio" que el sistema actual, a la vez que ahorra dinero a los contribuyentes.

WASHINGTON, Estados Unidos.- La administración Trump propone ahorrar miles de millones en los próximos años al proporcionar a las familias de bajos ingresos una caja de alimentos no perecederos elegidos por el gobierno todos los meses, en lugar de cupones de alimentos, según recoge un reportaje publicado en la revista norteamericana Politico.
El lunes, el director de la OMB de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, elogió la idea como una que está a la altura de la era moderna, llamándola un “programa de tipo Blue Apron”, un guiño a la empresa de entrega de kits de comidas de alta gama que tuvo uno de los peores estrenos accionarios en la bolsa en 2017 y ha tenido problemas para atrapar clientes.

Mulvaney dijo que el plan de la administración no solo le ahorraría dinero al gobierno, sino que también proporcionaría a las personas alimentos más nutritivos que los que tienen ahora.
La propuesta, insertada en el presupuesto fiscal para 2019 de la Casa Blanca, reemplazaría aproximadamente la mitad del dinero que la mayoría de las familias reciben a través del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos, con lo que el Departamento de Agricultura llama “America´s harvest Box” (“Caja de cosecha de Estados Unidos”). El paquete contendría “100% de alimentos cultivados y producidos en EE. UU.” e incluiría artículos como leche (preservada), mantequilla de maní, frutas y carnes enlatadas y cereales.
Pero el plan America’s Harvest Box, que el Departamento de Agricultura de EE. UU (USDA) sostiene que ahorraría más de US$129 mil millones en 10 años, no es muy comparable con las empresas de entrega de comida de inicio como Blue Apron.Por un lado, la propuesta de la administración Trump no incluye artículos frescos, como productos agrícolas o carne, que son el núcleo de Blue Apron y sus competidores. Dichos productos caducan rápidamente y su envío resulta increíblemente caro.
Cuando se le preguntó sobre cómo funcionaría la entrega, el vocero del USDA, Tim Murtaugh, aclaró que los estados “tendrían flexibilidad” en la forma en que deciden distribuir la comida entre los destinatarios de las cajitas salvadoras. 
En otras palabras, es casi seguro que el gobierno federal no estaría aplicando el método de ningún tipo de sistema de entrega al estilo Amazon. “Los ahorros proyectados no incluyen el envío puerta a puerta para todos los destinatarios”, dijo Murtaugh.El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, elogió el plan de las “cajas de cosecha” como “un enfoque audaz e innovador” que les daría a los participantes del SNAP el mismo “nivel de valor alimenticio” que el sistema actual, a la vez que ahorra dinero a los contribuyentes.
La idea de que el USDA proporcione a millones de personas de bajos ingresos paquetes de alimentos a escala nacional no ha sido presentada por “think tanks” conservadores, promovidos por la industria o solicitados por administraciones anteriores. Murtaugh dijo que el concepto fue desarrollado internamente en el USDA. El lunes, Mulvaney le dio crédito a Perdue durante una sesión informativa en la Casa Blanca.
Quedan numerosas preguntas, por ejemplo, cómo se personalizarán estas cajas para, pongamos por caso, una familia que tiene un hijo alérgico a las nueces, o para aquellos que no comen ciertos tipos de carne por razones religiosas o personales. La propuesta estaba tan fuera de lugar que algunos que combaten contra el hambre, inicialmente, pensaron que era una broma.
Kevin Concannon, que supervisó SNAP durante la administración Obama, se horrorizó cuando vio la propuesta.“¡Santo dios! “, estalló Concannon, quien dijo que le recordaba cuando los pobres tenían que hacer fila y esperar a que los funcionarios locales distribuyeran alimentos y otros beneficios sociales. “No sé de dónde vino esto, pero sospecho que la gente cuando lo estaban dibujando también estaba mirando películas mudas”.
Otros defensores contra el hambre dijeron que el concepto es una reminiscencia de las raciones de guerra o las sopas durante la Gran Depresión. El Centro de Investigación y Acción de Alimentos, un prominente grupo sin fines de lucro, llamó a la idea de las cajas “un sistema diseñado por Rube-Goldberg”, el caricaturista estadounidense que dibujaba máquinas estrafalarias, que resultaría “costoso, ineficiente, denigrante y propenso al fracaso”.
En cuanto al material presupuestarios, el USDA dijo que podría entregar este alimento a “aproximadamente la mitad del costo minorista”, una afirmación que los defensores encontraron difícil de creer.
Los beneficiarios de estampillas para comida recibirían su asignación mensual restante en tarjetas de débito que pueden usar en las tiendas de comestibles, como lo hacen ahora. 
La propuesta se aplica a los hogares que reciben al menos US$ 90 por mes en beneficios, que cubre más del 80 % de los beneficiarios de SNAP, más de 16 millones de hogares.
“Esta propuesta se enfoca en asegurar que todos los beneficiarios de SNAP reciban la comida nutritiva que necesitan con ahorros sustanciales al aprovechar el poder adquisitivo del USDA y la abundancia agrícola de Estados Unidos”, dijo Murtaugh a POLITICO.
Los minoristas de comestibles también se opusieron a la propuesta, incluido el Food Marketing Institute, que representa a los principales minoristas como Walmart, Kroger y Albertsons, donde se gastan decenas de miles de millones de dólares en beneficios de SNAP cada año. La industria argumenta que las cajas de alimentos empacadas por el gobierno simplemente serían ineficientes.
Jennifer Hatcher, directora de política pública del grupo comercial, dijo que los minoristas de comestibles habían trabajado con el USDA y el Congreso durante muchos años para “lograr un sistema nacional, utilizando infraestructura comercial y tecnología existente para lograr la mayor eficiencia, disponibilidad y menor costo”.
“Quizás esta propuesta podría ahorrar dinero en una cuenta, pero en función de nuestras décadas de experiencia en el programa, aumentaría los costos en otras áreas que negarían cualquier ahorro “, dijo Hatcher.
Funcionarios de la administración señalaron que el USDA ya distribuye productos básicos. Actualmente, estos alimentos se envían en gran parte a escuelas, bancos de alimentos y otras organizaciones, que a su vez distribuyen los alimentos a quienes los necesitan.
El Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos, por ejemplo, envía cajas de alimentos a unos 600,000 ancianos de bajos ingresos con la ayuda de bancos de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro. 
El presupuesto fiscal 2019 busca eliminar ese programa y combinarlo con el programa propuesto.
Sin embargo, un plan para los beneficiarios de SNAP sería una empresa exponencialmente más grande, que cubriría más de 16 millones de hogares. Si bien las empresas de alimentación y entrega de comida se están volviendo más comunes, su escala sigue siendo relativamente pequeña y se limita en gran medida a las áreas urbanas. Blue Apron, por ejemplo, tiene alrededor de 1 millón de clientes.
También hay interrogantes sobre cómo el gobierno haría llegar las cajas a los hogares rurales y remotos, y si el recorte de los beneficios de SNAP gastados en las tiendas afectaría las tiendas de pequeñas y medianas empresas en comunidades pequeñas.
“Esta acción no solo desestabilizaría los intentos de traer más alimentos saludables y frescos a los hogares con inseguridad alimentaria de Estados Unidos, sino que mantendría los dólares lejos de las tiendas de comestibles locales y los mercados de agricultores, que son activos críticos para todas las comunidades”, dijo Jordan Rasmussen, asociado de política en el Centro de Asuntos Rurales, un grupo progresista de defensa rural.
Concannon, quien se jubiló del USDA al final de la administración Obama, señaló que en última instancia le correspondería al Congreso decidir si financiaría tal propuesta; algo que dijo que los legisladores en Capitol Hill probablemente no estarían ni remotamente interesados en crear.
“Incluso las personas que lo explican deben saber que las posibilidades de que esto ocurra son las mismas posibilidades de que yo condujera la próxima nave espacial que se lance desde la Florida”, dijo.

lunes, 10 de diciembre de 2018

Gendarmería reprime a estudiantes que tomaban la Universidad de Río Negro


Hay 8 detenidos.

Alrededor de 120 gendarmes se hicieron presentes para llevar adelante el operativo de desalojo de 8 personas y tomando el control del edificio central y de todo el predio, ubicados en Isidro Lobo y Belgrano.
Siete mujeres y un hombre fueron detenidos y quedarán a cargo de la Justicia Federal por la toma de la Universidad pública que llevaba casi tres meses de conflicto.
Agrupaciones sociales y sindicales convocaron por redes sociales a "resistir la represión y desalojo por la fuerza de docentes y estudiantes" y se encuentran en inmediaciones del establecimiento.

Pasadas las 10 de la mañana, gendarmes proveniente de General Acha, comenzó a reprimir con gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes a los manifestantes que se acercaron para apoyar la toma.
Luego de una asamblea interclaustros en la que se decidió no tomar las sedes de la Universidad de Río Negro e iniciar actividades en reclamo de un mayor presupuesto para las universidades públicas, un pequeño grupo de estudiantes y dos docentes, no respetaron el voto de la mayoría y mentenían ocupado desde el 12 de septiembre el vicerrectorado de General Roca.
En una nueva asamblea, por unanimidad acordaron terminar con la toma, pero el reclamo del minúsculo grupo ya estaba lejos del objetivo original y se focalizó en la "criminalización de la protesta" por haber sido denunciados a la Justicia Federal cuando tomaron el edificio.
Las autoridades de la universidad confiaban en que no tendría que intervenir la fuerza pública pero con el paso del tiempo y la no liberación las instalaciones, el juez Federal de General Roca Hugo Grecca ordenó el desalojo.

domingo, 9 de diciembre de 2018

Once años de la causa por torturas a los ex combatientes de Malvinas


“Señora, su hijo murió a mi lado”
El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, citó a indagatoria a 18 militares por las torturas y abusos cometidos a soldados durante el conflicto. Aquí el primer abogado que querelló ofrece su testimonio.
Luego de recibir decenas de testimonios de ex soldados combatientes en las Islas Malvinas durante agosto de 2005 a marzo de 2007, y obtener algunos pocos documentos oficiales, presenté en 2007 en el Juzgado Federal de Rio Grande la denuncia por las torturas a las que fueron sometidas los soldados por parte de sus propio jefes y superiores. Pedí que se investigasen los estaqueos y el hambre extremo de los soldados.

Más tarde surgirían también los enterramientos y las picanas eléctricas realizadas con los antiguos teléfonos de campaña, entre otras prácticas. En cuanto al hambre, los registros médicos militares posteriormente desclasificados hablan de más de 90 soldados desnutridos y no refieren a casos similares de oficiales y suboficiales. Todo eso en el medio de ovejas inglesas pastando, depósitos llenos de alimentos y el fenomenal aporte alimentario del pueblo argentino. La muerte de varios soldados por hambre y un soldado asesinado por un tiro en la cabeza de su superior sin otro motivo más que un rencor personal del homicida, marcaban un contexto imposible de vincular con una fatalidad o error bélico.
Desde esa fecha decenas fueron las victimas que sumaron su caso a la investigación: soldados judíos torturados por su condición de judío, otro por llegar tarde a la formación riéndose y todos los demás por procurar desesperadamente algo para comer.
No terminaron en Malvinas las penurias para los soldados. No bastó el horror bélico. Al regreso encontraron el trato repudiable. Volvieron a sus cuarteles de noche, ocultos como si hubieran cometido una deshonra. Debieron enfrentar a oficiales de Inteligencia que les advertían “que debían guardar silencio sobre lo pasado en Malvinas”, como reza uno de los testimonios, ya que podían ser considerados traidores a la patria o culpables de revelar secretos militares. Y estábamos en 1982, en plena dictadura militar, la misma que meses antes había dicho que “las urnas estaban bien guardadas” y que “no hay plazos, sino objetivos”.
Como las Fuerzas Armadas no dispusieron un operativo para avisar a los familiares del fallecimiento de los soldados, fueron ellos mismos, doloridos por ver a los padres pedir explicaciones y saber de sus hijos, los que asumieron la dura tarea de decir la verdad a sus familiares: “Señora, su hijo murió a mi lado. No está prisionero ni encerrado en un manicomio”.
La desmalvinización concretó una tarea de silenciamiento, por años y fue en el contexto de la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se pudo hablar. Varios de ellos nunca habían contado sus dolores. A las víctimas les fue impuesto como vergüenza el estaqueamientos. Los victimarios respiraban tranquilos. El silencio daba sus frutos y ellos mismos podían tratarse de héroes olvidándose del trato brindado a sus soldados, indigno de código de conducta de un  oficial sanmartiniano que se precie de tal.
“Hablemos bajito, que mi señora está cerca y no sabe nada” o “Quiero contar lo que me pasó, para poder juntar fuerzas y decírselo a mis hijos”. O también, “Hay que ir con la verdad por la vida” fueron algunas de las frases que escuché. Claro, el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente.
Esta investigación y sus relatos solo fueron posibles en un contexto de verdad y justicia. El mismo que permitió a otras víctimas de la dictadura, pero esta vez en los campos clandestinos de detención, en el territorio continental argentino, poder hablar abiertamente de su militancia política o de los vejámenes sexuales, por ejemplo.
Una sociedad que debate sobre las atrocidades de su pasado debía también hacer un lugar para los dolores de los combatientes, porque como decía el gran patriota latinoamericano Augusto Sandino “un soldado que luchó por su Patria, y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado, merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado”. La democracia argentina no siempre escuchó, comprendió y respetó la voz demandante de los ex combatientes.
La denuncia avanzó, aun en el medio de distintos avatares judiciales. Todo parecía que quedaría en la nada después de un fallo judicial adverso de la propia Corte Suprema de Justicia en febrero de 2015. Días después, en el discurso de apertura del año parlamentario la Presidenta Cristina Fernández asumió, luego de criticar duramente el fallo,  el compromiso de acompañar a las víctimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que se concretó con el Decreto de Desclasificación de los archivos militares existentes en el Ministerio de Defensa y las distintas fuerzas relacionados con Malvinas. En septiembre del mismo año el ministro de Defensa Agustín Rossi entregó a los ex combatientes todo el material desclasificado. No solo demostraba la veracidad y justicia del reclamo sino que incluso evidenciaba que los casos de torturas y vejámenes judicializados eran solo una parte de los casos existentes en los propios archivos militares.

Esta denuncia y su devenir judicial provocaron también la desclasificación, en 2012, del Informe o Comisión Rattembach. Ante el escándalo que había provocado su publicación en 1983, la dictadura ordenó su clasificación como “Secreto Militar y Político”. Fueron los insistentes reclamos de la magistrada a cargo de la investigación fueguina,Lilian Herraez y el reclamo de verdad que ya recorría el país, lo que motivo el fin de su secreto. Por meses todos los informes desclasificados pudieron ser consultados en la web del Ministerio de Defensa.
Ese mismo 2015 el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, más conocido como el CECIM, que acompaño el reclamo de verdad y justicia desde el primer día y por esos tiempos ya actuaba como querellante en la causa, denunció a la República Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentación que fue aceptada como “Caso” en el mismo año. Desde 2016 el Estado aceptó el trámite de solución amistosa y en este momento allí se encuentra, aunque para los conocedores del sistema, no creen que avance atento el poco interés del Gobierno Nacional en encontrar un camino que permita profundizar las investigaciones. Increíblemente se da una nueva paradoja, vergonzosa, la de los héroes de un país que tienen que buscar Justicia fuera del suyo, porque el que ofrecieron su vida en campo de batalla, allí no la encuentran.
En mayo de este año la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Publico Fiscal de la Nación presentó una imputación por torturas contra 26 oficiales y suboficiales, que incluía modestos suboficiales y a un alto oficial, el general Omar Parada, uno de los que no fueron alcanzados por la reciente resolución judicial de citación a prestar declaración indagatoria, pese a que el reclamo fiscal, el del CECIM y el de la Comisión Provincial por la Memoria, que también querella en la causa, fue la de que se ordene la detención de los imputados atento la magnitud de los crímenes acusados y el quantum de la pena previsto para quienes aplicaban torturas en el ordenamiento legal vigente por aquellos años.
Con la reciente citación a prestar declaración indagatoria se dio un paso trascendente en busca de la verdad y la justicia. Era esperado. Las victimas lo exigían y a veces citaban a San Martín: «La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene” .

* Ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes.

sábado, 8 de diciembre de 2018

"Cierran sus puertas 25 empresas cada día”


06 de diciembre de 2018

Protesta de PYMES en el Congreso

Dueños de pequeñas y medianas empresas reclamaron mejores tasas de financiamiento, baja de impuestos y “una administración inteligente del comercio exterior”. Afirmaron que el Gobierno les prometió "una sala de primeros auxilios para pymes" en el Ministerio de Producción, pero lo que hay es "una sala de velatorios”.
Imagen: Bernardino Ávila
Hasta los empresarios salen a la calle para manifestarse por la crisis desatada por el gobierno macrista. Cientos de dueños y representantes de pymes se concentraron frente al Congreso para exigir “medidas urgentes” que detengan la sangría que hace que alrededor de 25 pymes de todo el país bajen sus persianas cada día. “Se nos dijo que en el Ministerio de Producción se iba a poner una sala de primeros auxilios para las pymes, pero han puesto una sala de velatorios”, figuró el Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).
Antes de la devaluación y del inicio de la recesión “la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas”; sin embargo “hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día”, puntualizaron a través de un comunicado conjunto ocho entidades que agrupan a pymes de todo el país y más de 20 cámaras del sector.
El dato es producto de un relevamiento realizado por federaciones con presencia en distintas provincias, en contraposición con “las estadísticas oficiales, que no terminan de reflejar la magnitud del desastre que nos ocurre”, sostuvo Fernández durante una entrevista con La Mañana, por AM 750.
Por esto, los empresarios que esta mañana se concentraron frente al Congreso y se movilizaron luego hasta el anexo de la Cámara de Diputados presentaron a los legisladores una serie de propuestas para salir de la crisis. “Solicitamos medidas que el Parlamento puede tomar y construir las mayorías necesarias” para sacar al sector de la crisis. Mejores tasas de financiamiento, eliminación de impuestos y “una administración inteligente del comercio exterior” son algunas de esas iniciativas.

“Pedimos algo más que declaraciones y diagnósticos”, porque los tiempos a futuro de la supuesta recuperación económica que estima el gobierno nacional “no se condicen los tiempos reales para pagar sueldos, cubrir impuestos y pagar alquileres”, añadió Fernández.
El empresario estimó que son alrededor de 900 mil las industrias, comercios, prestatarios de servicios, productores agropecuarios y regionales que componen el entramado pyme. Todas están sacudidas por las medidas del gobierno de Mauricio Macri.
“Se nos dijo que en el Ministerio de la Producción se iba a poner una sala de primeros auxilios para medidas urgentes las pymes, pero llegó el nuevo ministro y lo que han puesto es una sala de velatorios”, criticó Fernández y para demostrarlo enumeró: “Aumentó la cantidad de cierres de pymes, las medidas que se toman no son conducentes y siguen estas tasas de interés que son las más altas del mundo”.
Además, “la AFIP ha hecho un festival de embargos y planes de pago que son incumplibles y que terminan en cierres de cuentas corrientes y la imposibilidad de acceder a licitaciones oficiales”, cuestionó.
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Cerró una planta de Telgopor en Junin: 37 empleados quedarán en la calle


En la ciudad bonaerense ya había cerrado la fábrica de Fideos Don Antonio y hubo despidos en la industria Plástica Martínez.
Pueblada en Junín por el femicidio de una nena de 11 años

La empresa Induspol Aislaciones SRL, dedicada a la producción de poliestireno expandido para la construcción, cerró sus puertas y despidió a sus 37 empleados por la crisis económica. Los trabajadores afectados se encontraban reunidos este jueves frente a las instalaciones de la planta de Junín ubicada en calle colectora de la Ruta Nacional 7 y Uruguay, unos 267 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La planta fue cerrada por los propietarios el 30 de noviembre pasado pero los trabajadores mantenían las esperanzas de negociar la continuidad, aunque este jueves ya ni siquiera pudieron ingresar a ocupar sus puestos.

Rubén Moyano, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos de Chivilcoy, dijo al diario La Verdad que "el cierre es definitivo" e indicó que los trabajadores se enteraron cuando llegaron a la planta y "encontraron una nota pegada en la puerta con la firma de los dos socios, Antonio Regés y Carlos Ravazzano".
Induspol Aislaciones SA era desde hace tres décadas una de las cuatro únicas empresas productoras y transformadoras de materia prima para la elaboración de poliestireno expandido en toda la Argentina.
La planta de Junín se dedicaba precisamente a la producción, procesamiento y transformación de de un producto conocido en el mercado genéricamente con el nombre de "telgopor", que es utilizado mayoritariamente por la industria de la construcción.
Los dueños de la compañía argumentan que no pueden seguir operando debido a la fuerte suba de las tarifas y al desplome de la demanda de telgopor, en medio de la crisis económica y de la retracción de la construcción, que solo en octubre cayó 6,4% anual.






Luxemburgo, primer país en el mundo que no cobrará el transporte público


¿Cuánto gastas al día en transporte público? Los ciudadanos de Luxemburgo están a punto de dejar de preocuparse por ello, pues un nuevo gobierno de coalición asumirá el poder con la promesa de abolir los boletos en trenes, tranvías y autobuses el próximo verano.
Actualmente, las tarifas de viaje están limitadas a un máximo de dos euros (unos 46 pesos mexicanos) por dos horas de viaje, tiempo que en Luxemburgo rinde para casi cualquier recorrido. Los boletos para hacer un viaje en tren en primera clase ascienden a tres euros (70 pesos).

De acuerdo con The Independent, el costo de operación del transporte público en Luxemburgo asciende a cerca de mil millones de dólares, aunque gracias a las ofertas concesionarias, las tarifas ascienden a sólo 30 millones de euros anuales.
El gobierno entrante confía en que la medida contribuya a disminuir el uso de coches particulares, lo que también reduciría los congestionamientos viales. Para combatir este problema, actualmente Luxemburgo permite el viaje gratis a los jóvenes y algunos ciudadanos pueden postularse para obtener el pase anual con un costo de 150 euros.
Algunos centros urbanos de todo el mundo ofrecen transporte gratuito para reducir la congestión vehicular; en algunos condados de Estados Unidos el sistema de autobuses es gratuito. Sin embargo, ninguna otra nación ha eliminado las tarifas de toda su red de transporte.
La coalición integrada por el Partido Demócrata, de centro; el Partido Socialista de los Trabajadores, de izquierda; y los Verdes, está liderada por el primer ministro Xavier Bettel. El nuevo gobierno también tiene como objetivo legalizar el cannabis.

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Arresto o humillación de menores, la imagen de la polémica en Francia

 Por Euronews  • última actualización: 07/12/2018

Decenas de menores arrodillados ante la policía, con las manos en la nuca o incluso esposados de cara a un muro. Esto ha ocurrido en Francia, en la localidad de Mantes-la-Jolie, donde 146 jóvenes fueron detenidos en el marco de las protestas estudiantiles contra la reforma del acceso a la universidad.

Esta imagen se suma a otras muchas que están inflamando las redes sociales y el discurso contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La policía argumenta que entre los manifestantes había gente armada y que tuvieron que actuar con contundencia para controlar la situación.
Sin embargo, muchas voces consideran abusivo y humillante el trato dado a estos chicos, la mayoría menores de entre entre 14 y 18 años.
Los estudiantes franceses se echaron a la calle esta semana al calor de la crisis de los chalecos amarillos. El jueves, día de movilización general, los bloqueos afectaron a 300 liceos, 700 jóvenes fueron detenidos.
El ejecutivo denuncia la 'violencia extrema' de los estudiantes y teme que sus protestas converjan con las otras que agitan el país.
El portavoz de la Policía Nacional Jérôme Bonet dijo en el canal de televisión francés LCI que estos arrestos, a pesar de las impactantes imágenes, son normales. "Las imágenes que vemos muestran la gestión de más de 150 personas detenidas y no tenemos 150 pares de esposas para detenerlas inmediatamente", dijo, además de explicar que ponerlos de rodillas y con las manos sobre la cabeza permite controlarlos hasta que "se distribuyan entre las distintas comisarías".
Todo esto mientra Francia se prepara para un nuevo sábado de movilización amarilla, con cerca de 90.000 policías movilizados en todo el país, 8000 de ellos en París, por miedo a que se reproduzcan las escenas de guerra urbana de la semana pasada.

jueves, 6 de diciembre de 2018

Nación evalúa dar de baja jubilaciones de amas de casa


Durante su participación en un programa televisivo, el ministro de Economía Nicolás Dujovne confirmó que el gobierno de Mauricio Macri evalúa eliminar las jubilaciones de “amas de casa”.
El funcionario criticó al kirchnerismo por haber “jubilado a más de tres millones de personas que en muchos casos aportaron algo que se licuó”, y dijo que “mucha gente” pide eliminar esos beneficios.
Las definiciones del funcionario se dan en el marco de un ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que supone un recorte de aproximadamente 15 mil millones de pesos en jubilaciones y otros 9 mil millones de Asignación Universal por Hijo (AUH).
El titular de Hacienda y Finanzas cuestionó las políticas previsionales del anterior gobierno, que permitió que más de tres millones de personas obtuvieran su jubilación: “Hoy tenemos tres millones y medio de jubilados que aportaron muy poquito”.
En una entrevista puesta al aire por el Canal América, agregó: “Mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”.
Dujovne, en medio de confusas explicaciones en torno del ajuste que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, sentenció: “Durante el kirchnerismo, de dos millones de jubilados pasamos a cinco millones de jubilados. Es decir que tres millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportaron algo que se licuó”.



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CEREMONIA TRASLADO DE RESTOS MORTALES de MALVINAS a RÍO CUARTO - CORDOBA del Capitán FAA Luis Darío José CASTAGNARI


Ramón A.Bohle
Antes de la nota quisiera expresar ,mi tristeza ,mi dolor, mi impotencia ;saber  que tantos soldados hayan dado la vida por defender nuestras Islas Malvinas ;y que hoy se escuche que funcionarios de este actual gobierno digan incoherencia sobre ,si tenemos derechos sobre las islas o no ,otros que no tenemos derechos sobre las mismas como lo dice el diputado mandato cumplido Fernando Iglesias “las Malvinas no son Argentinas y la Patagonia tampoco”, eso es lo que me da impotencia y bronca.


El jueves 6 del corriente mes, a las 11:00 horas, se llevará a cabo en el Cementerio Parque Perpetual de Río Cuarto, provincia de Córdoba, la Ceremonia de Recepción y Rendición de Honores a los restos del Capitán (Post Mortem) Luis Darío José Castagnari, fallecido en combate durante el Conflicto del Atlántico Sur en el año 1982.
Del emotivo homenaje participará el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General “VGM” Enrique Víctor Amrein junto a familiares del Capitán Castagnari y personal militar y civil de la Institución. Asimismo, y luego de los discursos alusivos a la ceremonia, se procederá a brindar los merecidos Honores Militares para este condecorado héroe de nuestra Nación.
El operativo de traslado dará comienzo en la Islas Malvinas, el miércoles 5 en horas de la mañana, finalizada la ceremonia prevista por las autoridades británicas. La aeronave realizará una escala en la ciudad de Comodoro Rivadavia, previéndose el arribo al Área material Río Cuarto de la provincia de Córdoba en horas de la tarde.
Con el avión que traslada los restos del Capitán Castagnari posicionado en la plataforma del Aérea Material Río IV, se procederá al descenso de los mismos, a través de un Cordón de Honor integrado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Fuerza Aérea Argentina, como paso previo a la ceremonia que se realizará el jueves 6.
Cabe destacar, que el Capitán Castagnari participó del Operativo de Recuperación de las Islas Malvinas como parte del Grupo de Operaciones Especiales, desempeñándose como Jefe de Patrulla, abocado a tareas de seguridad de la Base en el Puesto Comando. Es allí, que durante el cañoneo de fuerzas británicas sobre Puerto Argentino, se activó la alarma roja para tomar posiciones de refugio. Durante aquellas duras circunstancias, un misil impacta en la ladera donde se encontraba el entonces Primer Teniente Castagnari produciéndole el deceso en forma inmediata.


FUNDACIÓN MARAMBIO
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martes, 4 de diciembre de 2018

"La represión es política de Estado"


Dura advertencia de la Correpi

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional denunció que el nuevo reglamento de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, aprobado por el Poder Ejecutivo, servirá para "justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares". Exhortó a repudiar este "nuevo avance represivo del gobierno de Cambiemos".


"Creí que podía estar armado", "Tenía la obligación de evitar la fuga", "Hizo un movimiento sospechoso", "Pensé que iba a cometer un ilícito", "Vi un arma, no sabía que era de juguete". La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) advirtió que se podrían "enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que policías usaron esas y otras excusas parecidas sin que lograran evitar duras condenas", pero la puesta en vigencia del nuevo reglamento de uso de arma de fuego redactado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "no sólo multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial", advirtió la organización y agregó que esos argumentos oficiales podrán trasladarse a la represión a manifestaciones populares.   
A través de un comunicado, la Correpi denunció que el reglamento publicado en el Boletín Oficial transforma el gatillo fácil en ley y, "con verdadera hipocresía", aunque reconoce al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU como su marco legal, lo deroga "de facto" en el articulado, como así también los principios básicos acordados por Naciones Unidas y los manuales de capacitación de la Policía Federal. "La norma publicada habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa", advierte la organización. 
Tal como lo demostraron Bullrich y el propio presidente Mauricio Macri, quienes celebraron fallos judiciales en casos de gatillo fácil, la Correpi señala que la reglamentación puesta en vigencia busca "justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada"  y "conmover" a jueces y fiscales para facilitar sus sobreseimientos y absoluciones. Como ocurrió con el reciente caso de la bonaerense Carla Céspedes. 
La organización antirepresiva subraya que, además de ser una herramienta legal para justificar casos de gatillo fácil, el reglamento servirá para "justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares". "Bastará que algún policía diga 'me pareció ver alguien armado' o 'vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma' en la multitud para disponer de tiro limpio contra todos", alertó la Correpi, que sentenció: "Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado, y que la impunidad es un atributo del poder".
Frente a esta situación, la organización alentó a tomar el único "camino para enfrentar esta orden explícita a las fuerzas para descargar más plomo sobre el pueblo pobre" y recordó las masivas movilizaciones que frenaron la aplicación del 2x1 para los genocidas y la activa participación social que limitó la aplicación del protocolo antipiquetes. "Convocamos al conjunto del campo popular a repudiar activamente este extraordinario y nuevo avance represivo del gobierno de Cambiemos, que impone de hecho la pena de muerte a punta de arma reglamentaria", convocaron.