El equipo de Antropología Forense comenzó a trabajar a raíz
de la denuncia de un ex empleado del cementerio, quien señaló que el Ejército
usaba ese lugar para ocultar cuerpos. Ya son 12 los que se rescataron.
Con la presencia del Equipo de Antropología Forense (EAAF) a
cargo de la Licenciada Silvana Turner y bajo la supervisión de los secretarios
Lee y Barquet del Juzgado Federal N1 de Salta, comenzó en la mañana del
miércoles la apertura de una fosa común utilizada por el Ejército entre fines
del '76 y principios del '77. En dicha fosa, según el testimonio de un
enterrador, ex empleado del cementerio, Nicanor Guaymás, los miembros de esa
Fuerza Armada arrojaban cuerpos de detenidos asesinados durante las madrugadas
y lo obligaban a quedarse hasta altas horas de la noche a tapar la fosa
con una pala al tiempo que era amenazado
con ametralladoras y con perros.
A pesar de que el lugar había sido denunciado y señalado
varias veces en distintos juicios de Lesa Humanidad, (1984 por Lucrecia
Barquet, 2007 Alejandro Ahuerma y Agustín Poma, 2013 Megacausa de la UNSa)
hasta ayer no se habían realizado exhumaciones, salvo en enero de 1984 cuando
se extrajeron 13 cuerpos NN, varios de ellos con tiros en la cabeza. En ese
entonces, el gobernador Roberto Romero había dado la orden de no investigar por
lo que el expediente fue enviado a Tucumán y luego se extravió.
La decisión de abrir una nueva causa para investigar esa
fosa común surge a partir de testimonios y del reconocimiento realizado en 2013
cuando se llevaba adelante el juicio de Lesa Humanidad denominado Megacausa de
la UNSa. Entonces los testigos José Manuel Costelo, Nicanor Guaymás y Alejandro
Jesús Ahuerma identificaron en el cementerio el sitio donde se cavaron fosas
para enterrar cadáveres. La nueva causa a cargo del Juzgado Federal Nro 1 a
cargo del Juez subrogante Julio Leonardo Bavio se denomina "Causa Costelo".
La primera jornada de inspección realizada por el EAAF
consistió en la ubicación y delimitación de la fosa puesto que, en cercanías de
la misma, se realizaron algunas excavaciones propias del cementerio y otra
ligada a una causa judicial, lo que impidió comenzar la tarea antes.
El miércoles, en horas de la
mañana, después de delimitar la zona donde estaría la fosa común, se
comenzó a trabajar en una franja con una excavadora municipal, y así surgieron
las primeras prendas y huesos. A medida que se profundizó la búsqueda fueron
apareciendo otros cuerpos. Hasta el mediodía se lograron ubicar al menos 12 que
quedaron señalizados para continuar la exhumación más minuciosa.
En enero de 2008, el EAAF a cargo de Darío Olmos, exhumó 16
nichos NN donde se encontraron 18 cuerpos y sobre los que no se realizaron
pruebas de ADN debido a que se determinó que no correspondían a desaparecidos,
debido a la ausencia de evidencias que determinaran una muerte violenta. «
HOY
Se espera una nueva declaración de Nicanor Guaymás como
testigo para que vuelva a señalar exactamente el lugar de la fosa común y una
última jornada de trabajo del EAAF, con más excavaciones para luego determinar
cómo seguir.
Preventiva para seis
militares
La Justicia Federal de La Plata procesó y dictó prisión
preventiva para seis militares acusados por crímenes de lesa humanidad durante
la dictadura cívico-militar, que habían sido liberados con falta de mérito con
argumentos de la nula Ley de Obediencia Debida, por el juez civil y comercial federal
Alberto Recondo, que el año pasado subrogó un juzgado penal federal y que en
junio dejó sin efecto la designación del juez con competencia electoral en la
provincia. Los imputados son ex militares del Batallón de Comunicaciones de
Comando 601 de City Bell (La Plata), y están señalados como los autores del
asesinato de una pareja y el secuestro de tres niños durante un operativo
realizado en el partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, en
1977.
El fallo de la Sala II del tribunal de alzada revirtió la
resolución de Recondo y el juez Ernesto Kreplak, actual titular del Juzgado
penal N° 3 (cuyo pliego para hacerse cargo de esa función fue aprobado por el
Senado un mes atrás), concretó las detenciones del segundo jefe del batallón,
Carlos Alberto Bazán, y de la mayor parte de la plana mayor de esa unidad que
comandaba en 1977. El jefe militar, Néstor Falcón, era el único detenido.
Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 1977 en una
vivienda de Berazategui donde fueron asesinados María Nicasia Rodríguez y
Alejandrino Jaimez, y secuestraron una nena de 12 años.
Señalan la
complicidad de sindicatos
En el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en
La Plata a ex jefes de la Armada Argentina y la Prefectura Naval, cuatro
testigos señalaron al sindicalismo como uno de los cómplices con la dictadura
cívico militar. Los sobrevivientes, ex trabajadores y gremialistas del
Astillero Río Santiago de Ensenada, recordaron sus secuestros en los centros
clandestinos que funcionaron en el Batallón de Infantería de Marina (BIM) N° 3,
la Escuela Naval y la Prefectura Naval, y apuntaron a las autoridades del ATE
local de la época.
El primero en declarar fue Mario Alberto Peláez, un ex
delegado gremial del Astilleros y militante peronista, secuestrado el 16 de
enero de 1976 en su casa de Berisso. Fue llevado al BIM3, donde fue torturado
con picana y liberado cuatro días más tarde. El testigo aseguró que todo se
debió a su activismo sindical y apuntó contra el secretario general del gremio
local, Juan Carlos Marín, a quien acusó de señalarlo ante la policía.
En la misma audiencia, Pedro Nieslki recordó que fue
secuestrado por su activismo gremial y que permaneció preso hasta 1980.
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