Lesa
Humanidad
Se trata de
ex integrantes de la plana mayor del Ejército y otras fuerzas de seguridad,
acusados por su responsabilidad en 102 casos de privaciones ilegítimas de la
libertad, tormentos y homicidio. Entre los procesados, se encuentra el ex
gobernador de facto Cirys Dalmys Marcelo Feü.
La justicia
federal de Corrientes procesó con prisión preventiva a 12 ex integrantes de las
fuerzas de seguridad por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, en
el marco del plan represivo desplegado en la provincia durante la última
dictadura cívico-militar. El juez a cargo del Juzgado Federal N°1 de
Corrientes, Carlos Soto Dávila, sostuvo que en los 102 casos bajo investigación
las víctimas no sólo fueron privadas ilegalmente de sus libertades personales,
sino que también fueron objeto de vejaciones y apremios ilegales al ser
mantenidas en detención clandestinamente para extraerles declaraciones bajo
esas condiciones.
El extenso
caudal probatorio reunido por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
Federal –en el que se destacan una gran cantidad de testimonios de
sobrevivientes- permitió reconstruir cómo se desarrolló la planificación,
organización y funcionamiento del aparato represivo puesto en marcha en
Corrientes, abarcando así a todos los centros clandestinos de detención que
funcionaron en la Provincia.
Los
testimonios recolectados permitieron asimismo reconstruir el destino de algunas
de las víctimas, como es el caso de Dora Beatriz Noriega, detenida entre los
meses de octubre y noviembre de 1976, alojada y torturada en el centro de
detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 “Coronel Pagola”.
Aproximadamente, el 12 de diciembre de ese año fue trasladada y asesinada en el
operativo conjunto del Ejército Argentino y la policía de Chaco conocido como
“Masacre de Margarita Belén”, en el que fueron fusilados un grupo de militantes
políticos a unos 30 kilómetros de Resistencia. Posteriormente, el hecho fue
simulado por las fuerzas de seguridad como si hubiera tenido lugar en medio de
un intento de fuga de las víctimas.
Así, para la
justicia se encuentra acreditado que la organización delictiva “contaba con
medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la
fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, asesinar a sus
ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes muebles a discreción,
secuestrar y, eventualmente, disponer de los menores de edad que pudieran
quedar con vida”.
Dentro de la
estructura montada en todo el país por las Fuerzas Armadas a los fines de la
“lucha antisubversiva”, el accionar de los acusados se centró en la “Subzona
23”, con jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los
departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas,
Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes. Toda el
área quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII, con asiento
en la ciudad de Corrientes.
Entre los
procesados con prisión preventiva se encuentran: Aldo Sergio Solís Neffa; José
Emilio Mechulan; Roberto Romeo Bin; Cirys Dalmys Marcelo Feü; Eduardo Antonio
Cardoso; Abelardo Carlos de la Vega; Raúl Horacio Harsich y Alfredo Carlos
Farmache -quienes prestaban funciones en el Regimiento de Infantería 9- Pedro
Armando Alarcón y Abelardo Palma –pertenecientes a la Gendarmería Nacional- y
José Oscar Guastavino y Jorge Levatti, ambos de la Policía de la Provincia de
Corrientes.El
magistrado consideró a todos ellos autores mediatos de los delitos de
asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de
severidades y tormentos. La mayoría de ellos también fue considerada
responsable por el homicidio de Modesto Pucheta, detenido el 19 de noviembre de
1976 junto a su familia, y torturado durante su cautiverio en la Jefatura de
Policía de Corrientes. Además de las detenciones, la justicia federal impuso un
embargo de $100.000 para cada uno de los represores, entre los que sobresale el
caso de Cyris Dalmis Marcelo Feu, ex gobernador de facto de la provincia.
En su
resolución, el magistrado no descartó sumar a nuevos imputados “que también
debieron haber participado en los hechos o que tengan responsabilidad mediata
por sus funciones y que por el momento no se los ha llamado a proceso, o han
fallecido”.
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