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jueves, 18 de agosto de 2016

Duro revés para el Gobierno: la Corte anuló el tarifazo del gas para los hogares

Los jueces ordenaron realizar audiencias públicas. Además, retrotrajeron el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes antes del aumento dispuesto por las resoluciones del Ministerio de Energía.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema le dio un durísimo golpe al Gobierno nacional al fallar contra el tarifazo de gas, una medida que el presidente Macri y su ministro Aranguren consideraban vital en su política económica. Los cuatro ministros resolvieron por unanimidad ratificar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado nulas las resoluciones 28 y 31/2016 del Ministerio de Energía.
Así, el máximo tribunal exige al Ejecutivo la realización de audiencias públicas previas para hacer efectivo el tarifazo para el sector residencial y, hasta tanto, retrotrae el valor de la tarifa al momento previo al aumento, es decir, al 31 de marzo.
A favor del Gobierno, la Corte reafirmó su potestad de fijar las tarifas, en sintonía con el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Los jueces también resolvieron que el incremento al valor del gas deberá ser gradual. De acuerdo al extenso fallo, de 112 páginas, los magistrados determinaron que "las decisiones y objetivos de política económica implementadas implican un importante cambio de financiamiento del sistema energético nacional, sumados a la situación de deterioro que sufre su abastecimiento -conforme a lo informado por la demandada- y a la variación de los precios de la economía, con una inercia de más de una década en el sentido descripto, imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad".
Es decir- añadieron- "una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos".
El Gobierno había aumentado la presión en los días previos al fallo, amenazando con una hecatombe económica si no se avalaba la decisión de Aranguren. Mayor endeudamiento y parálisis de la obra pública fueron algunas de las profecías que formularon. Este fallo representa un fortísimo revés para su política económica.


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