El senador nacional del FpV
Marcelo Fuentes brindó detalles de la denuncia presentada ante la justicia.
bonadio-claudio-policias Según el
legislador neuquino, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que
el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la
firma “Mansue S.A.”, dedicada a la venta de combustible.
“Sugestivamente, el accionista
mayoritario es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadío, quien posee el
40 por ciento de la empresa, junto a Fernando y Alejandro Climent que completan
el paquete accionario con un 20 por ciento cada uno”, detalló.
Según se especifica en la
denuncia, Bonadío no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que
el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer
el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia,
en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal.
En la presentación se destaca que
de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es
accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia
los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
Fuentes consideró que “al
desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta
posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del
magistrado”.
A esto se suma además que
Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de
sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra
empresa denominada “Gas Lanús S.A.”, que al igual que “Mansue S.A.” se
dedicaría a la venta de combustible.
En este contexto, el diputado
nacional solicitó que se lleve adelante una profunda investigación en relación
a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber
existido un incremento no justificado en su situación económica.
Por último, en la denuncia se
solicita, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de
Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de
dinero.
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