Amy Goodman y Denis Moynihan
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, se elogió a sí mismo en sus comentarios sobre la respuesta
federal al desastre que ha abrumado a Puerto Rico tras el paso del huracán
María. Cuando un periodista le preguntó en una conferencia de prensa en la
Oficina Oval, el 19 de octubre, “Señor presidente, del uno al 10, ¿cómo
calificaría la respuesta de la Casa Blanca hasta ahora?”, Turmp opinó: “Me
pondría un 10. Creo que hemos hecho un gran trabajo”. Trump hizo estos
comentarios mientras el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, estaba
sentado a su lado, en silencio. Esto sucedió solo dos semanas después de la
visita de Trump a la isla, donde arrojó rollos de papel higiénico a los
sobrevivientes del huracán. Ante estos hechos, la alcaldesa de San Juan, Carmen
Yulín Cruz, en una entrevista para Democracy Now!, respondió: “Si es un 10 de
un total de 100, estoy de acuerdo, porque sigue siendo una baja calificación”.
La alcaldesa no es la única que
considera que Trump no ha mostrado una respuesta eficaz. En un informe
condenatorio emitido el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leilani Farha, relatora especial de
las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, compara las
medidas de ayuda posteriores a los huracanes que devastaron Texas y Florida con
las tomadas en Puerto Rico: “No podemos dejar de notar las diferencias en la
urgencia y prioridad otorgadas a la respuesta de emergencia en Puerto Rico en
comparación con los estados del país afectados por los huracanes en los últimos
meses”, afirmó.
Democracy Now! viajó a Puerto
Rico el fin de semana pasado para observar de cerca la devastación. A casi dos
meses del paso del huracán María, la isla sigue a oscuras. Según estimaciones
oficiales, casi dos tercios de la isla carecen de electricidad. Mientras tanto,
los tres millones y medio de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se ven
en dificultades para obtener los elementos básicos para vivir, a medida que
miles de personas abandonan la isla y se dirigen al territorio continental de
Estados Unidos, tal vez para nunca regresar.
Sin embargo, hay personas que
están desembarcando en la isla: los capitalistas del desastre. Como lo expresó
elocuentemente la periodista Naomi Klein en su libro “La doctrina del shock. El
auge del capitalismo del desastre”, los desastres, tanto naturales como
provocados por la humanidad, son explotados cada vez más por corporaciones con
fines de lucro y supuestos ideólogos del libre mercado para impulsar reformas
en importantes áreas de las sociedades impactadas. Ejemplos de ello son el
debilitamiento de los sistemas de bienestar social, la privatización de los
servicios públicos, el acorralamiento de los sindicatos y las ganancias
obscenas obtenidas con las obras de reconstrucción. Después del huracán, Puerto
Rico se perfila como un caso testigo de la doctrina del shock.
La alcaldesa Carmen Yulín Cruz
nos dijo en el Coliseo Roberto Clemente, el estadio deportivo ubicado en San
Juan, donde ella y su equipo han estado viviendo desde el huracán: “Desearía no
haberme enterado nunca de ese término. Usar el caos para despojar a los
trabajadores de sus derechos de negociación, derechos que los sindicatos
tardaron 40, 50 años en conquistar… solo constituye tomar ventaja de las
personas cuando se encuentran en una situación de vida o muerte. Es un abuso
absoluto de los derechos humanos. Significa que los más fuertes realmente se
alimentan de los más débiles, hasta que lo único lo que queda son los restos”.
Un buen ejemplo de esto es el
contrato de 300 millones de dólares otorgado sin licitación a la empresa
Whitefish Energy para reconstruir la red eléctrica de la isla. La Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es la mayor compañía eléctrica pública en
Estados Unidos y suministra electricidad a toda la isla de Puerto Rico. El
huracán María destruyó por completo la red eléctrica. Antes de la llegada del
huracán, Whitefish, que lleva el nombre de la ciudad de Montana donde tiene sus
oficinas centrales, solo tenía dos empleados y nunca había manejado un contrato
por más de 1,4 millones de dólares. Casualmente, de esta ciudad es originario
el secretario de Interior de Trump, Ryan Zinke. El hijo de Zinke ha trabajado
para Whitefish Energy en el pasado. Estábamos en el Coliseo hablando con la
alcaldesa cuando el vicealcalde de San Juan, Rafael Jaume, entró con una copia
del contrato de Whitefish en la mano y se puso a leer un fragmento:
“‘En ningún caso la AEE, el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el administrador de la [Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias o] FEMA, el Contralor General de Estados Unidos
ni cualquier otro representante autorizado tienen derecho a auditar o revisar
los elementos de costo y beneficio de las tarifas laborales aquí
especificadas’”. Jaume nos extendió el documento y, con indignación, nos dijo:
“Pueden leer ustedes mismos. Es blanco o negro”. Tanto la alcaldesa Cruz como
el vicealcalde Jaume consideraron que el contrato era ilegal y exigieron su
cancelación inmediata.
A este pedido se sumó Ángel
Figueroa Jaramillo, presidente de UTIER, el sindicato de la industria eléctrica
de Puerto Rico. Lo visitamos en sus oficinas de San Juan, que sigue sin
electricidad. Mientras hablábamos, llegó la noticia de que el gobernador
Rosselló había solicitado la cancelación del contrato. Jaramillo no solo exigía
esto sino también el despido del jefe de la AEE, que firmó y avaló el contrato,
y una investigación penal completa de todos los responsables involucrados. Al
igual que la alcaldesa Cruz, Jaramillo está trabajando para incorporar la
energía solar a la red eléctrica reconstruida, sin privatizarla en el proceso.
En el ínterin, la empresa Fluor
Corp., que integra la lista de las 500 mayores empresas estadounidenses según
la Revista Fortune, también recibió un contrato de 200 millones de dólares para
trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica. Con la retirada de Whitefish
a Montana, hay dos cosas de las que podemos estar seguros: que más capitalistas
del desastre harán fila para tomar su lugar, y que el orgulloso y resistente
pueblo de Puerto Rico, cada vez más intolerante a los retrasos y la corrupción,
estará cada vez más atento, mientras gana impulso el movimiento para
desarrollar alternativas renovables para la red eléctrica alimentada por
combustibles fósiles que les ha fallado.
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva
Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los
que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en
Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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