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domingo, 5 de marzo de 2017

Narcotráfico: Soto Dávila fue separado de varias causas por posibles irregularidades

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió separar al juez Carlos Soto Dávila de otra causa por narcotráfico en las que dictaminó la excarcelación de tres sospechosos por tráfico agravado de estupefacientes. La semana pasada, los mismos camaristas lo habían separado de expedientes en los que liberó en dos oportunidades a Hernán Aquino, hermano del vice intendente de Itatí.
El resolutorio es en relación a una investigación iniciadas en 2015 por "transporte de estupefacientes agravado por la participación coordinada de tres o más personas", causa que derivó en el secuestro de casi 400 kilogramos de marihuana y la detención de ocho sospechosos.
Los sospechosos estuvieron apresados entre 34 días y 10 meses, tiempo en el que se fijó sus procesamientos, pero pese a esto todos ellos fueron excarcelados y esto derivó en una queja del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones. La determinación del Tribunal de Alzada fue que los imputados sean detenidos a la brevedad, fallo que no fue acatado.
Pero mientras seguían las averiguaciones, el titular del Juzgado Federal Nº 1 otorgó la excarcelación a los implicados. Para el juez de primera instancia existían elementos válidos para que continúen en libertad, postura que volvió a ser cuestionada por los fiscales federales. Es por esto que la Fiscalía General volvió a cuestionar la decisión de Soto Dávila bajo el fundamento de que "no ha materializado una acabada evaluación del conjunto de los presupuestos legales establecidos en el Código, sino sólo algunos de ellos para conceder la excarcelación".
Según sostuvo el representante del Ministerio Público, Carlos Schaefer, el magistrado pasó por alto la posibilidad de que los imputados podrían entorpecer la investigación estando en libertad, ante "la posible existencia de una organización delictiva con un amplio ámbito geográfico de operación" y que sólo habría valorado que los sospechosos poseen arraigo domiciliario y familiar, "lo que resultaría indicadores positivos al momento de considerar su riesgo de fuga".

Lo que alegó la Fiscalía es que "si bien tales circunstancias pueden resultar favorables, dicha evaluación (para las liberaciones) debe contrabalancearse ponderando la especial gravedad de la imputación atribuida a los encausados, la naturaleza y la modalidad comisiva del ilícito consistente en el transporte de 261 kilogramos de marihuana".Remarcaron en el escrito que "conforme al encuadre legal y a la pena prevista en abstracto (más de 8 años de prisión) la excarcelación sería improcedente". Ante esto, en fallo emitido ayer, las juezas Mirta Sotelo, Selva Spessot y Victoria Order decidieron hacer lugar a la apelación del fiscal general y declarar la nulidad de las resoluciones de excarcelación, como también "apartar al magistrado interviniente y remitir a sus efectos al subrogante legal". Es por ello que ahora deberá llevar adelante las actuaciones de la causa el juez Juan Carlos Vallejos, quien tendrá que ordenar además la detención de los imputados.

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