“Que los concesionarios sepan que
no hay ninguna indemnización, no tenemos porqué indemnizar a esos
concesionarios, esto es del pueblo boliviano y se queda para el pueblo
boliviano”, dijo el presidente Evo Morales, tras firmar la ley de Reinversión
de Derechos Mineros que expropia 1717 minas en todo el país.
Se trata básicamente de
concesiones a mineras privadas consideradas “improductivas”, pero no porque
estén abandonadas, sino porque no realizan inversión. La “nacionalización”
alcanza a más de un millón de hectáreas de tierra.
“Hemos promulgado esta Ley del
Congreso para recuperar esas concesiones mineras, donde nunca ha habido
inversiones y son concesiones de engorde que no podían recuperarse, concesiones
mineras inactivas e improductivas”, ha afirmado Morales en un acto en el
palacio presidencial de Quemado.
Un país que ha vivido de su
subsuelo
En Bolivia existen 7.000
concesiones mineras, según los datos de la Corporación Minera de Bolivia, de
las que 2.474 son totalmente privadas.
El objetivo es “recuperar el 70%
de esas inversiones”, que de este modo “volverán al pueblo boliviano”.
La nueva norma que ha sido
consensuada con diferentes sectores productivos mineros de Bolivia, está
vinculada directamente con la minería de menor porte, y las adjudicaciones
revocadas serán redistribuidas entre distintos sectores del país.
La iniciativa “acaba con las
disposiciones que favorecían a los concesionarios en la medida que detentan los
recursos naturales como parte de su propiedad, ya que el Estado renunciaba a
toda reclamación diplomática y se constituían en bienes transferibles y
transmisibles de forma hereditaria”, según publica el diario La Razón.
Desde que llegó a la presidencia
en 2006, Morales ha llevado a cabo la nacionalización de concesiones petroleras
y gasíferas, empresas productoras y transportadoras de hidrocarburos,
hidroeléctricas, de telecomunicaciones, aeropuertos y de electricidad.
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