El secretario de Seguridad, rescindió el contrato que unía a Roberto Galeano con el Ministerio de Seguridad “por hallar que su comportamiento de un operativo de control de cortes de rutas fue incompatible con los principios de profesionalidad necesarios para la supervisión del desempeño de los efectivos policiales”, según se informó oficialmente.
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Roberto Galeano fue el supervisor del operativo de seguridad desplegado por la Gendarmería el 30 de julio en la Autopista Panamericana, ante una manifestación realizada frente a la puerta de la fábrica Lear y había sido denunciado por miembros del PTS como un “inflitrado en la manifestación”.

Ese día se produjo el simulacro del comandante de Gendarmería Juan Alberto López Toral, quien se arrojó sobre el capot de un auto fingiendo haber sido atropellado .
Según publicó el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12, Galeano es un comando de 55 años que estuvo en las Islas Malvinas con el carapintada Mohamed Alí Seineldín, fue jefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba, y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. La ex ministra de Defensa Nilda Garré lo pasó a retiro y Berni lo reingresó como coordinador de las fuerzas de seguridad hasta ayer, cuando dispuso la rescisión del contrato.
Berni entendió que “Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los ‘Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas’, documento elaborado con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación de las fuerzas federales”, se indicó en el comunicado.
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“El desempeño profesional y eficiente de las fuerzas de seguridad federales es requerimiento indispensable para el cumplimiento de nuestra misión de hacer cesar delitos y contravenciones. Para ello el ministerio de Seguridad capacita permanentemente a las fuerzas y supervisa su desempeño en el territorio con personal propio”, remarcó Berni.

“La conducta del señor Galeano en episodios recientes contradice los lineamientos ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la seguridad pública, por lo cual he decidido terminar su contrato”, agregó.
En cumplimiento de directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad física de las personas en manifestaciones públicas -destacaron desde la Secretaría de Seguridad- , un funcionario dependiente del ministerio de Seguridad debe estar a cargo de los procedimientos que requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz.