DEFRAUDACIÓN
El diputado estaba procesado por una supuesta defraudación
con bonos: todavía se desconoce el destino de 60 millones de dólares. La Corte Suprema de
Justicia le cerró una causa al diputado radical e integrante del bloque
opositor al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura Oscar
Aguad, quien estaba procesado por una supuesta defraudación por 60 millones de
dólares contra el municipio de Corrientes mediante una operación con bonos,
cuando fue interventor de esa ciudad durante la efímera presidencia de Fernando
de la Rúa.
Aguad, cordobés de nacimiento, fue interventor federal en
Corrientes entre 1999 y 2001 y, según la denuncia presentada poco antes de que
cesara en el cargo (casi en simultáneo con la caída del gobierno de la Alianza ), fue el gestor de
una operación que es considerada ruinosa. Aguad tomó un empréstito por 60
millones de dólares en agosto de 2000, y los convirtió en Certificados de
Cancelación de Deudas de Corrientes (CECACOR), una de las tantas cuasi monedas
que circulaban en el país, que navegaba hacia el naufragio de la Convertibilidad. Esa
toma de crédito había sido respaldada por el gobierno provincial con garantía
de los recursos de coparticipación. En la causa se investigaba cuál fue el
destino de ese dinero.
La denuncia contra el ex interventor y actual diputado Aguad
fue presentada el 29 de noviembre de 2001 por el ingeniero Rodolfo Amílcar
Paladini, un activo defensor del patrimonio de los correntinos que incluso
cuestionó la asunción de Aguad como diputado en 2005 por las imputaciones en su
contra por presuntos perjuicios a la provincia.
En una entrevista concedida al programa radial local ¿Qué
pretende usted de mí? (que aún se puede consultar por Internet), Paladini
explicó la operación: "El interventor dispuso, al margen de todas las
normas provinciales y municipales, violando la Carta Orgánica –que
es la ley municipal–, contraer un empréstito con el Banco Nación por 60
millones de dólares, que el Banco Nación entrega; Aguad los va a buscar, se los
lleva a la Municipalidad
y allí los 60 millones desaparecen. ¿Me entendió? En lugar de los 60 millones
aparecen Bonos Cecacor, pero no por los 60 millones sino que aparecen 20
millones de pesos en papeles. Ni remotamente en aquella época un dólar podría
haber valido un Cecacor."
Pese a que el procurador general adjunto de la Nación Eduardo
Casal había dictaminado en mayo de 2013 en contra de la extinción de la causa
por prescripción, tal como lo había dispuesto el Tribunal Superior de
Corrientes, la Corte
Suprema , "con fundamento en la garantía de la defensa en
juicio", entendió que "el imputado tiene derecho a obtener –después
de un proceso tramitado en legal forma– un pronunciamiento que ponga término,
del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la
libertad que comporta el enjuiciamiento penal".
Una de las causales de interrupción de la prescripción en el
caso de los funcionarios públicos es la permanencia en la función. La norma
apunta a garantizar la persecución judicial, que desde el poder que significa
un cargo puede obstaculizar al acusado.
Aguad dejó de ser interventor en 2001 y juró como diputado
en 2005. El delito por el que estaba imputado, "defraudación en perjuicio
de una administración pública", contempla penas que van de un mes a seis
años de cárcel. Cuando volvió a la función pública, el máximo de la pena no
había transcurrido, es decir, el presunto delito no estaba prescripto.
Pero la Corte ,
con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos
Maqueda y Raúl Zaffaroni, consideró que se había excedido el "plazo
razonable" para llegar a una sentencia definitiva, y cerró la
investigación. Lo hizo citándose a sí misma en un fallo del año 2004, en el que
resolvió que "la duración del proceso por casi dos décadas viola
ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de
defensa".
Fuente:Corrientes Hoy
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