“No coincidimos para nada con la
resolución de la Corte Suprema. Es lamentable que el máximo tribunal de
justicia haya decidido rechazar el per saltum, y no intervenir, sin tener en
cuenta la gravedad institucional del caso, permitiendo en definitiva que el
Grupo Clarín siga burlándose de la ley por más de 5 años”, afirmó el titular de
AFSCA, Martín Sabbatella, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
rechazar el pedido de per saltum solicitado por AFSCA para avanzar en la
adecuación de oficio del Grupo Clarín, que actualmente se encuentra frenada por
una medida cautelar otorgada a esa empresa, por el juez federal de primera
instancia, Horacio Alfonso.
“¿Es posible que, a esta altura
del partido, la Corte desconozca que el Grupo Clarín, mediante maniobras
dilatorias avaladas por una parte del Poder Judicial, logró eludir el
cumplimiento de la ley durante más de 5 años? ¿Puede ignorar la propia Corte
Suprema que el único objetivo de estas medidas cautelares, otorgadas por un
sector del Poder Judicial que responde a los intereses del poder económico, es
seguir haciéndole trampa a esta ley declarada constitucional de punta a punta
por ese mismo tribunal? A esta altura, ¿puede ignorar la Corte que Magnetto
quiere seguir violando la ley”, agregó Sabbatella.
“Solicitamos un per saltum para
lograr que intervenga el máximo tribunal y se haga justicia cuanto antes. La
Corte tenía nuevamente la oportunidad de hacer cumplir la ley y sin embargo,
injustificadamente, decidió no intervenir y dejar que sea esta Cámara Civil y
Comercial, que fue denunciada reiteradamente por intercambiar favores con el
Grupo Clarín, la que resuelva si la mayor empresa de medios de la Argentina
debe cumplir con la ley de una vez por todas o puede seguir burlándose de
ella”, afirmó el titular de AFSCA.
“Porque el mayor problema al que
hoy se enfrenta el pueblo argentino ya no es que un grupo empresario
inescrupuloso, como Clarín, le haga trampa a la ley, sino que es mucho más
grave para la democracia de nuestro país que haya una parte del Poder Judicial
que, en distintas instancias y desde diferentes lugares del país, colabore para
que eso ocurra. Esto devela una situación de extrema gravedad, que la Corte no
puede ignorar y es su responsabilidad evitar que suceda”, sostuvo Sabbatella.
Según los fundamentos expuestos,
la Corte rechazó el pedido de salto de instancia por considerar que en la
presentación de AFSCA se omitió incluir los antecedentes de la causa y solo
efectuar una transcripción parcial de las resoluciones judiciales y administrativas.
Sin embargo, las resoluciones a las que alude el fallo, además de ser citadas,
fueron adjuntadas en su totalidad por AFSCA. Al respecto, el director general
de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del organismo, Sergio Zurano, sostuvo que
“la AFSCA presentó copia de todas las piezas relevantes del expediente, entre
las que se encontraban la Resolución impugnada por Clarín y el fallo del juez
Alfonso. Jamás se hubieran podido transcribir todos los antecedentes de la
causa por la limitación que establece la propia Corte según la cual los
escritos no pueden exceder las 40 páginas”.
Zurano agregó que “la Corte tuvo
sobre el escrito la transcripción y fundamentación de todas las partes que le
causaban agravio a la AFSCA y, además, contó con todas las resoluciones
completas, tanto administrativas como judiciales, como para tomar una decisión
sobre el fondo de la cuestión y no lo hizo argumentando un incumplimiento
formal que a nuestro criterio no existió”. “Por lo tanto, sin perjuicio de que
la AFSCA cumplió con todas las formas y requisitos exigidos, es reiterada la
jurisprudencia de la propia Corte en donde se critica el excesivo rigorismo
formal de algunas cámaras de apelaciones para denegar recursos extraordinarios,
sobre todo cuando están en juego cuestiones de interés público o derechos
personalísimos”, continúo Zurano y agregó que “fue esta vez la propia Corte la
que utilizó un rigorismo formal para evadir el estudio de un tema de interés
público, con el agravante de que no existió la aludida falta de rigor formal”.
El pasado 8 de octubre, el
directorio de AFSCA decidió iniciar la adecuación de oficio del Grupo Clarín
luego de denunciar irregularidades en la ejecución del plan de adecuación
declarado admisible por el organismo. Según fue expuesto por Sabbatella, los
análisis de la AFSCA detectaron incompatibilidades entre las sociedades de las
distintas unidades en las que el grupo proponía dividirse. Tras la decisión de
llevar adelante la adecuación de oficio, el Grupo Clarín volvió a interponer un
pedido de cautelar para frenar el proceso. Días más tarde, el juez federal
Horacio Alfonso dio lugar a esa solicitud y frenó la aplicación de la
resolución puesta en marcha por AFSCA.
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