EN SANTA CATALINA
Este miércoles 23 de abril la Comuna, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizaron un operativo conjunto en el predio Santa Catalina. En el allanamiento censaron a más de 100 personas de nacionalidad boliviana en condiciones indignas de trabajo, más de 40 estaban indocumentadas. Hay cuatro explotadores detenidos.
La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la Delegación Regional Corrientes - Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones y la Delegación Corrientes de la Policía Federal realizaron un allanamiento sobre casi 200 hectáreas cultivadas del predio Santa Catalina.
Al operativo conjunto se sumaron la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), la oficina local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y agentes de la División Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.
Durante el operativo, organizado para combatir la trata de personas y el trabajo esclavo, los organismos censaron a casi 100 personas de nacionalidad boliviana, todas en condiciones de vida infrahumanas e irregularidad laboral. Se constataron más de 40 personas indocumentadas, en situación de ilegalidad migratoria.
El accionar se desarrolló en la mañana del miércoles 23 en respuesta a una orden judicial emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2. En el predio allanado, donde se levantan decenas de tendaleros hortícolas, se detectó además menores trabajando; familias hacinadas en viviendas precarias y en condiciones sanitarias desfavorables.
El Municipio capitalino y los organismos nacionales recorrieron el lugar con el apoyo de unos 50 efectivos guiados por el Comisario Jorge Moliner, Jefe de la Delegación Corrientes de la Policía Federal. También participaron administrativos judiciales, psicólogas y psiquiatras de la División Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.
En las parcelas usurpadas a la vera de la avenida Maipú, que son rentadas ilegalmente por personas que se asentaron en el lugar, se constataron decenas de casos de personas en condiciones irregulares, en clara infracción a la Ley Nacional Migratoria N° 25.831.
“Estas personas estaban siendo explotadas por un grupo familiar que a su vez usurpa los terrenos municipales para comercializar verduras, por eso también intervino el equipo jurídico de la Comuna”, explicó el Jefe de la Delegación Corrientes-Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Odena.
El funcionario nacional destacó que “el objetivo del trabajo conjunto con la gestión del intendente Fabián Ríos es poner en práctica las políticas de Estado tendientes a combatir la trata de personas y el trabajo esclavo en la Ciudad de Corrientes. Obramos por instrucciones del Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo y el Director Nacional de Migraciones Martín Arias Duval; quienes nos piden que trabajemos mancomunadamente con los municipios para combatir la trata de personas y la explotación laboral”, agregó Odena.
El titular del Servicio Jurídico Permanente del Municipio capitalino, Justo Pío Sierra, explicó que la Comuna es propietaria del predio; por eso en el procedimiento se labraron actas por usurpación de esos lotes. Los documentos fueron enviados a la Justicia Federal donde se sustancia la causa penal que dio origen al allanamiento.
“La Municipalidad acompañó el procedimiento por ser propietaria del inmueble, que fue incluído en el acuerdo del Fideicomiso Santa Catalina donde se construirán viviendas, por lo que debe ser liberarlo”, comentó Justo Pío Sierra.
El operativo conjunto se desarrolló sobre 198 hectáreas del predio Santa Catalina, lindantes con la Avenida Maipú. Allí los efectivos y funcionarios pudieron contabilizar cerca de 100 horticultores en condiciones indignas de trabajo, más 40 no poseían ningún tipo de documentación argentina.
También fueron rescatados menores de edad que eran explotados laboralmente, quienes al término del operativo quedaron a disposición del Programa Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación.
Por todos estos motivos, las autoridades realizaron un pedido de captura para quienes oficiaban de empleadores. El Juez Federal obrante en la causa decidió la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, que fueron identificados como los usurpadores del predio y supuestos empleadores, que fueron acusados de reducción a la servidumbre.
Las multas por estos delitos llegan hasta los $150.000 por cada empleado esclavo y pena de prisión. Será el Juez Federal, Juan Carlos Vallejos, el encargado de determinar cuál será la situación procesal de las personas acusadas y el que le tomará la declaración indagatoria a las víctimas.
MIGRACIÓN Y REGULACIÓN LABORAL
Carlos Odena comentó que desde el punto de vista migratorio se registró a los damnificados y luego se trabajará para regularizar su situación en el país “para que puedan acceder a un documento argentino y un número de Cuit”.
El referente local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Andrés López, agregó que una vez que las personas son registrados “el objetivo es incluirlas en la seguridad social para que posean recibo de sueldo y aportes jubilatorios”.
También se acercaron al operativo cuatro inspectores de la División de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, provenientes de Buenos Aires, quienes realizaron entrevistas a los trabajadores explotados para darles contención y aportar a la causa judicial.
Luego de todos los procedimientos realizados de manera mancomunada entre las administraciones municipales, nacionales y las fuerzas de seguridad correspondientes, la situación quedará en manos de la Justicia.
CONDICIONES INDIGNAS DE VIDA
Cuando los encargados del operativo recorrieron las plantaciones, pudieron observar las malas condiciones de habitabilidad en la que se encontraban las personas. Presentaban serios inconvenientes de infraestructura: casillas con tendaleros de verdura, sin agua potable, sin cloacas ni sanitarios y con instalaciones precarias de energía eléctrica.
Motivo de ello, muchos menores poseen enfermedades y heridas de notable consideración, sin ningún tipo de cuidado ni protección. “Nosotros no los perseguimos ni mucho menos, buscamos que rescatarlos de las condiciones de explotación y que regularicen su situación migratoria, ya que estas personas son víctimas de personas perversas que lucran con la trata laboral”, aclaró Carlos Odena desde Migraciones.
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