FUERZAS ARMADAS
El gobierno estudia una medida general que
beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia firme, mayores de 70
años. Posteriormente se revisarían las causas.
Elisa Carrió dio el primer aviso:
“hay condenados por delitos de lesa humanidad que lo fueron sin pruebas” dijo
la diputada nacional, acostumbrada como está a patear hormigueros.
¿Lo hizo por las suyas?, ¿sabía
Macri que su aliada iba a lanzar semejante bombazo?. Esto se preguntaban por
estas horas no solamente muchos hombres del gobierno sino las organizaciones
defensoras de los derechos humanos que atisban en el horizonte un escenario no
deseado por ellas.
Muchas veces Carrió habla sin
consultar y en esas ocasiones suele despertar la furia del presidente, aunque
siempre logra que éste ponga en la balanza el precio de una ruptura y opte por
“tragarse el sapo”. Pero no es este el caso…
Macri tiene en su escritorio un
proyecto trabajado por su Ministro de Justicia y que ya pasó por las manos del
titular de la Corte Ricardo Lorenzetti. En él se dispone otorgar por razones
humanitarias el arresto domiciliario a todos los procesados y condenados en
causas de lesa humanidad, aunque en el Palacio de Justicia se afirma que este
será solo un primer paso para la revisión de todas las condenas.
Macri prefirió que fuese Carrió
quien hiciese en este caso de “punta de lanza” ya que la pésima relación de la
diputada con Lorenzetti lo convencieron de pagar el costo de que el proyecto
saliese del Ejecutivo -bien pudo ser por una interpretación jurisprudencial del
alto tribunal- y que no se corriese el riesgo de un debate público entre los
viejos enemigos.
¿Cómo sería entonces el camino
elegido?. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitaría a la Corte
un dictamen del nuevo Procurador General de la Nación (quien suplante a la
renunciada Gils Carbó) acerca de la aplicación del derecho a prisión
domiciliaria de los mayores de 70 años.
Lo que se ha acordado es que ese
dictamen sea favorable al otorgamiento del beneficio y que el máximo órgano de
justicia en la república aconseje a todos los jueces su aplicación, inclusive
en los casos de delitos de lesa humanidad.
La idea es que no más allá de
febrero de 2018 todos los detenidos vuelvan a sus casas y que a partir de mayo,
con otro dictamen del nuevo Procurador, se comience la revisión de cada causa
para anular aquellas en las que las pruebas presentadas eran insuficientes pero
que en definitiva, y por cuestiones que se presumen de presión política de la
anterior administración, terminaron en condena.
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