Todas las voces y músicas de la Patria Grande

Todas las voces y músicas de la Patria Grande

sábado, 14 de junio de 2014

Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN)

Posted: 13 Jun 2014 09:18 AM PDT
Quito, 13 jun (Andes).-  Ecuador presentó este miércoles el índice de Vulneración de Derechos en los Medios, una herramienta que permitirá identificar y analizar los contenidos que emite la prensa ecuatoriana, para evitar discriminación hacia las audiencias y que se quebranten los derechos ciudadanos.
La responsable del Laboratorio de Comunicación y Derechos Humanos,Palmira Chavero, explicó a Andes que este instrumento científico-técnico permitirá identificar dónde y por qué se produce la discriminación en los medios ecuatorianos.
Este índice no es un instrumento de censura, ni de criminalización de los medios. Foto: Andes
Este índice no es un instrumento de censura, ni de criminalización de los medios. Foto: Andes
Asimismo resaltó que este índice construido con criterios académicos y con la participación ciudadana permitirá en primera instancia monitorear televisión, prensa escrita y radio.
Chavero explica que determinar que un medio vulneró un derecho no debe sustentarse en la interpretación y percepción de cada ciudadano, sino en una medición realizada bajo parámetros académicos.
En este sentido, la experta recalcó que este índice no es un instrumento de censura, ni de criminalización de los medios. “Queremos ayudar a construir una comunicación libre abierta y respetuosa”, afirmó.
El Laboratorio de Comunicación y Derechos nació en 2013 por un convenio de cooperación entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Defensoría del Pueblo del Ecuador y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo aportar  a la construcción de una comunicación “libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”, tal como reza la Constitución vigente.
En este contexto y para “medir la vulneración de derechos”, la funcionaria señala que se conformó un equipo centrado en dialogar con grupos de atención prioritaria y en grupos vulnerables como colectivos de niños, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, afroecuatorianos, montubios, indígenas, personas privadas de libertar, personas con enfermedades catastróficas, colectivos LGTBI y víctimas de violencia de género.
“El objetivo fundamental es eliminar el debate de si existe o no existe vulneración de derechos sin un análisis profundo. Nosotros establecemos criterios científicos y parámetros académicos para este análisis”, dijo.
La coordinadora indicó que este trabajo está sustentado en la legislación y normativas ecuatorianas, en estudios académicos referentes a discriminación y manejo mediático y en los diálogos que mantuvieron con los representantes de diversas organizaciones sociales.
El índice valorará vulneraciones en distintas escalas en las que 0 es ninguna y 1 representa una total vulneración, para ello contará con 27 dimensiones y 154 indicadores. Entre los indicadores que se analizarán para determinar la vulneración están por ejemplo el negar la presencia mediática a una persona o colectivo como sujeto activo o pasivo, omitir o minimizar información relativa a temas incómodos, silenciar o dar menor relevancia a información de interés público, eliminar parte o totalidad de un hecho, entre otros parámetros.
Chavero enfatizó en la responsabilidad de la academia y los actores sociales para transformar la realidad y generar política pública, mediante estas iniciativas y herramientas que se van generando.
Durante la presentación, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Fernando Cedeño resaltó que con esta herramienta se genera una responsabilidad compartida para mejorar discursos y prácticas de comunicación”.
El rector del IAEN y actual ministro coordinador de Talento Humano, Guillaume Long afirmó que el índice de vulneración es importante para la construcción de mensajes comunicacionales positivos que permitan evitar la  violencia, exclusión y racismo.
Posted: 13 Jun 2014 09:03 AM PDT
Colombia, 13 Jun. (AVN).- 32.975.158 colombianos están convocados este domingo a elegir, en segunda vuelta electoral, al mandatario de la nación suramericana para el período 2014-2018.
Los ciudadanos elegirán entre el actual mandatario Juan Manuel Santos, yÓscar Iván Zuluaga del uribista Centro Democrático; ambos fueron los más votados en la primera vuelta electoral celebrada el 25 de mayo, pero ninguno alcanzó el 50% más uno de los sufragios, porcentaje requerido para ser electo, de acuerdo con las leyes electorales del país suramericano.
santoszuluaga1401060208
Durante la campaña para esta segunda vuelta, el debate estuvo centrado en el proceso de paz que lleva adelante el actual Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) en La Habana, Cuba; a lo que se sumó las recién anunciadas conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su continuidad o paralización se juega en los comicios.
Juan Manuel Santos
El actual mandatario, economista y administrador de empresas Juan Manuel Santos, de 62 años de edad, aspira a la reelección como candidato de la coalición Unidad Nacional.
Previo a ser electo en 2010 para estar al frente del país hasta 2014, ejerció como jefe de la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Café (OIC), en Londres y se desempeñó como ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de Defensa.
Santos, fundador del Partido de la U en 2005, aboga por la conclusión del conflicto armado en Colombia, que se mantiene desde hace 50 años. Para ello propone dar continuidad a los diálogos con las Farc-EP, iniciado en noviembre de 2012.
Hasta el momento, el Gobierno y la guerrilla han alcanzado tres acuerdos parciales en materia de: desarrollo agrario integral, participación política y el problema de las drogas ilícitas. Actualmente debaten sobre el tema de las víctimas del conflicto armado; el cuarto de los seis puntos establecidos en la agenda.
Asimismo, aspira concretar el proceso de paz con el ELN, la segunda guerrilla más importante de Colombia.
Entre las propuestas de Santos también destacan las referidas a vivienda, salud, cultura, deporte, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, generación de empleo, mejor infraestructura, impulso al turismo, inclusión, respeto e igualdad social.
Para el balotaje, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Unión Patriótica, que tenían como candidata en primera vuelta a Clara López, ofreció su apoyo a la reelección de Santos.
El actual Mandatario también recibió el respaldo del excandidato Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde Progresista.
Entretanto, el Partido Conservador, cuya aspirante en primera vuelta fue Marta Lucía Ramírez, dividió su apoyo a Santos y Zuluaga.
Óscar Zuluaga
Por su parte Óscar Iván Zuluaga, de 55 años de edad, es economista, empresario y político. Se desempeñó como senador, concejal, dirigente empresarial y gremial, y para estos comicios cuenta con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, enemigo público de los diálogos de paz que buscan la pacificación del país y vinculado con las fuerzas paramilitares del país y el narcotráfico.
Zuluaga ha dicho que de resultar electo exigiría a las Farc-EP el cese de todas sus acciones en el país, como condición para continuar los diálogos de paz.
El exministro de Hacienda del segundo período de gobierno de Uribe (2006-2010), antes de la primera vuelta electoral estuvo metido en un escando, luego que la revista Semana revelara un video en el que se evidencia el vínculo de éste con el llamado “hacker” Andrés Fernando Sepúlveda, quien fue acusado de espiar correos electrónicos, hacer interceptaciones ilegales y vender información sobre los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc-EP.
Posted: 13 Jun 2014 08:53 AM PDT
Brasilia, 13 Jun. (Télam).- Fuentes del gobierno brasileño adelantaron que la información proporcionada por Chile sobre la cooperación que las dictaduras de ambos países tuvieron en los años ’70 será entregada a la Comisión de la Verdad, creada por Rousseff hace tres años para esclarecer los crímenes perpetrados por la dictadura, informó la agencia EFE.
2014061300581727e7fa
Diplomáticos chilenos explicaron, por su parte, que su país tiene datos sobre brasileños que fueron secuestrados en los primeros días del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Tanto en Brasil como en Chile existen archivos que pueden ayudar en las investigaciones sobre el Plan Cóndor, mediante el cual las dictaduras que gobernaban en el Cono Sur coordinaron la represión.
El convenio fue firmado por los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, en presencia de Rousseff y Bachelet, que además de una fuerte amistad personal tienen en común que ambas fueron perseguidas por las dictaduras.
Rousseff pasó dos años y medio en prisión por supuestos vínculos con grupos guerrilleros que se alzaron en armas contra el régimen militar, lo mismo que ocurrió con Bachelet tras el golpe de Estado encabezado por el fallecido general Augusto Pinochet.

Posted: 13 Jun 2014 08:31 AM PDT
13 Jun. 2014 (Télam).- El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema declaraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un fallo histórico que aceleró los juicios a más de un centenar de represores y permitió nuevas detenciones por violaciones a derechos humanos.
20120613194113cac296
Gracias a esta declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad hoy se desarrolan en el país 14 juicios en los que son juzgados represores y civiles cómplices de la dictadura.
El fallo, que puso fin al debate sobre la validez de las leyes contó con amplia mayoría de 7 votos y se basó en pactos internacionales y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Hace nueve años, el entonces presidente Néstor Kirchner aseguró que el fallo le devolvió a los argentinos “la fe en la justicia” porque esas leyes llenaban “de vergüenza” al país.
Las bautizadas “leyes del olvido o del perdón” fueron dictadas en 1986 y 1987, en la presidencia de Raúl Alfonsín y frenaron decenas de causas judiciales contra acusados por la represión ilegal en la última dictadura.
La Corte Suprema emitió el fallo en una causa puntual referida a un planteo del ex suboficial de la Policía Federal Julio “El Turco” Simón, detenido por el secuestro y desaparición de José Poblete, su esposa y su hija, el 27 de noviembre de 1978.
Los ministros entendieron que el Congreso no tenía facultades para dictar esas leyes que favorecieron a los jerarcas de la dictadura y sus subordinados, porque en esa época ya regían normas que impedían cerrar sin sentencia causas por graves violaciones a los derechos humanos.
El veredicto del máximo tribunal sentaba precedente para las demás causas abiertas a represores, como las de la ESMA y Primer Cuerpo del Ejército, reimpulsadas con la declaración de nulidad de las leyes en el Congreso Nacional, en agosto de 2003.

No hay comentarios:

Publicar un comentario