La restitución del 15% retenido a Santa Fe, San Luis y Córdoba para sostener el esquema jubilatorio ordenada por la CSJN, para el kirchnerismo arriesga la normal continuidad de beneficios sociales. En el oficialismo lo ven como una reivindicación de derechos.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordenó al Estado nacional restituir el 15% retenido a San Luis, Santa Fe y Córdoba para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (ASNES), para Encuentro por Corrientes (ECO) representa un buen precedente que allana el terreno para que la Provincia formalice el mismo reclamo con buenas perspectivas. En el Frente para la Victoria (FPV), sin embargo, lo consideran un “error” que pone en riesgo derechos y beneficios sociales que actualmente se sostienen con esos recursos.
El pasado martes, la Corte declaró inconstitucional que mediante el sistema actual el Estado nacional retenga 15% de la masa de recursos impositivos coparticipables a las provincias y, por ende, liberó el camino para su restitución a las arcas de Santa Fe, San Luis y Córdoba. La medida fue recibida con beneplácito dentro de las filas del oficialismo provincial, que promovió reclamos de similares características iniciados durante la gestión de Arturo Colombi al frente del Ejecutivo, hasta la renuncia a dichas acciones en 2010.
“Este fallo de la Corte reivindica el derecho que tenemos”, señaló a época el reelecto senador provincial por ECO Noel Breard, quien remarcó que “estamos en el marco del derecho público, de derechos indisponibles, somos las provincias preexistentes a la Nación y estos fondos nos pertenecen”.
El desistimiento a las acciones comenzadas por el Estado correntino para recuperar la administración de ese 15% retenido por Nación, firmado por Ricardo Colombi cinco años atrás, fue a su entender “una opción de costos”. Es que, “en su momento surgió una refinanciación muy importante porque se quitó la dolarización, el SER, la indexación, inflación, costos financieros y una reprogramación de la deuda a más de 25 años que la hacía totalmente pagable, y que a su vez nos permitía abonar salarios y servicios públicos en Corrientes, en medio de una pelea con el Gobierno nacional que nos dobló los fondos discrecionales”, explicó el legislador.
Entonces, la “opción de costos hecha el Gobernador fue plata ya para la gente y servicios, y diferimos juicios, porque renunciamos a la acción pero no al derecho”, sostuvo Breard, para quien “el fallo de la Corte Suprema en los casos Santa Fe, San Luis y Córdoba es un precedente por el que no podrá votar de otra forma cuando plantee Corrientes su respectivo reclamo, si es que lo hace”.
Al respecto, destacó que en lo sucesivo resta “discutir una nueva relación Nación – Provincia, que creo podría encontrar una salida”.El análisis dentro del FPV correntino, en tanto, es diametralmente opuesto. El intendente capitalino Fabián Ríos aseguró a este diario que en su momento no estuvo de acuerdo con la mentada poda del 15% a las provincias para financiar ANSES, la cual consideró un “ajuste” hecho “por el Gobierno de Fernando de la Rúa”.Es por tal motivo que, tras la renuncia en cuestión, el tema volvió a tratarse en la Legislatura provincial con un Proyecto de denuncia al pacto fiscal que fue aprobado y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a retomar el reclamo en estrados judiciales. Al respecto, Breard explicó que “lo que hicimos junto con (Sergio) Flinta es una propuesta que instruye al Gobierno de la Provincia y al Fiscal de Estado, en la oportunidad que crean conveniente, iniciar las negociaciones y agotadas ellas hacer el juicio realmente. Al tiempo que reivindicamos los derechos adquiridos hacia atrás y adelante”.
En tal sentido, explicó que “cuando de una masa de dinero participan varios con reglas de juego establecidas durante tantos años, de buenas a primeras decir ‘saquen a determinado socio que no va más’, sin plantear caminos alternativos es un error. El fallo de la Corte es un error que desfinancia el sistema. Este es un desfinanciamiento duro del sistema previsional argentino”, remarcó Ríos.
A su entender, es imposible plantear que se trata de dinero no federalizado, porque “Corrientes, antes de la primera moratoria jubilatoria tenía 17 mil jubilados nacionales y actualmente ronda los 40 mil”, lo cual “quiere decir que parte de ese dinero vuelve a Corrientes, quizás no mediante organismos gubernamentales, pero vuelve al bolsillo de 40 mil familias”.
“No me parece adecuado el fallo de la Corte”, insistió el Jefe comunal capitalino, quien recordó haber mantenido idéntica postura “en el Senado de la Nación, cuando el radicalismo decía ‘se quedan con la plata de las provincias’”. En esa ocasión “respondí que podemos coincidir con ello, pero había que decirlo antes de la instauración del sistema, no después que está instalado y trabajando hace muchísimos años. No sirve”, agregó.
Ante este escenario, vislumbró que “la sociedad no permitirá retroceder en sus derechos” y bregó por “replantear el sistema de precoparticipación, que en algún lado castigará”.
Así, consideró que es necesario “pensar caminos alternativos, pero no desde la urgencia. El fallo de la Corte debió generar un plazo para solucionar la cuestión y no con medidas de carácter inmediato porque complica la vida de muchísima gente que entendía, contaba con una ley estable de actualización automática dos veces por año y que hoy están bajo observación o riesgo”, concluyó Ríos.
El pasado martes, la Corte declaró inconstitucional que mediante el sistema actual el Estado nacional retenga 15% de la masa de recursos impositivos coparticipables a las provincias y, por ende, liberó el camino para su restitución a las arcas de Santa Fe, San Luis y Córdoba. La medida fue recibida con beneplácito dentro de las filas del oficialismo provincial, que promovió reclamos de similares características iniciados durante la gestión de Arturo Colombi al frente del Ejecutivo, hasta la renuncia a dichas acciones en 2010.
“Este fallo de la Corte reivindica el derecho que tenemos”, señaló a época el reelecto senador provincial por ECO Noel Breard, quien remarcó que “estamos en el marco del derecho público, de derechos indisponibles, somos las provincias preexistentes a la Nación y estos fondos nos pertenecen”.
El desistimiento a las acciones comenzadas por el Estado correntino para recuperar la administración de ese 15% retenido por Nación, firmado por Ricardo Colombi cinco años atrás, fue a su entender “una opción de costos”. Es que, “en su momento surgió una refinanciación muy importante porque se quitó la dolarización, el SER, la indexación, inflación, costos financieros y una reprogramación de la deuda a más de 25 años que la hacía totalmente pagable, y que a su vez nos permitía abonar salarios y servicios públicos en Corrientes, en medio de una pelea con el Gobierno nacional que nos dobló los fondos discrecionales”, explicó el legislador.
Entonces, la “opción de costos hecha el Gobernador fue plata ya para la gente y servicios, y diferimos juicios, porque renunciamos a la acción pero no al derecho”, sostuvo Breard, para quien “el fallo de la Corte Suprema en los casos Santa Fe, San Luis y Córdoba es un precedente por el que no podrá votar de otra forma cuando plantee Corrientes su respectivo reclamo, si es que lo hace”.
Al respecto, destacó que en lo sucesivo resta “discutir una nueva relación Nación – Provincia, que creo podría encontrar una salida”.El análisis dentro del FPV correntino, en tanto, es diametralmente opuesto. El intendente capitalino Fabián Ríos aseguró a este diario que en su momento no estuvo de acuerdo con la mentada poda del 15% a las provincias para financiar ANSES, la cual consideró un “ajuste” hecho “por el Gobierno de Fernando de la Rúa”.Es por tal motivo que, tras la renuncia en cuestión, el tema volvió a tratarse en la Legislatura provincial con un Proyecto de denuncia al pacto fiscal que fue aprobado y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a retomar el reclamo en estrados judiciales. Al respecto, Breard explicó que “lo que hicimos junto con (Sergio) Flinta es una propuesta que instruye al Gobierno de la Provincia y al Fiscal de Estado, en la oportunidad que crean conveniente, iniciar las negociaciones y agotadas ellas hacer el juicio realmente. Al tiempo que reivindicamos los derechos adquiridos hacia atrás y adelante”.
A su entender, es imposible plantear que se trata de dinero no federalizado, porque “Corrientes, antes de la primera moratoria jubilatoria tenía 17 mil jubilados nacionales y actualmente ronda los 40 mil”, lo cual “quiere decir que parte de ese dinero vuelve a Corrientes, quizás no mediante organismos gubernamentales, pero vuelve al bolsillo de 40 mil familias”.
“No me parece adecuado el fallo de la Corte”, insistió el Jefe comunal capitalino, quien recordó haber mantenido idéntica postura “en el Senado de la Nación, cuando el radicalismo decía ‘se quedan con la plata de las provincias’”. En esa ocasión “respondí que podemos coincidir con ello, pero había que decirlo antes de la instauración del sistema, no después que está instalado y trabajando hace muchísimos años. No sirve”, agregó.
Ante este escenario, vislumbró que “la sociedad no permitirá retroceder en sus derechos” y bregó por “replantear el sistema de precoparticipación, que en algún lado castigará”.
Así, consideró que es necesario “pensar caminos alternativos, pero no desde la urgencia. El fallo de la Corte debió generar un plazo para solucionar la cuestión y no con medidas de carácter inmediato porque complica la vida de muchísima gente que entendía, contaba con una ley estable de actualización automática dos veces por año y que hoy están bajo observación o riesgo”, concluyó Ríos.
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