Marchas y reclamos en el Día de la No Violencia contra la
Mujer. Las organizaciones sociales vuelven a movilizarse en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concentración
fue en la Plaza Cabral, en una movilización que se dirigio por el centro de la
ciudad hacia la plaza Juan de Vera.
MUMALA
En el marco de este 25 de noviembre MUMALA dio a conocer los
datos de femicidios en la Argentina revelados a partir del análisis de medios
gráficos y digitales de todo el país entre el 1 de enero y el 20 de noviembre
de 2016.
Según el relevamiento realizado, se registraron en el
periodo seleccionado 271 femicidios (12 femicidios vinculados de mujeres y
niñas, y 26 femicidios vinculados de hombres y niños) y 8 travesticidios. Al 20 de noviembre se registra un femicidio
cada 30 horas, llegando a su expresión máxima en el mes de octubre en el que se
registró un femicidio cada 20 horas.
La organización social en su informe revela el contexto de
los ataques:
Vinculo: El 75% de los femicidios fueron cometidos por
hombres del círculo íntimo de la víctima, 12% conocidos, 3% extraños, 10% sin
datos.
Denuncias y medidas: El 17% de las víctimas realizaron
denuncias previas, el 10% tenía medidas de protección.
Edad de la víctima - Edad del agresor
La franja etaria de entre 21 y 50 años concentra el 52% de
los femicidios registrados. El 68% de los agresores tiene entre 19 y 60 años.
Lugar del hecho:
El 58% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la
víctima, 35% femicidios cometidos en la vía pública, 3% en la vivienda de un
familiar, 2% en la vivienda del agresor, 2% otros (casa deshabitada, trabajo de
la víctima, albergue transitorio).
Modalidad: Quemada 3%, 13% a golpes, 27% armas de fuego, 32%
arma blanca, 20% asfixia.
Mujeres víctimas: 21% estuvieron desaparecidas, 5% fueron
violadas o abusadas, 4% estaban embarazadas, 3% se encontraban en situación de
prostitución.
Varones agresores: 20% se suicidaron. 7% pertenecían a
fuerzas de seguridad. 5% mató a más de una víctima.
Niñas y Niños huérfanos/as:
249 niños/as
huérfanos/as. El 42% tenían hijos/as.
DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO
Bajo la consigna “El Bicentenario y las deudas pendientes
con la eliminación contra la violencia de género”, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se desarrolló la jornada “Género y
Discriminación”. Disertaron referentes de la Delegación Corrientes del INADI, a
cargo de Leticia Gauna; la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana
(Mumala) y del Observatorio de Igualdad de Género de la Facultad de Derecho de
la UNNE, a cargo de la Dra. Mónica Anís.
Desde MuMaLa recordaron que en abril del 2009 se sancionó la
Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus
relaciones interpersonales”. Esta ley se inscribe dentro del proceso de
adecuación de la legislación nacional a los instrumentos internacionales y
regionales de Derechos Humanos de las mujeres vigentes a partir de la década
del 90, y es la resultante del reclamo incansable del movimiento de mujeres.
A siete años de la sanción de esa normativa y a más de un
año de la gran movilización “Ni Una Menos” del 3 de junio de 2015, la
organización se propuso analizar en qué medida el Estado Nacional y los Estados
provinciales han asumido la responsabilidad de aplicar sus preceptos y qué
sucedió con los anuncios realizados.
“Consideramos que la falta de implementación de las mismas
es en gran medida una de las razones por las cuales no se ha logrado avanzar en
la lucha contra la violencia de la mujer de manera eficaz”, señaló la doctora
Jésica Paz, de MuMaLa.
Desde la organización explicaron que, para lograr el
objetivo propuesto, MuMaLa realizó un trabajo arduo todo el año, y así, desde
Corrientes se destacó lo siguiente:
1. Adhesión de las provincias a la ley nacional: decíamos en
marzo del 2015 que del total de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sólo 18 provincias habían adherido a la ley nacional. A
principios de junio del 2016 observamos que todas las provincias adhirieron a
la ley 26.485. En el 2009 lo ha hecho: Corrientes.
2. Se crea en el año 2012 el Observatorio de Igualdad de
Género y Derechos Humanos (OIGDH) dependiente de la Facultad de Derecho de la
UNNE.
3. Se crea en el mes de octubre del 2015, en el ámbito del
Poder Judicial Provincial, la Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios
Universales y Acciones Colectivas, los jueces de paz de la provincia son los
primeros en utilizar la planilla de indicadores sobre violencia doméstica,
familiar y de género. La Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios
Universales y Acciones Colectivas tiene por objeto recopilar los datos
estadísticos en materia de Violencia de Género y Femicidio, según lo dispuesto
por el Alto Tribunal en el Acuerdo N°23/15.
4. Recursos y dispositivos existentes para el Acceso a la
Justicia de las mujeres en situación de violencia… Acceso a la Justicia: la
provincia cuenta con Comisarias de la Mujer y Juzgados de Paz donde se toman
las denuncias por violencia de género, de allí se hace la derivación a las
Fiscalías correspondientes por jurisdicción. No relevamos la existencia de
patrocinio jurídico gratuito especializado dependiente del Estado provincial,
los que se ofrecen dependen de la Defensoría de Pobres y Menores.
5. Existencia de organismos que brinden asistencia integral
bajo la órbita del Poder Ejecutivo de cada provincia: Corrientes cuenta con el
Consejo Provincial de la Mujer, que está conformado por un equipo
interdisciplinario de profesionales abocados a distintas áreas, para cubrir con
las necesidades de las mujeres que requieran sus servicios. Las áreas de
trabajo son: administrativa, económica, psicológica, médica, legal, social,
comunicación institucional.
6. Casas refugio dependientes de los Poderes Ejecutivos
nacional y provinciales: la Provincia cuenta con un refugio que depende del
Gobierno Provincial y otro dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes Capital que aún no se ha puesto en marcha.
La mujer forma parte de más del 50% de la población.
El último censo poblacional realizado en el año 2010, arrojó
que las mujeres son más del 50% de la población, pero las políticas públicas
destinadas a garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia son
insignificantes. Muestra de ello es el presupuesto que se destina al Consejo
Nacional de las Mujeres para alcanzar los objetivos planteados en la ley
integral 26.485, el mismo representa tan sólo el 0,0055% del total del
presupuesto nacional aprobado el año 2016.
Desde el año 2009 en adelante el mismo nunca alcanzó un
dígito del presupuesto nacional. Dicha realidad se reproduce en las provincias,
donde los presupuestos también son ínfimos, o peor aún, donde ni siquiera se
contemplan partidas presupuestarias específicas para las áreas abocadas a la
protección de los derechos humanos de las mujeres.
Recién a partir de la movilización del 3 de junio del 2015
se empezó a contar con algunas estadísticas oficiales que permitan tener una
magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres en todo el
territorio nacional, sin embargo dichas estadísticas siguen estando
descentralizadas, y como consiguiente representan un insumo inacabado para la
ejecución de políticas públicas dirigidas a transformar la realidad.
El acceso a la justicia sigue siendo una gran deuda con las
mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género. Más
si consideramos que muchas de las que fueron asesinadas desde el 2009 en
adelante habían realizado denuncias contra sus agresores.
No puede entenderse el acceso a la justicia como la mera
recepción de la denuncia. El Poder Judicial debe dejar de re victimizar a las
mujeres y debe garantizar las medidas de protección. El Estado Nacional y los
provinciales no garantizan la asistencia integral ni los patrocinios jurídicos
especializados y gratuitos para atender la justa demanda de las mujeres en todo
el territorio nacional.
Los existentes se encuentran en las capitales de las
ciudades, el acceso a los mismos no es igualitario para todas las mujeres. A
pesar de haberse invertido en la creación de nuevas casas refugios en algunas
de las provincias analizadas, existe un gran déficit de las mismas en todo el
territorio nacional, inclusive en algunos casos se contabiliza dentro de éstas
a plazas hoteleras.
La línea 144 de consulta y asesoramiento ante situaciones de
violencia de género, puesta en marcha en septiembre del 2013, colapsó durante
los días previos y posteriores a la gran concentración del 3 de junio del 2015
por #NiUnaMenos, lo que hizo que fuera necesario ampliar la planta de personal
para dar respuesta a la gran demanda.
“Hemos observado desde entonces una mejor asistencia y
derivación por parte de este recurso nacional, con la salvedad que las
derivaciones muchas veces son acotadas a los recursos locales que no en todos
los casos dependen de los estados provinciales, los que a su vez no cuentan con
respaldo del gobierno nacional”, apuntaron desde MuMaLa.
De acuerdo a lo informado por el Estado Nacional la mayor
cantidad de llamadas provienen de las grandes ciudades de nuestro país, lo que
insinúa un alto nivel de desconocimiento de la línea 144 en la totalidad de las
provincias argentinas.
Luego de la gran movilización del 3 de junio del 2015 hubo
anuncios en distintos niveles de los poderes del Estado, la Corte Suprema de
Justicia confeccionó un registro de femicidios, por su parte el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió en el mismo sentido a
avanzar el relevar estos casos en todo el país; la Procuraduría General de la
Nación crea en la Ciudad de Buenos Aires la Unidad Fiscal Especializada en
Violencia contra las Mujeres – UFEM.
En la misma línea hubo anuncios en algunas provincias de
nuestro país. Sin embargo, se observa con preocupación la falta de centralidad
de los anuncios y el escaso presupuesto asignado al Consejo Nacional de las
Mujeres para la ejecución de políticas públicas durante el año 2016.
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