José Camino Carrera
Cuando el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, solicitó a todos los países miembros que publicarán el texto de la
misma y dispusieran que fuera "distribuida, expuesta, leída y comentada en
las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en
la condición política de los países o de los territorios".
Esta introducción la consideramos válida pues destaca la
importancia que esta Declaración tiene en todos los ámbitos de la sociedad, y
no solamente porque señala su deseo vital por vivir en paz, con todos sus
derechos y obligaciones, luego de dos conflagraciones mundiales que pusieron a
la humanidad al borde de su desaparición, especialmente luego de Hiroshima y
Nagasaki, sino porque los derechos primigenios abarcan un amplio abanico de
posibilidades, entre ellas la comunicación.
El derecho a recibir una comunicación veraz, objetiva e
imparcial; a tener la oportunidad de hacer escuchar su voz, de expresarse
libremente, a través de diferentes medios, son elementos propios del ser
humano, al menos en sociedades democráticas o que se precien de serlo. Por
ello, la misma Organización de las Naciones Unidas reconoció la importancia de
la información como instrumento para el mejor conocimiento y comprensión entre
los pueblos.
"Declaró la ONU que la libertad de información era la
piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental"
(1). La evolución de la información, basada en un adelanto tecnológico sin
precedentes, no ha variado en su concepción original. Actualmente los medios no
solamente se utilizan para la libre transmisión de las ideas sino
fundamentalmente para el empleo con fines educativos, de apoyo al desarrollo
como salvaguarda de la identidad y cultura de los pueblos. Se consolida el
derecho a mantenerse correcta y adecuadamente informados, y por ende a mejorar
sus condiciones de vida.
Pero persisten rezagos de una dominación económica y
cultural que pretende mantener una comunicación engañosa que conduce a un
sentido lineal y único; ahí es donde fracasan los esfuerzos para que la
sociedad, especialmente la minoritaria, tenga acceso a una información que
consolide y fortalezca sus derechos.
La UNESCO, en su Declaración de noviembre de 1978, señala:
"igualmente, los medios de comunicación deben responder a las
preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la
participación del público en la elaboración de la información". Si bien en
varios aspectos se ha cumplido esta aspiración, no es menos cierto que falta
todavía mucho camino por recorrer para lograrlo a plenitud.
Esta demora puede deberse al sentido comercial de buena
parte de medios de comunicación, especialmente las grandes cadenas internacionales
y nacionales. Es respetable y lógico el derecho a obtener ganancias, a
recuperar la inversión, pero se debe considerar también la necesidad de la
sociedad de participar, de hacerse escuchar, de expresarse sin cortapisas ni
censuras interesadas.
Consecuente con ello, no se cumple a cabalidad los objetivos
primordiales de la comunicación: informar, educar y entretener. Una información
adecuada, cierta, imparcial garantiza la seguridad a estar informado y
conciente de sus derechos y obligaciones. Si los medios, especialmente los de
mayor circulación y audiencia, se involucraran decididamente en apoyar los
procesos educativos la situación de una buena mayoría de nuestras sociedades
variaría sustancialmente. Si bien se hacen esporádicos esfuerzos por crear una
cultura comunicacional propia, con identidad, ésta se diluye y pierde peso ante
factores que van desde productos externos hasta influencia económica y
política. La falta de educación de los pueblos, no por propia voluntad,
facilita las cosas.
Juan Goytisolo señalaba: "el mensaje del liberalismo a
ultranza, supremo y universal valor de nuestras elites, difundido por la
televisión a centenares de millones de hogares, adormece nuestra capacidad de
respuesta articulada, intelectual y política".
Aseveración muy clara pues señala peligros muy propios de
ciertos mensajes que propician la pérdida de valores, de la identidad, de la
cultura, de la historia; de las costumbres y tradiciones propias de los pueblos
que son importantes mantenerlas. Esto no quiere decir que el absolutismo sea
una constante de los medios y sus periodistas, algunos esfuerzos están
concretándose para ganar la batalla a la iniquidad y colocar en la palestra a
áreas importantes como la ciencia y la cultura especialmente.
Y es aquí donde se vuelve de fundamental importancia el
derecho a una comunicación aplicable a las necesidades de la sociedad. Debe
existir capacidad crítica, de discernimiento; conocimiento profundo de la
realidad de nuestros países, de sus necesidades y problemas. Fácil es señalar
teóricamente, sin el suficiente conocimiento e investigación, lo que nos aqueja
y hace falta. Variada información no profundiza en los verdaderos problemas y
sus soluciones. El trabajo periodístico se diluye y no concreta en realidades
las aspiraciones de la gente. Es una gran falla que facilita la crítica de
sectores interesados.
Si bien las nuevas tecnologías facilitan la comunicación, no
es menos cierto que gran parte de la sociedad no tiene todavía acceso a ellas.
Son varios los factores pero principalmente la falta de educación y lo
económico. Infraestructura para el sector rural y marginal. La UNESCO lo
reconoce cuando recomienda que se debe proceder a dos objetivos: lograr una
mejor difusión del saber y fortalecer la igualdad de oportunidades (2).
No es fácil para varios países, por sus problemas políticos
y económicos, priorizar sus necesidades; la multiplicidad de éstas hace difícil
brindar servicios hoy indispensables como el Internet. Aunque los esfuerzos se
hacen no resultan suficientes. Un alto porcentaje de la población
latinoamericana por ejemplo, no goza de estos beneficios debido a su costo e
implicaciones políticas. Un pueblo educado tiene la capacidad suficiente para
elegir bien, para discernir adecuadamente, para optar por sus propias decisiones.
Y esto no le conviene ni a las elites ni a sectores involucrados, llámense
partidos políticos. "Datos a marzo del 2005, señalan un total de 888.68
millones de habitantes en el mundo con acceso a Internet, de ellos, 221.43
están en Norteamérica, 259.65 en Europa, mientras Latinoamérica tiene 56.22 de
usuarios". (4)
La afectación a sus derechos por lo tanto sigue vigente;
aunque en los últimos veinte años se ha reconocido, en la mayoría de nuestros
países, los derechos de las minorías, todavía persisten situaciones de
marginalidad y discrimen en amplios sectores.
Claro que las crisis de todas maneras para algo han servido.
"La crisis política que vivió Venezuela tuvo en papel protagónico a los
medios de comunicación y a los propios periodistas. El trabajo realizado
realiza una aproximación desde los parámetros del derecho a la información que,
en un horizonte de mayor reflexión, se inscribe en la construcción del derecho
a la comunicación". (3)
Pero las crisis, tan comunes en América Latina, si bien han
propiciado un despertar del letargo, también han desembocado en el
fortalecimiento de grupos o sectores que temen perder su influencia en lo
político y económico. Es que la sociedad civil, por otorgarle un nombre, no se
ha consolidado, debido a intereses grupales y personales, y ello le ha restado
fuerza y capacidad de participación y reclamo.
Gobernantes y gobernados, al defender sus propios espacios
pierden la capacidad de consensuar y dialogar para llegar a conclusiones y
logros de beneficio mutuo. Ciertos gobiernos de la región apelan a la fuerza, a
la distorsión; generalizan al tratar ciertos aspectos relativos a los derechos
o, simplemente con un maniqueísmo feroz, tratan de trastocar objetivos en
beneficio de sus propios fines. Encuentran en la prensa, en los periodistas a
los causantes de sus fracasos, a sus rivales directos; acusan
irresponsablemente sin reflexionar en que solamente somos los intérpretes o
intermediarios de las necesidades de los grandes sectores de la sociedad. La
prensa no puede ni debe asumir responsabilidades propias del Estado o de los
gobernantes de turno.
En este juego caen también los medios de comunicación y los
periodistas pues al defender posiciones ceden o toman iniciativas alejadas de
sus fines específicos. Se convierten en espacios de poder donde chocan con
otros intereses. Existe el riesgo de perder su imparcialidad. Por ello el
derecho empresarial que asiste a los dueños de medios no debe confundirse con
un obsecuente servicio a intereses.
De todas maneras, el derecho a la comunicación es un bien
que más allá de ciertas consideraciones, es algo real y efectivo. Las
Constituciones de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, para
ejemplificar, tácitamente reconocen el derecho de sus sociedades a recibir una
comunicación clara y transparente.
Específicamente, la Constitución del Ecuador claramente
señala: "art. 23, numeral 10: el derecho a la comunicación y a fundar
medios de comunicación social y acceder, en igualdad de condiciones, a
frecuencias de radio y televisión". Art. 81: "El Estado garantizará
el derecho acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y
difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa de
los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la
comunidad…"
Nos pueden acusar de reiterativos, de insistir en algo
consustancial a la vida misma; pero es necesario hacerlo porque de lo contrario
las palabras se quedan en eso: en palabras. Los hechos, las concreciones se
pierden o se diluyen. Ante esta perspectiva, el derecho a la comunicación tiene
su complemento en:
- Derechos a la información: para opinar, expresarse
- Derechos culturales: para participar libremente en la vida
cultural de la comunidad
- Derechos de protección: para que no se interfiera en la
privacidad de las personas
- Derechos colectivos: para tener acceso a la comunicación
pública libre de manipulación e influencias que trastoquen su pensamiento e
ideas.
La pérdida o falta de ellos deriva en una sociedad
incompleta, insatisfecha, propicia a resquebrajamientos y pérdida de valores.
Como en toda sociedad racional, libre y democrática existen
límites propios a su condición humana: la ética y la moral; y los otros que se
rigen de acuerdo a la normativa legal vigente. Observarlos y cumplirlos es el
objetivo para alcanzar la plenitud de los derechos y una convivencia ajustada a
la libertad y la justicia. Al menos esa es la aspiración.
- José Camino Carrera es Periodista y Magister en Seguridad
y Desarrollo. Secretario de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.
(Ponencia presentada en el X Congreso de la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Villa Gesell, Buenos Aires, 4, 5 y 6 de
octubre de 2007)
Notas
(1). "Derechos Humanos y medios de comunicación".
José Tuvilla Rayo. 1997
(2) "Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional
sobre la educación para el siglo XXI". 1996
(3) "Venezuela, crisis y medios: lectura desde el
derecho a la información y a la comunicación". Andrea Cañizares.
Universidad Andina Simón Bolívar
(4) Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT y
Nielsen/Net ratings. Marzo 2005
https://www.alainet.org/es/active/20180
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