El camino de la CIDH
El Centro de Ex Combatientes de La Plata denunciará al
Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para que se investiguen los vejámenes y torturas sufridas por los soldados en
Malvinas. Lo hará a raíz de que la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta
para que se juzguen estos hechos –que incluyeron desde estaqueamientos hasta la
muerte de conscriptos–, por los que había ochenta militares argentinos
imputados. El domingo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner había impulsado a los denunciantes a que
recurran por justicia ante los organismos internacionales.
“Me solidarizo
ante los combatientes de Malvinas y les pido que vayan a reclamar por las
torturas ante la Corte Interamericana, que van a escucharlos”, les recomendó la
jefa de Estado.
Los ministros
del Máximo Tribunal de Justicia dictaron hace diez días un fallo que clausuró
la posibilidad de investigar más de 120 denuncias de soldados que, llevados a
la guerra de 1982, sufrieron torturas, violaciones y otros tratos inhumanos de
parte de sus superiores. El expediente había sido abierto en 2008 con la
declaración de un grupo de ex soldados correntinos y avanzó sumando casos de ex
combatientes de todo el país hasta que, ante el planteo de uno de los militares
imputados, la Cámara de Casación penal dictaminó que se trataba de delitos que
habían prescripto por el paso del tiempo.
Así, los
querellantes llevaron el caso a la Corte Suprema con el planteo de que no
fueron delitos sobre los que pueda dictarse una prescripción porque tienen el
carácter de lesa humanidad. El 19 de diciembre pasado, después de tres años de
espera, la Corte dictó la sentencia cuestionada. En ella no hizo lugar al
recurso del Cecim argumentando una cuestión de forma: que no podía intervenir
porque no había una sentencia definitiva.“Para nosotros el fallo fue una estafa
procesal”, señaló ayer Ernesto Alonso, integrante del Cecim de La Plata y
titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, al anunciar la decisión de
su organización de ir a la CIDH. “Fue un modo de sacarse el tema de encima, que
nos dejó sin posibilidades de tener justicia, porque aunque no se expidieron
sobre la cuestión de fondo, en los hechos no nos queda dentro de la Justicia argentina
ninguna instancia a la que reclamar”. “¿A qué otra instancia teníamos que ir si
no era a la Corte?”, se preguntó en este sentido. Alonso remarcó que, a pesar
de que ir a la CIDH “significará litigar contra el Estado argentino, es la
Presidenta la que nos está diciendo ‘vayan porque nuestra Justicia no los está
escuchando’”.
En lo que
pareció ser una respuesta a las críticas de la jefa de Estado, ayer el
presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, habló del tema en su discurso de
apertura del año judicial. Allí, tras asegurar “continuaremos con los juicios
de lesa humanidad”, Lorenzetti aclaró: “Respecto de la calificación de lesa
humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso, sobre otros
hechos calificables o no como de lesa humanidad”.
Los ex
combatientes remarcaron que, aunque no se hayan expedido sobre si los
estaqueamientos fueron delitos de lesa humanidad, la consecuencia del fallo de
los ministros “es la misma, ya que lo que quedará firme es el dictamen de
Casación que sostiene que son delitos prescriptos”. Como querellantes, apuntó
Alonso, el Cecim planteó “un pedido de aclaratoria y revocatoria” para que la
Corte revise su propia decisión, de lo que prácticamente no hay antecedentes
favorables.
La
presentación ante la CIDH está en proceso y será llevada “en el menor tiempo
posible” en los seis meses de plazo con que cuentan desde el 19 de febrero, en
que fue emitido el fallo de la Corte.
Además del
apoyo de la Presidenta, los ex combatientes vienen sumando adhesiones desde distintos
sectores como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos, que tiene como titular al ex juez Baltasar Garzón; el ministro de
Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la
titular de Justicia Legítima, Laura Garrigós de Rébori; la Comisión Provincial
por la Memoria y la agrupación HIJOS. A su vez, en varias legislaturas
provinciales diputados del Frente para la Victoria anunciaron que impulsarán
proyectos de declaración en respaldo al reclamo de los ex soldados.
Fuente:Página 12
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