Los sacerdotes defendieron el derecho de los pueblos
indígenas a acceder a sus tierras ancestrales y acusaron al Gobierno por las
muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. También repudiaron el desfalco a
los jubilados y se solidarizaron con Milagro Sala.
Imagen: Facebook |
El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres repudió
enfáticamente la escalada represiva desatada por el Gobierno en la Patagonia en
defensa de “los intereses de los terratenientes por encima de los derechos de
la población” y remarcó que dicha militarización es acompañada por una
criminalización del pueblo mapuche, que lucha por sus tierras ancestrales. “Nos
preocupan la acelerada disolución del Estado de Derecho, las garantías
constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”, sostuvieron
los sacerdotes en una extensa carta, donde afirmaron que salir en defensa de
“la vida ultrajada de Rafita, el desfalco de los abuelos y trabajadores
previsto por este Gobierno” son también “cosas de Dios” de las que deben
ocuparse.
El duro reclamo de los curas hizo foco en “la militarización
de la Patagonia” que lleva adelante el gobierno de Macri para defender los
intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los
derechos ancestrales de los pueblos indígenas”. Para los curas, las muertes de
Santiago Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido, y la de Rafael Nahuel, el
joven de 21 años asesinado por la espalda en la represión del último sábado a
la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, responden al Estado
policial instalado en el sur.
“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago
Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el
asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud
violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según
la ley”, sostuvieron los curas, que acusaron al Estado de en ambos casos
“producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras” que hirieron “la
dignidad y el buen nombre” del pueblo mapuche y la familia de Santiago.
El repudio de los sacerdotes también apuntó al “discurso
autoritario y represivo” similar al usado en la dictadura militar, a la
“intimidación” sobre los jueces y la Procuración General y a la “violación de
la división de poderes que este Gobierno ha impuesto como costumbre”.
“La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para
desaparecer personas. El Gobierno instala la hipótesis del enemigo interno,
culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos
va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos
autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de Estado. Es el regreso
del relato de la doctrina de la seguridad nacional”, condenaron.
También criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el
saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas
laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada
de riqueza a las elites del capital concentrado”. “Es lo que caracteriza a este
gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos
visto en democracia”, afirmaron.
Los curas exhortaron a legisladores y dirigentes sindicales
a “defender los derechos de los trabajadores y jubilados” y remarcaron que
apoyan “de corazón” la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de
trabajadores que se manifestaron ayer frente al Congreso.
Por último, los curas se solidarizaron también con otras
víctimas de “este gobierno irresponsable” como los 44 tripulantes del submarino
ARA San Juan, los muertos en el incendio de Iron Mountain y Milagro Sala y “sus
compañeros presos políticos”. Además, respondieron las críticas del senador
Miguel Ángel Pichetto, que había dicho que los curas “se tienen que ocupar de
las cosas de dios”, sosteniendo que denunciar estas injusticias son también “cosa
del dios” amigo de los pobres y los excluidos.
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