l crimen de Rafael Nahuel representa el último nivel de la
escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Represiones salvajes en Chubut,
criminalización en Neuquén, operativos sin orden judicial, detenidos -incluso
niños y niñas- y torturas. El Gobierno respaldó a los efectivos y así explicitó
la orden para el avance represivo. El fantasma RAM (Resistencia Ancestral
Mapuche), la chilenidad de la política oficial contra los indígenas y el
genocidio que no cesa. Una nota de Darío Aranda, que repasa los hechos, los
discursos y la embestida judicial, y analiza qué representan. El reportaje
fotográfico que acompaña esta nota es un documento clave para comprender las
consecuencias concretas de este plan. Fue producido durante la “inspección
ocular” ordenada por la justicia en el lof Lafken Winkul Mapu y realizado por
Foto Viojf para la revista Cítrica. Forma parte de la cobertura
colaborativa para informar sobre este
tema los medios cooperativos: Cítrica, Tiempo Argentino y lavaca.
La Vaca
Así fue “la inspección ocular” judicial al predio donde
asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje
fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica.
Los hechos
30 de agosto de 2016. El Ministerio de Seguridad, conducido
por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los pueblos originarios de
la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin
aportar ninguna prueba. El documento interno fue titulado “Revalorización de la
ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba “tareas de investigación” ilegales y
catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio
de Seguridad, en línea con el discurso de las petroleras, argumentó que las comunidad
realizan “usurpaciones” en campos hidrocarburíferos. Un centenar de
organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de
Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al
Pueblo Mapuche”. El texto, titulado La lucha indígena no es delito, cuestionó
al Gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones
territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado
privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
1° de septiembre de 2016. El juez federal Guido Otranto
determinó la nulidad del pedido de extradición impulsado por la justicia
chilena en contra del lonko Facundo Jones Huala. El gobernador Mario Das Neves
cuestionó el fallo: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con
delincuentes (en relación a mapuches)”. E instó a que la población desobedezca
al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez,
llevar a cabo este tipo de acciones”.
10 y 11 de enero 2017. Tres represiones en dos días sobre el
Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut
avanzaron con escopetas y gases lacrimógenos. El disparo en el cuello sobre
Fausto Emilio Jones Huala llegó a la prensa de Buenos Aires. Otro integrante de
la comunidad perdió un tímpano. No hubo víctimas fatales de casualidad.
21 de junio de 2017. Un centenar de efectivos de Gendarmería
ingresó a la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró
los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva
perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones,
solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y reclamaron
que se retiren del territorio indígena. Los efectivos impidieron que la
comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar
ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con
un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden
judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes
en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la
Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y
acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de
represión”.
Así fue “la inspección ocular” judicial al predio donde
asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje
fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica.
27 de junio. El lonko Facundo Jones Huala fue detenido horas
después de concluida la reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet en
Chile. El vecino país había solicitado la extradición de Jones Huala. El 31 de
julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de
Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron
reprimidos por la Gendarmería y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo.
Nueve personas fueron detenidas y una decena resultaron heridas.
1° de agosto.
Represión de Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen. Sin orden
judicial, ingresaron a territorio comunitario. Con la posterior desaparición y
muerte de Santiago Maldonado. En el lugar había estado el jefe de Gabinete del
Ministerio de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. Las
camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes.
18 de septiembre. Más de cien efectivos de Gendarmería
llegaron de madrugada hasta la comunidad Vuelta del Río (entre Esquel y El
Bolsón) en búsqueda de indicios de Santiago Maldonado. La brutalidad y
desproporción fueron la regla. Rompieron puertas, levantaron de forma violenta
a los integrantes de la comunidad, los mantuvieron precintados durante seis
horas a la intemperie, desde antes de la salida de sol y sin abrigos.
19 de septiembre. Más de 60 policías de la Uespo (Unidad
Especial de la Policía) ingresaron de forma violenta a la comunidad Fvta Xayen
en el paraje Tratayen (a 80 kilómetros de Neuquén capital), parte de Vaca
Muerta. Detuvieron al werken (vocero) Diego Rosales y a dos jóvenes de la
comunidad. “El aspecto más grave y urgente es que han plantado falsas ‘pruebas’
para ensuciar nuestra justa causa. Junto con el operativo ha aparecido armas y
drogas que servirán para un montaje repetido, el ‘maputerrorismo’“, denunció la
Confederación Mapuche.
20 de septiembre. Por la noche, cuatro sujetos quemaron la
casa de Marcelo Calfupán (de la comunidad Vuelta del Río) e intentaron lo mismo
con la vivienda del lonko, Rogelio Fermín.
23 de noviembre. Operativo con más de 300 efectivos sobre el
Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche). El operativo, ordenado
por el juez federal Gustavo Villanueva, fue realizado de madrugada. Se esposó a
mujeres durante horas e incluso se detuvo a los niños.
25 de noviembre. Asesinato de Rafael Nahuel en una represión
del Grupo Albatros de la Prefectura. La bala ingresó por la espalda.
28 de noviembre. Javier Cañio (de la comunidad Caniu) de
Buenos Aires Chico (El Maitén), fue demorado y retirado de su territorio por
dos móviles policiales para sacarle sangre, según la orden judicial que le
presentaron. El hecho se enmarca en la denuncia realizada por el grupo Benetton
en la causa del puestero que habría sido apuñalado en julio pasado. “Es un
claro acto intimidatorio”, sostuvo el propio Cañio en diálogo con la radio
comunitaria Kalewche.
Esa es la enumeración solo de un puñado de los acciones de
violencia contra el Pueblo Mapuche en el último año.en el último año.
Los discursos
Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad
de la Nación, días antes de la represión en la desapareció Santiago Maldonado:
“(Debemos) Empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los
miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia (…)
Sólo quieren generar caos y temor en la población (…). No tenemos nada que
dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos
presos”. Incluso afirmó que los mapuches estaban en contacto con “extremistas
kurdos”. Explicó que las fuerzas federales estaban articulando acciones junto a
la policía de Río Negro y de Chubut.
Reivindicó la figura de “flagrancia” (del Código Procesal) y
justificó que los efectivos actúen sin la intervención de un juez ante cortes
de ruta. También anunció la llegada de más efectivos a la Patagonia.
Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, la ministra
Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir
una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica
que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica
anarquista”.
El presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición de
Santiago Maldonado recién diez días después de la represión. Y tildó a la
comunidad mapuche: “poco democráticos y bastante violentos”.Luego del asesinato
de Rafael Nahuel, la ministra Bullrich respaldó de forma contundente a los
efectivos: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. No tenemos
que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada
de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo
violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes
días”.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, insistió en que los
mapuches atacaron y afirmó que siempre a los efectivos se les debe dar “el
beneficio de la duda (…). Si no le damos el beneficio de la duda no le damos la
posibilidad de que defienda a los ciudadanos”.
En declaraciones al diario Ámbito Financiero, justificó
además el uso de balas de plomo: “Son legítimamente usadas por las fuerzas de
seguridad. Ellos tienen la legitimidad para actuar ante un ataque y así lo hicieron”.
El relato
Los gobernadores y funcionarios provinciales también
mantuvieron un discurso represivo para con los mapuches. El ministro de
Gobierno de Chubut, Pablo Durán, luego de la represión de enero contra la
comunidad en Resistencia de Cushamen calificó de terroristas a la RAM
(Resistencia Ancestral Mapuche), aunque la comunidad había aclarado en
numerosas oportunidades que no pertenecían a esa organización.
Durán anticipó que Chubut “va a endurecer las posiciones”
frente a los cortes de ruta y explicó que junto a Río Negro “programarán tareas
de inteligencia y protocolos de actuación” ante las comunidades. También
adelantó que exigirán “mayor firmeza a las autoridades judiciales”. El ministro
chubutense criticó a la justicia provincial y federal porque “hay sospechosos
que siguen libres” y advirtió que es “difícil prever los blancos de ataque del
terrorismo mapuche”. El 25 de julio volvió a referirse a los mapuches: “Son un
grupo de delincuentes”.
El fantasma de la RAM
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una organización
fantasma. No se conocen sus líderes, su historia ni su proyección. Sí hubo
incendios y sabotajes de encapuchados que luego dejan pintadas de RAM o
prolijos panfletos con la sigla, reivindicando el atentado, auto
incriminándose.
La única persona que señaló haber pertenecido a la RAM es
Facundo Jones Huala. Justificó su accionar. Pero afirmó que “hace años” no
participaba más.
La estrategia política y mediática fue que todo lo mapuche
sea igual a RAM. Aunque las comunidades aclarecen no saber quiénes son y no
pertenecer a la organización, funcionarios y periodistas lo usan como
sinónimos.
A cada comunidad que se le preguntó siempre respondió lo
mismo: “No somos de la RAM. No conocemos a la RAM”.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches
emitió un duro comunicado: Frente al drama o grotesco llamado Resistencia
Ancestral Mapuche.
“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM.
La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma
de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche
reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación
de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del
Parlamento Pueblo Mapuche Chewelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche
Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Santa
Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una
expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se
responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones
materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente
parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad
de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de
represión”.
Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el
diálogo cómo forma de resolución de conflictos.
“Cómo es posible que panfletos absurdos que reivindican
violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios
públicos, sean propios de personas que se identifican con una historia como la
mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de
inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de
aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que
justifica una política represora”.
Afirmaron que el pueblo mapuche tiene “decenas de
autoridades procesadas”, con órdenes de desalojos ya dictadas y próximas a
ejecutarse. Reivindicaron la defensa de territorios indígenas mediante cortes
de ruta, bloqueos a locaciones, “acciones legítimas y legales que nunca llegan
a agresiones físicas, ni a jugar con lo más valioso que defendemos que es la
vida”.
Explicaron que cada pu Lof o Lofce (comunidades) tiene sus
propias autoridades originarias (Lonko, kona, werken). No existe una sola
autoridad ni una organización que decida por todas las comunidades. La
Confederación Mapuche Neuquina está conformada por más de 60 comunidades que se
encuentran en las distintas zonales (Xavnko, Centro, Willice, Pewenche y
Lafkence). La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chewelche en Río
Negro la componemos más de 145 Comunidades de las cuatro regiones (Andina, Sur,
Atlántica y Alto Valle). “No existe una sola forma de organización que lleve la
voz de las comunidades, nuestros mayores nos han trasmitido que tenemos
diversidades territoriales, pero siempre convencidos de un principio que nos
une la defensa y la lucha por nuestro territorio”.
Repudiaron la instalación de mineras, petroleras,
hidroeléctricas y forestales. “No vamos a entregar el territorio ni vamos a
permitir que ingrese ninguna multinacional a destrozar nuestros elementos
naturales que por vida hemos resguardado y cuidado para las presentes y futuras
generaciones”. Exigieron una política de reparación histórica y regularización
territorial.
Chilenización
El discurso oficial
es que las comunidades mapuches de Argentina adoptan formas organizativas y “violentas”
similares a las de Chile. No hay pruebas reales de eso. Pero sí hay indicios de
que el gobierno de Argentina adopta lo que en Chile es política de Estado hace
décadas: construcción de enemigo interno, criminalización de la lucha mapuche y
ley antiterrorista.
Macri se reunió con su par de Chile (Bachelet) en junio. El
oficialista diario Clarín consignó que hablaron de la situación de las
comunidades mapuches. El subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy,
visitó Argentina el 29 de septiembre. Se reunió con Patricia Bullrich y el tema
central fue la situación del pueblo mapuche.
“No sabemos bien en qué momento la administración macrista
asumió el garrote como una posibilidad real (…) Es posible que la chilenización
de la política indígena no haya sido programada sino que sea una consecuencia,
por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el sector duro de la
política policial, representado en la figura de Patricia Bullrich”, señaló
Felipe Gutiérrez Ríos, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y del
portal de noticias Mapuexpress.
La embestida judicial
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció penalmente a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su jefe de Gabinete, Pablo
Noceti, el 30 de noviembre. La organización aportó pruebas de que Gendarmería
Nacional ingresó a territorio mapuche (en Vaca Muerta) sin autorización
judicial. “Se dispuso el uso de la fuerza pública por simple orden política. El
caso reviste extrema gravedad, y compromete seriamente la responsabilidad penal
de Bullrich y Noceti, ya que devela la existencia de un plan de acción
deliberado desde la cartera de Seguridad, consistente en utilizar en forma
discrecional la fuerza pública sin contar con la autorización judicial,
vulnerando garantías constitucionales, afectando derechos humanos fundamentales
y poniendo en vilo la vigencia del Estado de derecho”, explicó la Confederación
Mapuche.
Jorge Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche, en diálogo con radio Universidad
Calf explicó que formularon la denuncia penal por “la embestida judicial que
hay contra el pueblo mapuche, que se viene traduciendo en numerosas causas
jurídicas, en desalojos violentos y en casos de muerte, que era algo que
nosotros pensábamos que nunca iba a llegar a ese extremo”.
Así fue “la inspección ocular” judicial al predio donde
asesinaron a Rafael Nahuel. Editamos la secuencia cronológicamente. Reportaje
fotográfico realizado por Foto Viojf para revista Cítrica.
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