Es por la causa del presunto
encubrimiento del atentado a la AMIA por la que fuera denunciada por el fiscal
Alberto Nisman antes de ser encontrado sin vida en su departamento horas antes
de tener que presentarse en el Congreso. Además, le fijó un embargo por 50
millones de pesos
El juez federal Claudio Bonadio
procesó hoy con prisión preventiva, pidió el desafuero y embargó por 50
millones de pesos a la ex presidenta Cristina Kirchner, al procesarla por
supuesta "traición a la Patria" y encubrimiento agravado" del
atentado a la AMIA.
Bonadio procesó además con
preventiva por los mismos delitos y con el mismo embargo al ex canciller Héctor
Timerman pero le concedió prisión domiciliaria por razones de salud, entre
otros acusados, en la investigación abierta a raíz de la denuncia del fallecido
fiscal Alberto Nisman.
Además, dictó el procesamiento
con preventiva y detuvo a Carlos Zannini, Jorge Khalil y Luis D'Elía, mientras
que las fuerzas de seguridad buscaban a Fernando Esteche, sobre quien también
pesa orden de captura.
Según fundamentó Bonadio respecto
de las detenciones, "es posible sostener que" Timerman, Khalil,
Esteche, D'Elía, Zannini y Cristina Fernández "atento a sus vínculos,
siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad
podrían entorpecer el accionar judicial".
Sin prisión preventiva y por los
mismos delitos quedaron procesados Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Andrés
Larroque, Angelina Abbona y Alan Bogado.
En su fallo el juez dio por
probada la "existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad
normalizar la relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar
la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní", buscados por el
atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.
"Estos funcionarios del
Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que
ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y
los de las personas damnificadas por los atentados", sentenció el juez.
Para ello elaboraron el
Memorandum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha "en
miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní
imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las
relaciones entre ambos Estados", dice el fallo.
"Este plan fue orquestado y
puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner"
junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.
Sobre la ex Presidenta, Bonadio
remarcó que "la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto
de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman".
La investigación se abrió a raíz
de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015,
cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación.
A la actual senadora electa Bonadio
le dictó el procesamiento con prisión preventiva y la embargó por 50 millones
de pesos como coautora de "traición a la patria, encubrimiento agravado y
estorbo" de la justicia, esto último en relación a los vínculos que aún
conserva y podrían entorpecer la pesquisa.
Por ello pidió su desafuero para
detenerla por considerar que puede entorpecer la investigación a raíz de sus
contactos.
"Solicítese al Honorable
Senado de la Nación, el desafuero de Cristina Elisabet Fernández, con el fin de
cumplir con la prisión preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución
Nacional y artículo 1° de la ley N° 25.320)", solicitó en un oficio
enviado hoy a la Cámara Alta.
"Por lo menos a partir del
año 2010, el gobierno que presidió Cristina Elisabet Fernández exteriorizó un
cambio de postura política frente al caso AMIA, diametralmente opuesto al
adoptado desde que ocurrió el atentado", remarcó el fallo.
Y lo hizo al aceptar pedidos de
ese país rechazados anteriormente "por tener como fin buscar una salida
política a la causa AMIA y lograr desincriminar a ese estado y a los acusados
por el atentado".
Según sostuvo Bonadio, para
consumar el delito se tramitó la firma del fallido Memorándum de Entendimiento
entre Argentina e Irán, que fue aprobado por el Congreso Nacional pero luego la
justicia declaró inconstitucional.
Para ello "nunca se le dio
intervención a ninguna autoridad judicial de nuestro país vinculada a la causa
AMIA, ni tampoco existieron diligencias tendientes a contar con la conformidad
del Máximo Tribunal para llevar a cabo las medidas previstas en el memorando de
entendimiento", agregó.
"Las pruebas recolectadas a
lo largo de la presente, demuestran que los imputados utilizaron diferentes
órganos del estado (en este caso el Congreso) para aparentar la legalidad del
memorando y sus “buenas intenciones”, todo con el propósito de conseguir la
aprobación del mismo", se sostuvo.
Para Bonadio es "a todas
luces falso" sostener que el memorándum de entendimiento "nunca tuvo
vigencia" porque, según recordó, Interpol agregó una leyenda a las órdenes
de captura contra cinco iraníes donde se advertía de la existencia de una
negociación entre ambos países.
Nisman denunció a la ex
presidenta y a la mayor parte de los ahora procesados en enero de 2015, días
antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su
departamento de Puerto Madero.
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