Magnetto y Mitre suman motivos para el brindis
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| Imagen: DyN |
El CEO del Grupo Clarín, beneficiado la semana pasada por la
aprobación de la fusión con Telecom, recibió ahora un regalo de la Corte
Suprema: su sobreseimiento firme en la causa por la apropiación ilegal de la
empresa Papel Prensa durante la dictadura. También fue sobreseído Bartolomé
Mitre, de La Nación.
La Corte Suprema de Justicia le puso punto final a la causa
por la apropiación ilegal de Papel Prensa al confirmar los sobreseimientos de
Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y de Bartolomé Mitre, directivo del
diario La Nación. El máximo tribunal del país eligió no tratar el tema de fondo
y declaró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por Lidia Papaleo,
sobreviviente del circuito Camps y viuda de David Graiver, dueño de Papel Prensa
hasta el 7 de agosto de 1976, cuando murió en un accidente aéreo.
Hace casi un año el juez Julián Ercolini decidía el
sobreseimiento en primera instancia para Magnetto, Mitre y Ernestina Herrera de
Noble, una de las propietarias del multimedio, fallecida en junio de este año.
Los tres estaban acusados por el “desapoderamiento extorsivo” de la empresa
Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura.
Ercolini, que demoró la causa durante cinco años y rechazó
llamar a declaración indagatoria a Magnetto, Noble y Mitre, entendió que la
venta de la principal productora de papel
a los diarios La Nación, Clarín y La Razón no se realizó a precio vil y
que no hubo vínculo entre esa operación y los delitos de lesa humanidad
sufridos por familiares y allegados a Graiver. En cambio, vinculó las
“coacciones, intimidaciones y amenazas” que recibieron hasta ese momento a
“deudas previas o por relaciones entre el grupo empresario y la agrupación
Montoneros”.
En mayo de este año la Sala I de la Cámara Federal porteña
confirmó los sobreseimientos y, a pesar de considerar acreditada la persecución
a la familia Graiver para vender las acciones de la empresa, no consideró
responsables de la apropiación a los empresarios de Clarín y La Nación, los
grandes beneficiarios de esa operación.
La venta se concretó en noviembre de 1976 durante una
reunión en las oficinas de La Nación. Según declaró a la periodista Graciela
Mochkovsky el general José Villareal, secretario del Ejército e íntimo
colaborador del dictador Jorge Rafael Videla, fue la propia junta militar la
que le propuso a los dueños de La Nación, Clarín y La Razón hacerse cargo de
Papel Prensa.
Lidia Papaleo contó que durante la reunión a la que fueron convocados los
integrantes de la familia Graiver, estuvo en un cuarto aparte con Héctor
Magnetto, quien le dijo: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”.
Ercolini y la Cámara desestimaron ese punto porque no hubo otros testigos de la
misma reunión que lo corroboraran y en cambio describieron “un clima cordial y
relajado”. El 14 de marzo de 1977 Papaleo fue secuestrada y sufrió torturas en
centros clandestinos del Circuito Camps. Su desaparición ocurrió diez días
después de concretada una asamblea en la que la sociedad denominada Fábrica
Argentina de Papel para Diarios –FAPEL, integrada por Clarín, La Nación y La
Razón-- cediera las acciones de Papel Prensa a los tres diarios y concretara la
maniobra de traspaso de la compañía.
Ante la decisión de no apelar tomada por la Secretaría de
Derechos Humanos al mando de Claudio Avruj, sumada a la postura del fiscal ante
la Cámara Federal, Germán Moldes, de desistir del recurso de apelación, la
querella de Lidia Papaleo apeló ante Casación. Esa instancia desestimó el
recurso, dejando como última opción recurrir en queja a la Corte Suprema.
Al igual que Casación, la Corte también eligió no tratar el
planteo. En una resolución de una carilla con las firmas del presidente del
tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio
Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal declaró “inadmisible” la
apelación y se escudó en el artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial
que la habilita a no dar tratamiento a un recurso extraordinario “por falta de
agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren
insustanciales o carentes de trascendencia”. De esta manera, con una resolución
de solo una carilla y sin tocar el tema de fondo, confirmó la impunidad para
uno de los casos emblemáticos de la complicidad civil con los crímenes de la
dictadura.
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