Crisis política y social en la provincia. Movilizaciones y
brutal represión del gobierno de la Alianza (De la Rúa-Álvarez). Dos muertos y
una treintena de heridos.
Pasadas las 3 de la madrugada del 18 de diciembre de 1999 la
Gendarmería Nacional enviada por el gobierno de la Alianza (De la Rúa-Álvarez)
–que asumiera sus funciones a tan sólo siete días– inicia una brutal represión
en el puente General Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. A
las 9,15 muere el cartonero Francisco Escobar, quien se hallaba de regreso a su
hogar. A las 13,15 muere Mauro Ojeda, un adolescente que había acudido al lugar
en horas tempranas. Más de una treintena de heridos, registrados y no
registrados en hospitales y sanatorios, completan el trágico saldo de una
jornada inolvidable.
Corrientes en la
tormenta política
Los trágicos hechos por los cuales se promovieran acciones
judiciales en el 2001 contra el Estado Nacional y los responsables materiales e
intelectuales de la sangrienta represión llevada a cabo por las fuerzas de
Gendarmería Nacional contra un grupo de manifestantes que cortaban el tránsito
del puente General Manuel Belgrano acontecieron cuando el gobierno de De la
Rúa-Álvarez había decidido la intervención federal del Ejecutivo provincial.
Unos días antes, el 11 de diciembre, el entonces Procurador Fiscal Federal
Emilio Pont Riera formulaba ante el Juez Federal Carlos V. Soto Dávila el
requerimiento de Instrucción formal a raíz de la toma del puente efectuada por
un grupo de manifestantes representativos de distintos sectores de la comunidad
que desde fines de 1998 reclamaban el cumplimiento de la agenda salarial de la
administración provincial y denunciaban la crítica situación económica, social
y política de la provincia.
Meses antes, el 7 de junio de 1999, alrededor de 40.000
personas habían tomado el puente General Belgrano. Dicha vía estuvo cortada
varias horas y luego los manifestantes se dirigieron a la Plaza 25 de Mayo de
la ciudad capitalina. Allí, en el perímetro de la plaza, ante el epicentro del
poder provincial y municipal, se instalaron carpas y toldos donde referentes y
representantes de los autoconvocados, sumarían voluntades a lo que se dio en
llamar “el aguante”. Carpas de docentes, empleados públicos, jubilados,
estudiantes y militantes partidarios, acompañados por gran parte de la sociedad
y asimismo por sectores de desocupados.
Un poco de historia
A fines de 1998 había sucedido a Raúl Rolando “Tato” Romero
Feris el dirigente Pedro Braillard Poccard, de la misma casta partidaria. En
esa época se empiezan a sentir las primeras consecuencias fuertes del
desfinanciamiento estatal, producto de una serie de endeudamientos que habían
puesto a la provincia en cesación de pagos. Por primera vez grandes sectores de
asalariados se manifiestan en las calles correntinas en reclamo de sus
remuneraciones atrasadas, convocándose espontáneamente al margen de las
estructuras sindicales. Se llaman a sí mismo “autoconvocados”.
El 14 de junio de 1999 renuncia el gabinete provincial en
pleno. El 19 de junio es suspendido el gobernador por imperio del mecanismo de
juicio político. Ingresa el pedido de intervención al municipio de la ciudad de
Corrientes. Asume el gobierno de la provincia el vicegobernador Víctor Hugo
Maidana. El 2 de julio es separado de su cargo y asume el gobierno el senador
Hugo Perié dando inicio a un gobierno de coalición de partidos opositores al
Partido Nuevo.
Pocos días después, el pueblo correntino vuelve a tomar el
puente para exigir asistencia financiera del gobierno nacional ante el fracaso
en este sentido de la coalición gobernante. Miles de personas protagonizarían
una larga jornada de lucha. El puente Gral. Belgrano fue tomado el día 27 de
julio y desalojado por Gendarmería Nacional al mediodía del día 28 tras una
fuerte represión que dejó como saldo varios heridos. Fue el primer hecho de
violencia relevante que sufrieron los autoconvocados y la primera muestra de
que el gobierno de Perié no era sino “más de lo mismo”. Era evidente que los
sectores populares ya no se conformaban con el mero cambio “para que nada
cambie”. Exigían otro tipo de política, no gatopardista, inclusiva de las
mayorías postergadas, reivindicado la necesidad de una participación ciudadana
genuina y repudiando la democracia puramente nominal que para entonces había
caído en crisis.
El 24 de agosto es encontrado en la vía pública el cadáver
de un joven productor que participaba activamente, junto a su familia, del
“aguante” en la Plaza 25 de Mayo que los autoconvocados habían antes bautizado
“Plaza de la Dignidad”. Este joven, Gustavo Javier Gómez, se convertiría en
símbolo y bandera de lucha contra la represión policial e institucional en
Corrientes, llevándose a cabo una semana después del crimen la primera “Marcha
por la Justicia” a la cual seguirían a partir de ese momento otras marchas
todos los días martes por casos similares siempre con compromiso institucional.
En diciembre de 1999 los empleados públicos acumulaban un
atraso salarial equivalente a más de cuatro meses. En este contexto, el
Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) convoca a otra toma del puente a
producirse el 10 de diciembre, día en que asumirían en el país la fórmula De la
Rúa-Álvarez, la cual había concitado gran expectativa en un importante sector
de la comunidad correntina. Quien sería nombrado ministro del Interior,
Federico Storani, había presentado un proyecto de ayuda extraordinaria para la
provincia de Corrientes y había gran expectativa sobre ello. Por esta razón, el
corte del día 10 no fue más que “simbólico”.
Pero con el correr del tiempo los ánimos estaban muy
caldeados, ya que las propuestas del gobierno nacional no llegaban. Y la
tensión aumentó cuando el 13 de diciembre se anunció el desembarco de tropas de
Gendarmería Nacional cuya orden era desalojar el Puente por medio del uso de la
fuerza. Los correntinos ya habían tenido experiencia de represión en el puente
y estaban precavidos: se colocaron vallas de cubiertas de automóviles rociadas
con combustible con el objetivo de incendiarlas para contener a las fuerzas de
Gendarmería el tiempo suficiente con el fin de evitar estampidas y facilitar un
descenso ordenado hacia la “Plaza de la Dignidad”. La Gendarmería avanzó con
alrededor de cuatrocientos hombres pero no pudo superar los vallados que se
habían convertido en impresionantes llamaradas apreciables a varios kilómetros
del lugar, por lo que se suspendió la orden de desalojo y empezaba a hablarse
de un principio de negociación.
En medio de estas circunstancias el senado eligió un nuevo
vicepresidente del cuerpo que a la sazón devendría en el nuevo gobernador
provincial. Éste “nuevo gobernador”, Carlos Tomasella, había salido del Partido
Liberal, en el contexto de la lábil complexión del gobierno de coalición. Por
otro lado, el gobernador a cargo, el senador Hugo Perié, se negaba a abandonar
el cargo con el argumento de que al ser desalojado definitivamente del poder el
gobierno de Braillard Poccard–Maidana él dejaba de ser parlamentario para ser
de facto gobernador interino hasta tanto fuera suplantado por un gobernador
electo en las urnas. Por supuesto, ninguno de los “dos gobernadores” contaba
con apoyo popular. Finalmente, la decisión política del gobierno nacional
llega: la represión.
Algunos indicadores
socioeconómicos de la provincia de Corrientes
Según datos de un estudio efectuado en noviembre de 1999 por
la consultora Equipos de Investigación Social (Equis), dirigida por el
Licenciado Artemio López, pueden resultar ilustrativos para poner de relieve el
alcance de la crisis referida, que afectaba no sólo a los llamados
autoconvocados sino a la sociedad correntina en su conjunto. Entre los meses de
octubre de 1998 y 1999 se habían destruido 8.140 puestos de trabajo en la
provincia. La tasa de desocupación trepó en ese lapso desde el 12 al 13,8 por
ciento, pese a que 2.640 personas se retiraron del mercado de trabajo,
desalentadas por la imposibilidad de conseguir empleo. En números absolutos
había –en octubre de 1999- 44.500 desocupados en la provincia, sobre una
población económicamente activa de 322.760 personas. La población total de la
provincia ascendía a 909.107 habitantes. La subocupación era del 9,4 por
ciento, lo cual llevaba el total de personas “con severos problemas de empleo”
(desocupados y subocupados) a 74.850, es decir, el 23,2 por ciento de la
población económicamente activa. Pero además, entre los ocupados, un 34,8 por
ciento (69.000 trabajadores) carecía de beneficios sociales, síntoma evidente
de precarización laboral y trabajo en negro, según reza el citado informe. Y el
35 por ciento de los trabajadores se desempeñaba en la administración pública.
La distribución del ingreso en la provincia era una de las más regresivas del
país: el 27 por ciento de la población debía conformarse con el 6,8 por ciento
del ingreso, mientras que el 6,2 por ciento se apropiaba del 29,5. El 15 por
ciento de la población recibía 36 pesos por mes y por persona, el privilegiado
6,2 por ciento obtenía 2.590 mensuales per cápita. Tomando el 40 por ciento más
pobre de la población, su ingreso promedio era de 60 pesos por mes (la sexta
peor distribución del ingreso del país en términos de regresividad).
A mediados de 1999, el Banco Mundial hizo un relevamiento
sobre pobreza e indigencia en la provincia: sus resultados ubicaban al 57,3 por
ciento de la población (510.975 personas) por debajo de la línea de pobreza,
fijada en 490 pesos para un hogar de cuatro miembros. Debajo de la línea de
indigencia, situada en 240 pesos por mes para cuatro personas estaban 150.930
personas, las cuales enfrentaban severos riesgos de alimentación y sobrevida.
El 10 por ciento de la población vivía en condiciones de hacinamiento –tres o
más personas por cuarto-; el 18,9 por ciento (172.000 personas) carecía de
servicios sanitarios adecuados y el 8,6 por ciento (78.000 personas) habitaba
“viviendas no aptas”, con paredes de chapa o cartón. La situación de la
infancia era crítica, según los datos del Banco Mundial: nada menos que el 71,2
por ciento de los menores de 14 años (195.000 chicos) estaban por debajo de la
línea de pobreza; el 23,4 (64.000 chicos) era indigente. En la capital
correntina, 11 de cada cien chicos nacían con peso insuficiente. El porcentaje
exacto era de 11,4 y pesaban menos de 2.500 gramos en el momento de su
nacimiento. Era el segundo índice más elevado del país, sólo superado por la
vecina Resistencia, capital de la provincia del Chaco, con 12,3.
Todo esto en el marco de una provincia con una deuda
impagable de mil quinientos millones de dólares, que no podía hacer frente a
las erogaciones más elementales de la administración, incluidos los sueldos de
los empleados públicos, que registraban atrasos de hasta cuatro y cinco meses
en la percepción de sus haberes. Por supuesto que la situación de Corrientes se
enmarcaba en el contexto de la crisis socioeconómica de la Argentina, agudizada
por un proceso de ajuste estructural, profundizando la exclusión social y
generando una sociedad cada vez más desigual. Nadie puede sorprenderse,
entonces, que los años que transcurrieron desde 1997 a la actualidad se hayan
caracterizado por un importante aumento de las protestas y movilizaciones sociales,
siendo los cortes de ruta la modalidad de reclamo más elegida a lo largo de
todo el país, transformándose en un canal normal y legítimo de protesta ante el
evidente fracaso de los métodos tradicionales de expresión y de petición a las
autoridades públicas.
La respuesta institucional a la protesta social se ha
caracterizado sistemáticamente por la represión, judicialización y
criminalización de los involucrados. El puente que une materialmente a
Corrientes y Chaco no sólo es una vía de comunicación o una obra
arquitectónica; simbólicamente, además, reunió a dos modos presuntamente
distintos de hacer política –el menemismo y los sectores más conservadores de
la Alianza- bajo el manto protector que significaba hacer perdurar el injusto
modelo económico y social a cualquier precio, con la convertibilidad y el
ajuste constante como estandartes. Demostró al mismo tiempo cual sería la
tónica de la administración delarruista al responder a conflictos similares: el
presidente De la Rúa inició su gobierno reprimiendo y terminó de la misma
manera.
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