Según explicaron desde el Gobierno, la resolución es
para revertir la "situación de peligro colectivo" para combatir el
narcotráfico y el crimen organizado.
También incluye la polémica "ley de derribo".
La medida se conoció esta tarde y puede ser prorrogada al
término de un año. según establece el decreto.
"va en sintonía con las metas esenciales que estableció
el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de
delitos graves", indica un comunicado distribuido esta tarde en la Sala de
Periodistas de Casa de Gobierno que reprodujo la agencia Télam.
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico
y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y
contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las
actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código
Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo
Código).
Del mismo modo se refiere a los delitos relativos a las
asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con
fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública
(artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código
Penal).
Además consigna los delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del
terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código
Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de
personas (Ley 26.364).
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de
Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en
todos los medios de transporte aéreos.
También concede la adquisición del material indispensable
para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los
espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Crea además el gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su
cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la
Emergencia.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal
retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria
que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente
procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.
También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder
Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema
información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación
Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de
Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas
primarias aduaneras.
A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que
reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata
las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la
Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control”
fronterizo.
También dispone el levantamiento del secreto militar de las
reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido
por el decreto 2415 del año 2014.
El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección
Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a
identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso)
a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino.
Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan
entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el
territorio nacional
Con el decreto de Ley
de Derribo, Macri estableció la pena de muerte ante sospechas
Sin intervención judicial ni de ningún tipo, las Fuerzas
Armadas podrán derribar aviones cuando así lo consideren necesario si se
encontrara el país en "riesgo". El criterio será definido por los
uniformados y funcionará como una pena de muerte para ocupantes de aeronaves
sospechosas.
Macri, con la Ley de Derribo, estableció la pena de muerte
para los ocupantes de aquellas aeronaves que se sospeche estén cometiendo un
delito, por ejemplo, narcotráfico. Sin intervención judiciales y ante
la sola presunción de actividad ilícita, las Fuerzas Armadas podrán derribar un
avión y así dar muerte a sus ocupantes.
El debate sobre la Ley de Derribo fue impulsado por Sergio
Massa, otro de los impulsores de dar muerte a delincuentes sin juicio previo,
algo que según el ordenamiento jurídico argentino está prohibido.
Si bien la Constitución Nacional sólo prohibe la pena de
muerte por motivos políticos, ésta fue eliminada del Código Penal. En
un tratado firmado con la Convención Interamericana de Derechos Humanos que
tiene rango Constitucional, se prohibió que aquellos países que ya hubieran
eliminado la pena de muerte, volvieran a instaurarla.
La pena de muerte en Argentina está prohibida en su
ordenamiento jurídico y el macrismo, por decreto, decidió instaurar la Ley de
Derribo que consiste en derribar aviones ante la sospecha de que sus
integrantes podrían cometer un delito. Derribar un avión equivale a dar
muerte a sus ocupantes.
Dentro del marco de la declaración de emergencia en
Seguridad en todo el territorio, Mauricio Macri decretó que será un uniformado
de las Fuerzas Armadas quien decidirá si los ocupantes de un avión morirán o
no. Dice el comunicado de Presidencia: "El decreto establece la aprobación
de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las
FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la
fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo
Argentino. Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan
entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el
territorio nacional".
Se trata del establecimiento de la pena de muerte sin juicio
previo. Un grave retroceso para la Argentina.
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