La democracia asiste impasible a
su propio retroceso. Tarde, los argentinos descubren que durante los años que
los fundamentalistas de la Constitución fueron oposición y reclamaron mayor
“calidad institucional”, tenían los dedos cruzados, en posición “pido”.
La democracia asiste impasible a
su propio retroceso. Tarde, los argentinos descubren que durante los años que
los fundamentalistas de la Constitución fueron oposición y reclamaron mayor
“calidad institucional”, tenían los dedos cruzados, en posición “pido”.
El pasado martes, el gobierno
dictó dos nuevos decretos de necesidad y urgencia en relación con la justicia.
Mientras uno establece la suspensión del Código Procesal Penal, sancionado por
ambas cámaras legislativas y cuya implementación estaba prevista para el
próximo 1 de marzo, el restante ordena el traslado del Departamento de
Interceptación y captación de las Comunicaciones (DICOM), del Ministerio
Público Fiscal de la Nación (MPF) a la Corte Suprema, contrariando las
previsiones de la ley de inteligencia nacional, promulgada en marzo de este
año, y que accedió a transparentar esa sensible área de producción de pruebas
en materia penal y a democratizar su funcionamiento, otorgándole a un órgano
extra poder como lo es el MPF, la facultad de su control.
Horas después de la publicación
de ambas disposiciones el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó en “forma
definitiva por falta de pruebas” al presidente Mauricio Macri en la causa por
las escuchas telefónicas ilegales en las que estuvo procesado cinco años.
¿Casualidades u otra devolución de gentilezas, como con Clarín, los sojeros y
quizá los más famosos presos del mundo escapados por la puerta del penal de
General Alvear, aunque esta vez a los jueces, especialmente los federales, que
tomaron como una afrenta y una amenaza a su sistema de acumulación de poder
propio la sanción del nuevo Código y la prohibición del adulterio entre jueces
y agentes de inteligencia?
Ambos decretos “de necesidad y
urgencia” vulneran un precepto constitucional: toda normativa en materia penal
es facultad excluyente del Congreso. Y que nadie se confunda: no hay reuniones
del Congreso porque el presidente en ejercicio decidió no convocarlo a
sesionar, pudiendo hacerlo en calidad de extraordinario. Si hay necesidad y
urgencia de nombrar a dos ministros en la Corte, de suspender la Ley de Medios,
de devolver las escuchas telefónicas a los agentes de la SIDE, y de regresar
todo el poder a los jueces, dando vía libre a sus vicios corporativos, entonces
lo necesario y urgente en convocar a los legisladores y abrir el Parlamento.
Porque es el consenso entre las fuerzas políticas lo que debe primar cuando se
trata de evaluar tantas y tan sensibles modificaciones al funcionamiento
institucional de un país. Al menos así ocurre en una República.
Sin embargo, la Corte Suprema
postergó el traspaso hasta el 15 de febrero de 2016 “sin perjuicio de la
evaluación que pueda efectuar sobre la validez del Decreto 256/2015 en
ejercicio de sus facultades constitucionales”. Así, el Tribunal no observó tal
necesidad y urgencia, y abrió una ventana a la inconstitucionalidad del
decreto.
A propósito, resulta notable que
los primeros cuestionamientos al DNU sobre las escuchas hayan sido de los
trabajadores judiciales. En efecto, el decreto presidencial fijó que el
traslado del área, de la órbita del MPF a la de la Corte, incluyera la
transferencia de “su personal, sus bienes y su presupuesto”, como si los
trabajadores fueran muebles, o pudieran ser inventariados.
Esos trabajadores, señor
presidente de la Nación, son precisamente eso: trabajadores. Tienen derechos,
no como los armarios. Los amparan las leyes laborales, no como a las sillas
ergonómicas. No son seres inanimados, como una computadora programable;
desempeñan un rol social desde su especificidad laboral, que mal podrían
cumplir si permitieran que otro poder del Estado avanzara alevosamente sobre
uno de sus más elementales derechos como trabajadores: mantener su empleador,
preservar sus condiciones de trabajo y su vínculo de contratación.
Esos trabajadores forman parte
del plantel del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Deben reportarse, en
última instancia, a Alejandra Gils Carbó, no a Jaime Stiuso. Deben velar por el
cumplimiento de las normas y la Constitución, no observar obediencia a oscuros
agentes de inteligencia, que ocultos tras los generosos cortinados que Daniel
Angelici les ofrece en Boca, se frotan las manos y sueñan con volver al
edificio de avenida De los Incas.
La intervención de los
trabajadores judiciales en el conflicto abierto que el gobierno mantiene con la
democracia, no es un detalle menor, y cobra sentido porque uno de los
argumentos del macrismo en su forzamiento de los límites que impone la división
de poderes fueron dados por Julio Piumato.
Para derrocar el nuevo Código,
Macri argumentó la “magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido
advertida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Nuevo
Código Procesal Penal y por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación”,
dice el decreto. Cuánto tendrán que luchar los trabajadores judiciales para
desagraviar el nombre de ese gremio, que tiene una veintena de militantes
desaparecidos, y fue manchado una vez más y quizás en su punto más alto, en su
honorabilidad y compromiso con el pueblo y la democracia, y no con la rancia
corporación judicial. Jamás en la historia de ese sindicato se citó su nombre
entre los considerandos de un DNU presidencial, cuyo tenor y alcances bordean
formas solapadas, elegantes y sin dudas novedosas de golpismo institucional.
La traición de Piumato explica el
surgimiento de nuevas formas de representación gremial entre los judiciales.
Los trabajadores del MPF que laboran en DICOM recurrieron a SITRAJU (Sindicato
de Trabajadores Judiciales de la República Argentina), cuyas autoridades
realizaron una asamblea y se llevaron un mandato: luchar por mantenerles el
puesto de trabajo y las condiciones de ese empleo. Las medidas incluyeron un
comunicado de alerta, que trajo alivio a los trabajadores, y un petitorio
entregado a la Procuradora General de la Nación, quien horas más tarde y a
través de sus más allegados funcionarios se comprometió a “respetar las
condiciones de trabajo y a mantener su vínculo laboral con el MPF”, según la
declaración emitida por la seccional Nº 1 de ese gremio.
Sin dudas, lo mejor que puede
pasarle a la sociedad democrática violentada por gobernantes y jueces, es que
trabajadores judiciales y estatales asuman su rol social e histórico y se
comprometan con la legalidad desde su puesto de trabajo. Como todo lo que es
bueno y fuerte, el límite a la prepotencia de clase crece desde el pie.«
Fuente :Tiempo Argentino
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