La Emergencia de Seguridad
Pública anunciada por Mauricio Macri generó el repudio de diferentes actores de
la oposición y aliados del gobierno. Eduardo Barcesat analiza las violaciones
constitucionales del mismo.
Por Santiago Amillano – Desde
Neuquén
El abogado constitucionalista
Eduardo Barcesat analizó el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del
presidente, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública. Medida que puede
ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que la establece. En
declaraciones a Radio Universidad CALF de Neuquén, recordó que el poder
Ejecutivo no puede legislar a fuerza de Decreto en materia Penal.Barcesat
indicó que el avasallamiento del gobierno Nacional se puede solucionar de dos
maneras, por vía judicial y penal. Adelantó que el 1 de febrero impugnarán
todos los decretos, porque “no hay uno sólo que sobrepase el control de
Constitucionalidad”. “Estos DNU son más que suficiente para enjuiciamiento y
remoción por juicio político", sentenció.
El presidente Mauricio Macri dejó
a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de
reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
Según detalla el documento, "el decreto especifica delitos tales como
producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (ley 23.737), de
contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415), los
relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo
210 bis del código penal) o con una asociación ilítica terrorista (artículo 41
quinquies del mismo código)".
Por su lado, el secretario de
Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco, lejos de permitirse una autocrítica
justificó el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de “seguridad interior”.
En conferencia de prensa, se permitió sacar por debajo de la manga el comodín
de “la pesada herencia K” y justificó el permiso para derribar aviones diciendo
que ya "existía un protocolo de actuación". No obstante, cabe recordar
que sólo fue utilizado anteriormente por tiempo limitado, mientras se
desarrollaron cumbres internacionales en la Argentina.
Burzaco es el elegido por el
presidente Macri para reemplazar a Sergio Berni. Fue asesor del ex gobernador
de Neuquén Jorge Omar Sobisch y estaba en funciones cuando la policía asesinó
al docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. Estuvo a cargo de la
Policía Metropolitana tras la salida de Jorge “El Fino” Palacios; es
responsable por la represión del Parque Indoamericano de diciembre de 2010; y
cuenta con 1.040 denuncias en su contra, de organizaciones de Derechos Humanos.
Al ser entrevistado en Radio
UNC-CALF, Eduardo Barcesat aseguró que la utlización arbitraria e injustificada
de DNU “es una responsabilidad delictiva de quienes asesoran a Mauricio Macri,
diciéndole que puede violar la Constitución”. Agregó que tanto al presidente
como a sus asesores “hay que responsabilizarlos por traidores a la patria”. El
abogado recordó que los DNUs sólo pueden utilizarse cuando situaciones
excepcionales no permiten el procedimiento Constitucional para sancionar leyes
y que, aún justificados, están prohibidas cuatro materias: tributos, partidos
políticos, electoral y penal."Sepa la audiencia que esto va a ser llevado
al estrado judicial", sentenció Barcesat.
Eduardo Barcesat
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