La firma
cesanteó a unos 40 empleados, lo que generó un acampe frente a la planta
ubicada en Rosario. La justicia amenazó con usar la fuerza para desalojarlos, e
intentó imputar a los despedidos por “sabotaje y turbación”. Además, se conoció
un audio donde la fiscal de la causa “aconseja” a la empresa cómo hacer para
sacar a quienes reclaman. Si bien se evitó el desalojo, crece el clima de
tensión, y hoy hubo algunos enfrentamientos en la puerta de la planta.
Diego
Lanese / Especial para Gestión Sindical
Desde enero
de este año, la empresa de electrodomésticos Electrolux comenzó con un plan de
despidos en su panta de la localidad de Rosario, en Santa Fe. En enero fueron
20 cesantías, que se sumaron a otras 22 la semana pasada, lo que puso en alarma
al total de los trabajadores, que desde hace unos días acampan frente a la
planta reclamando al Ministerio de Trabajo provincial la conciliación
obligatoria.
En medio del
conflicto, una serie de hechos tensaron la situación, que por estas horas está
cerca de terminar en un escándalo político y judicial. Es que la justicia
intenta imputar penalmente a varios de los despedidos, y amenaza con desalojar
por la fuerza el acampe. En una de las audiencias, se filtró un audio donde la
propia fiscal de la causa “aconseja” a los abogados de la empresa de cómo
actuar en las negociaciones.
Esto generó
la indignación de los empleados, que pidieron que se la aparte. Luego de una
marcha multitudinaria protagonizada ayer martes por los trabajadores, el gremio
UOM y distintas organizaciones sociales, se frenó el desalojo del acampe, y se
abrió una instancia de diálogo para el próximo viernes. La empresa
multinacional tiene en total 800 empleados, y presentó un procedimiento
Preventivo de Crisis luego de realizar los últimos despidos.
El escándalo
en Electrolux pasó del ámbito laboral al judicial, cuando la fiscal Valeria
Haurigot decidió imputar a los despedidos que realizan un acampe frente a la
sede de la firma, en Batlle y Ordoñez de la localidad de Rosario, por los
delitos de “sabotaje y turbación”. El primero en ser acusado fue Lucas Tondo, quien
es además uno de los voceros de los trabajadores.
La misma
fiscal pidió el viernes pasado al juez Hernán Postma que se extienda la
acusación a otros 13 ex empleados, y que se ordene el desalojo del acampe que
se mantiene al frente de la planta. El magistrado desestimó ambas cuestiones
ayer martes, lo que fue considerado un triunfo de los trabajadores.
“Logramos
que el juez falle a favor nuestra, y exprese que la nuestra es una causa
laboral, y no habilitó el desalojo a la fiscal, por lo que logramos por lo
menos hasta la semana que viene que se corra del plano penal el conflicto”, le
dijo a Gestión Sindical Tondo.
La noticia
llegó luego de una multitudinaria marcha que fue desde Plaza 25 de Mayo hasta
Plaza San Martín, donde organizaciones sociales y de derechos Humanos
acompañaron el reclamos de los despedidos. Por la decisión del juez, por el
momento el único imputado judicialmente es Tondo.
“Fue una
jornada muy importante, para mostrar la solidaridad de la comunidad y ratificar
que no vamos a aceptar ni la represión ni los despidos”, agregó el vocero de
los cesanteados.
Pese a esto,
entre los empleados hay alarma, ya que el rol que está jugando la fiscal
Haurigot está lejos de ser imparcial, y apunta a avalar los despidos y el
accionar empresarial, no sólo por intentar imputar penalmente a los despedidos,
sino por su relación con los abogados y gerentes de Electorlux.
Esto quedó
expuesto por un audio que comenzó a circular ayer por la tarde, donde la
funcionaria judicial “aconseja” como actuar. El audio, al que tuvo acceso
Gestión Sindical, incluye una conversación entre el jefe de Planta de
Electrolux y la fiscal, adema de dos personas más.
El primero
anuncia que va a proteger el portón de la planta, con “dos camiones y una
persona de seguridad”. La fiscal Haurigot le contesta: “Más vale, hacelo.
Mientras no reprimas, vos podés protegerlo”. Además, se habla de hacer “una
entrada paralela” donde “tiene la cochera el gerente”. Allí, el abogado de la
empresa Jorge Ilharrescondo recuerda que “si tuvieras un quilombo, van a
obstruir la calle”, la fiscal contesta abiertamente: “Ahí estas de fiesta,
porque por obstrucción del tránsito llamá al 911”, abriendo nuevamente la
opción represiva.
La difusión
del audio generó mucha controversia, y agregó un condimento más a la tensión
que se vive en el marco del conflicto. “Nosotros pedidos que se aparte a la
fiscal por falta de parcialidad, por estos audios y sus actitudes. Además,
queda clara la convivencia de la justicia y la patronal”, remarcó Tondo. Sobre
los audios, la fiscal Haurigot defendió su tarea y respondió que fue “una
conversación privada”. El abogado de la empresa agregó que fue tomada
ilegalmente y que realizó una denuncia al respecto.
Cómo sigue
Por el
momento, el juez Postma mantiene su postura de no profundizar la
judicialización. En este punto, el accionar en tándem de las partes sorprende
incluso al gobierno provincial, que hasta el momento no se involucró del todo
en la situación. En la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, la propia
policía provincial entró al lugar para notificar a los empleados de las
acusaciones judiciales, algo que fue repudiado por distintos sectores.
Luego de
este nuevo escándalo, la cartera laboral convocó a una nueva audiencia para el
próximo viernes por la mañana. “Ese día pedimos a las organizaciones y los
trabajadores que nos acompañen, para mostrar que estamos unidos en esta pelea”,
dijo Tondo, que además recordó que al otro día, sábado 11, se realizará un
almuerzo en el acampe frente a la planta, como parte del segundo encuentro del
Comité de Solidaridad con los Despedidos de Electrolux.
Luego de
días de tensión, a la espera de la audiencia del viernes, que viene, este
jueves se vivió otra tarde de conflicto, y se agudizaron los cuestionamientos
al rol de la UOM en el conflicto. Es que la seccional local firmó el
Procedimiento Preventivo de Crisis presentado luego de los despidos, que
compromete a Electrolux a no realizar despidos en lo que queda del año, pero
que nada dice de la reincorporación de los 40 cesanteados. “El gremio lamenta
cada trabajador despedido.
El acuerdo
logrado es para que no haya más cesantías, pero es triste ver que compañeros
trabajadores pierden su fuente laboral”, mediante un comunicado el secretario
general de la UOM Rosario, Antonio Donello. Esta tarde, los despedidos
denunciaron que una patota del gremio intentó enfrentarse a quienes mantienen
el acampe. Hubo algunos empujones y golpes, y personas vinculadas al gremio
incluso habrían golpeado a mujeres que acompañan la lucha de los despedidos.
Desde el
acampe informaron a Gestión Sindical que “la policía intentó llevarse detenido
a uno de los despedidos”, y la patota sindical atacó con gente afín a la
empresa a los presentes. La situación volvió a mostrar lo peor de un conflicto
que promete nuevos capítulos y más tensión.
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