El poder del lobby que lava ordenanzas
Una ordenanza había prohibido el uso del agrotóxico, pero
tras semanas de presión sojera, el macrismo presentó un proyecto que, además de
anular esa disposición, habilita la aplicación de productos más tóxicos. Los
ambientalistas, en alerta.
Por Claudio Socolsky
El concejal Carlos Cardozo, impulsor de la modificación.
Desde Rosario
Organizaciones sociales y ambientales advirtieron ayer que
el proyecto de modificación de la ordenanza que prohibió el uso del glifosato,
que fue ingresado en la última sesión –no exenta de escándalo–, habilita la
aplicación de productos aún más tóxicas. “Consideramos lamentable que bajo el
conocido lema `si no te gustan mis principios, tengo otros’, los concejales
hayan dado marcha atrás a la loable decisión de proteger la salud y el ambiente
de la población rosarina, cediendo a las presiones del lobby sojero”, señalaron
los ambientalistas en un comunicado. Por su parte, el concejal Carlos Cardozo
(PRO), impulsor de la modificación que tratarán el martes Comisión de Ecología,
se excusó: “en cierta forma estábamos desinformados, nos apresuramos” en la
sanción de la ordenanza que había prohibido el uso del agrotóxico, dijo.
A través de un comunicado titulado “Vergüenza en el Concejo
de Rosario”, diez grupos ambientalistas señalaron que los concejales del Frente
Progresista (Verónica Irízar, Enrique Estévez, Carlos Comi, Sebastián Chale,
Aldo Pedro Poy, Martín Rosúa, Daniela León), del Pro (Alejandro Roselló,
Agustina Bouza, Renata Ghilotti, Gabriel Chumpitaz, Carlos Cardozo) y sus
aliados (Diego Giuliano, Carlos Cossia, Jorge Boasso) consumaron “un mamarracho
jurídico administrativo con el objetivo de echar por tierra la ordenanza votada
unánimemente el 16 de noviembre, la cual prohíbe el uso del herbicida
cancerígeno glifosato”.
Según las organizaciones, el cuestionado proyecto de modificación
“elimina la prohibición del herbicida glifosato para habilitar la aplicación de
productos más tóxicos aún (clase A, B y C) a través de un protocolo que aún no
existe, violando así los principios de no regresión de las normas y el
ordenamiento público ambiental”.
La iniciativa, agregaron las organizaciones, “alude a la
implementación de `buenas prácticas en el manejo de herbicidas’, las cuales son
imposibles de implementar, ya que con venenos no existen buenas prácticas, como
se demuestra en los estudios científicos realizados por las Universidades
Públicas argentinas y de diferentes países del mundo”. Frente a esta serie de
irregularidades, el conjunto de organizaciones firmantes –Taller Ecologista,
Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, Cátedra de Salud
Socioambiental, Instituto de Salud Socioambiental, STS, Propuesta Sur, Rosario
es un Pueblo Fumigado, Movimiento Universitario por la Agroecología,
Multisectorial Paren de Fumigarnos– repudió “la manipulación del sistema
democrático, el avasallamiento de las instituciones, que genera en manos de
estos personajes la decadencia de la política”.
En ese marco, hicieron “un llamado al poder político para
que anule el reciente proyecto de modificación y deje firme la ordenanza
aprobada por unanimidad; también convocamos a la ciudadanía a que se manifieste
en favor de la vida, por la salud y el ambiente”.
Cardozo defendió la iniciativa que pretende dar marcha atrás
con la ordenanza aprobada el 16 de noviembre. “Sinceramente caímos en la cuenta
que no habíamos hecho nada absolutamente positivo para a la ciudad, estábamos
dando una señal muy nociva para toda la cadena agroindustrial”, señaló luego de
presentar el nuevo proyecto de ordenanza. Verónica Irízar (PS), por su parte,
planteó que a la iniciativa “le faltó debate, no se escucharon a otros actores
en el tema”.
El proyecto del lobby sojero ingresó al Concejo el jueves,
luego de que representantes del agronegocio (desde Aapresid hasta la Bolsa de
Comercio) creciera fuertemente en las últimas semanas.
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