El Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias reconoció que
el “proceso de enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad en Argentina
ha tenido un desarrollo cuantitativo y cualitativo” y que se trata de un
“ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad” y, por eso, “resulta
importante continuar con el desarrollo del sistema establecido”, sostuvo el
informe presentado el viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con
sede en Ginebra.
El grupo también
señaló que el país “ha realizado numerosos avances en materia de desaparición
forzada”, en especial en el ámbito legislativo. En ese sentido, el documento
destacó las normas aprobadas por el Congreso, como la reglamentación del
funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, al que se
calificó de “órgano autónomo e independiente”.
“La protección y la confidencialidad de los datos
genéticos como datos personales sensibles está completamente garantizada”,
puntualiza el informe.

También destacaron la incorporación del delito de
desaparición forzada como un delito autónomo y la creación de una unidad
especializada para los casos de apropiación de niños en el ámbito de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Asimismo, resaltaron la creación
del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
“El grupo de trabajo observa que todos los
organismos gubernamentales que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y el
Poder Judicial han demostrado un alto nivel de compromiso y profesionalismo para
conocer el destino y el paradero de las personas desaparecidas”, indicaron desde
el grupo de la ONU.
Respecto de la restitución de la identidad de
Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto, el informe consideró que el reencuentro “demuestra
que, con el compromiso, la cooperación y el apoyo a los familiares de los
desaparecidos, es posible obtener resultados incluso muchos años después”.
Entre otros destacados, también se valoraron “los
esfuerzos para luchar contra los retrasos en los juicios y en la confirmación de
las sentencias”.
No obstante, en el informe instaron a insistir
“en la necesidad de la celeridad” de los procesos y advirtieron sobre la fuga de
acusados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. En ese sentido,
el grupo reclamó “un fortalecimiento del monitoreo de los
imputados”.
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