La reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional, y
que debe discutir el Congreso, posee beneficios para la industria tabacalera ya
que el Estado le reducirá un 5% la carga impositiva. Esto significa un ahorro
de $5.000 millones para las firmas encargadas de la producción de cigarrillos.
Semejante decisión del Ejecutivo, que contó con el lobby
necesario de las compañías que controlan el 97% del mercado, generó críticas de
parte de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) que aseguró que “esta
rebaja implicaría un retroceso en la protección de la salud” y manifestó que
“las medidas fiscales que persiguen objetivos sanitarios deberían estar libres
de la interferencia de las industrias involucradas para evitar torcer el rumbo
de la política”.
A su vez, no se llega a comprender el criterio adoptado por
parte del ministerio de Hacienda, que subió tributos a productos cuyo consumo
excesivo puede originar perjuicios para la salud (como las bebidas alcohólicas
o con azúcar agregado) y bajó impuestos al cigarillo, un elemento nocivo,
comprobado científicamente, para la salud. De hecho, la Organización Mundial de
la Salud indicó que el tabaquismo provoca la muerte de 7 millones de personas
al año y genera gastos por 1,4 billones de dólares.
En caso de que se aprueba la reforma, Massalin Particulares
y Nobleza Piccardo (los principales productores de cigarillos del mercado)
puede suceder lo siguiente, tal como señalan distintos especialistas en la
materia: “Si bajan los impuestos a los cigarrillos, no sólo cae la recaudación,
sino que se les brinda a las compañías la posibilidad de que trasladen esa baja
a los precios o que maximicen ganancias, reinvirtiéndolas en estrategias de
marketing destinadas a captar más consumidores, todo lo cual redunda en más
población que fume, más enfermedades y más costo en el sistema de atención
médica”.
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