El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy al ex
secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la supuesta manipulación
de los datos del Indec desde 2007. Dijo que no hay pruebas y que se trata de
"una cuestión política, no justiciable".
Moreno fue indagado en agosto del año pasado y negó haber
influido en los funcionarios del área para "dibujar" los índices que
emanaban del INDEC. Para entonces, la denuncia realizada por una asociación
civil ya tenía más de una década.
El ex funcionario estaba acusado de "haber instigado
indebidamente mediante exigencias verbales y por escrito en forma directa y por
interpósita persona en abuso de las funciones públicas que le fueran asignadas
a funcionarios del INDEC, a la realización de cambios metodológicos y a la
entrega ilegítima de datos primarios secretos".
El fiscal Carlos Stornelli pidió, en su momento, procesar a
Moreno por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad
ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales.
Además de montar una maniobra para controlar el IPC, el fiscal también lo acusó
por la utilización de un parche informático que colocaba topes de precios.
Pero el juez entendió que no había pruebas suficientes para
procesarlo. Sobre la supuesta manipulación maliciosa de los datos estadísticos,
con el objeto de disminuir la cifra de variación del denominado IPC (Índice de
Precios al Consumidor), Canicoba determinó que "tampoco existen elementos
de convicción suficientes como para determinar la efectiva existencia de esos
hechos y la participación de los imputados indagados".
"No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar
que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se
produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la Metodología 13
vigente. De hecho ningún testigo manifestó haberlo visto en alguna oficina del
instituto en alguna oportunidad", dice la resolución de más de 100
carillas a la que tuvo acceso Infobae.
Es más, para el juez se trata de una cuestión "política
no justiciable, donde el gobierno de turno a través del Ministerio e instituciones
correspondientes, decide como corresponde según un metodología y no una ley, a
su criterio la forma de medición de los índices que luego le permitirán a su
saber desarrollar su política económica".
Fuente: Infobae
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