Los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos
La organización de derechos humanos analizó y describió el
accionar de los trolls en las redes sociales, que se activan ante posiciones
críticas al Gobierno por parte de periodistas o de defensores de derechos
humanos. Quiénes son y cómo operan.
El gráfico ilustra los nodos de retuits de las cuentas que
tienen comportamiento de cibertropas.
La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de
gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales
que termina en un ataque de la “cibertropa”. “El método utilizado combina la
acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo
registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas
parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores
regulares. En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los
informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones
con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de
la información o en la persecución de opiniones críticas”. Así describe
Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones
a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en
la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega
desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos.
Por Victoria Ginzberg
AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo
de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año
pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo
Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel,
Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a
la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del
Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel. También trabajó sobre
las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de
Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En
el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano
Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets.
Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su
relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un
comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente
el funcionamiento de los ataques: “Su carácter diverso, su diferente inserción
en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también
variadas en términos ideológicos y de afinidades polítco culturales, dota a los
resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se
registran de modo simultáneo en todos los casos”.
En el período analizado, entre los temas de la agenda
pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un
operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en
Chubut– y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al
kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su
domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou. En el caso de Belski, el ataque,
que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que
Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de
Amnistía (ver aparte).
AI detectó regularidades en el modus operandi de las
agresiones: “la coordinación –temporal y temática- se realiza mediante la
participación de algún guía o figura autorizada por su relevencia dentro del
segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como
habilitadoras de un entorno discursivo”. El un segundo momento, que corresponde
al ataque serial, “no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas
en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son
trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios
genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y
faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se
despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”.
AI afirma que no
puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que
hay una “secuencia de responsabilidades” en cuyo origen hay funcionarios o
voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente
con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las
redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su
oficialismo. Entre ellos, hay “agentes de diferente rango”: están los
habilitadores y los replicadores. Los “habilitadores” construyen el escenario
en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención
que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque
serial con cuentas anónimas o automoatizadas y perfiles que, como “células
dormidas”, se activan sólo para participar de la agresión.
El informe menciona como “autoridades” de las cibertropas (las que más interacciones
generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh,
@hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill. Y señala que los usuarios
que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los
periodistas atacados –con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista
Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias),
@santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros. “Los casos de Fernando Iglesias y
Eduardo Feinmann -afirma AI– merecen destacarse porque son a la vez destacadas
figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias
falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la
gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como
conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras
que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso”.
El informe también
analiza la particular distribución a lo
largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas:
concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las
cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen
su “trabajo” durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de
esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad
coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos
detrás.
“El ataque a posiciones críticas amenaza la libre
circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de
expresión”, señaló Belski. Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es
descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el
de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura. En este
sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones,
tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a
ambos a “fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a
los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y
transparentes”. Sostuvo que “el Gobierno y el resto de las formaciones
políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción
de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones
concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos
humanos”. Y que el Estado y las empresas involucradas “deben crear o fortalecer
mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para
la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas
automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir
discursos de odio simulando un debate orgánico”.
Recordó, además, que en 2017 hubo una Declaración conjunta
sobre fake news de los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas,
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y
la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp) que aseguró
que “el Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y,
en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías
constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda
orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o
la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad”.
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