Las bicis, a manos privadas
Por una ley aprobada ayer, las llamadas Eco Bicis serán
manejadas por una empresa que podrá incorporar publicidad en las estaciones y
las bicicletas. Por ahora el sistema seguirá siendo gratuito, pero la norma
abre la puerta a la posibilidad del cobro.
La Legislatura porteña aprobó concesionar el Sistema de
Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad, conocido como Eco Bici, por un
plazo máximo de diez años. Si bien el proyecto aprobado establece que el
sistema continuará siendo gratuito para los usuarios y que la empresa a cargo
se financiará a través de publicidad y sponsoreo en las estaciones de la red y
en las bicicletas, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad,
Jonatan Baldiviezo, advirtió que “quedó abierta la puerta para que en el futuro
el gobierno porteño pueda cobrar por el uso. Se votó la ley que autoriza la
concesión, pero no se modificó la ley que regula el servicio público de
bicicletas que sostiene que en algún momento se puede cobrar”.
La concesión de la red de bicicletas, que se hará a través
de la Secretaría de Transporte –del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte–, fue aprobada en segunda lectura, tras la correspondiente audiencia
pública, durante la tercera sesión ordinaria de la Legislatura con 49 votos a
favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Una vez realizada la licitación pública, el Sistema, que en
la actualidad está a cargo del Estado y cuenta con unas 200 estaciones, 2450
bicicletas con anclajes reforzados y registra unos 8000 viajes diarios, pasará
a ser gestionado por manos privadas que deberán brindar una “prestación
integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación” de la red.
La norma establece que el Sistema de Transporte en Bicicleta
se compondrá de Estaciones de distribución y estacionamiento, ubicadas en
paradas y terminales ferroviarias, de subtes, ómnibus y fluviales, centros de
trasbordo del transporte público, espacios verdes y recreativos,
establecimientos educativos, museos, polideportivos, clubes, entre otros;
bicicletas; Centros de información y atención en las estaciones de distribución
y en lugares intermedios del recorrido que proveerán de mapas de la Ciudad de Buenos
Aires, planos de ubicación de las estaciones de distribución y estacionamiento
y de la red de carriles, acceso telefónico a servicio de reparación de averías.
También integrarán la red el sistema de señalización, los
vehículos de traslado de las bicicletas, así como los de auxilio y
reparaciones.
Entre las obligaciones de los concesionarios se establece la
renovación de los componentes del sistema (bicicletas, estaciones,etc) y la
incorporación tecnología. También que deberán dar continuidad laboral al
personal que actualmente opera el sistema estatal.
Para el seguimiento de la empresa, el pliego de licitación
incluirá un sistema de control, con índices de calidad y una auditoría
trimestral sobre los ingresos del concesionario. Así como también la obligación
del concesionario de presentar semestralmente un informe detallado sobre
funcionamiento del sistema, facturación en publicidad y porcentaje de ocupación
de las bicis.
En cuanto a las bicicletas que actualmente están en uso y
quedarán desafectadas cuando empiece a operar el nuevo concesionario, se
establece que podrán ser distribuidas a escuelas secundarias de la Ciudad para
su utilización por parte de los alumnos.
En la ley aprobada también se incorporó un artículo para
“atenuar los desequilibrios económicos y financieros que pudiera provocar el
nuevo sistema” a las empresas concesionarias del mobiliario público destinado a
explotación publicitaria dado que permite que el operador recurra a la
publicidad callejera.
El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gabriel Fucks, dijo
a este diario que “tras la explosión que registra el uso de las bicicletas es
importante avanzar en la regulación integral del sistema. No hay datos precisos
de cómo funciona la red, no hay estadísticas de accidentes con ciclistas y hubo
tres muertos sólo en enero, ni relevamientos sobre el estado de las ciclovías”,
apuntó.
Para Baldiviezo, es “otra vez la lógica de entregar un
servicio público en el que invirtió el Estado para que hagan negocio las
empresas privadas. Y el sistema será utilizado para expandir el negocio de la
publicidad y el sponsoreo en áreas que actualmente se encuentran prohibidas”.
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