Walter Isaía y Natalia Aruguete bucean en el tratamiento
informativo acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado para poner
de manifiesto las relaciones transaccionales que existe entre el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios tradicionales.
Por Walter Isaía y y Natalia Aruguetentre
Las primeras informaciones sobre la desaparición de Santiago
Maldonado surgen –todavía sin el formato convencional de una noticia– en las
páginas de Facebook de apoyo a las comunidades mapuches el martes 1° de agosto,
pocas horas después de la represión en la ruta 40 y en la comunidad Pu Lof en
Resistencia de Cushamen. Con el transcurrir de las horas, medios de comunicación
comunitarios, populares y alternativos se apropian del tema para sostenerlo
públicamente hasta hoy.
Con el concepto “propiedad sobre un tema” nos referimos a la
legitimidad de los actores políticos para expresarse sobre ciertos asuntos.
Foto Ilustrativa |
a con más información, FM Kalewche de Esquel, FM Alas de El
Bolsón, Anred y Cosecha Roja narran la historia de la represión y de la
desaparición de Santiago a manos de Gendarmería. También los medios comerciales
de la región cubren los hechos aunque desde una perceptiva distinta. El
intercambio de mensajes sobre #Maldonado en las redes sociales y el tratamiento
que hacen las revistas Cítrica y La Vaca, los diarios Tiempo Argentino y
PáginaI12, y otros medios y redes alternativos de diferentes regiones del país,
motorizan la puesta del tema en agenda. En esta primera etapa, los abogados
querellantes, la familia de Santiago, los integrantes de la comunidad mapuche
de Cushamen, los organismos defensores de derechos humanos y, en menor medida,
los responsables de las fuerzas de seguridad, aparecen como las únicas fuentes
del caso.
Luego de cinco días, Clarín y La Nación lo incorporan a sus
ediciones como un hecho policial que desnaturaliza, despersonaliza y desconoce
la dimensión política de una desaparición forzada en democracia (“La aparición
de un artesano, el otro reclamo del grupo agresor”, Clarín, 5 de agosto, pág.
65; “La Justicia dice que no está corroborado que Santiago Maldonado haya sido
detenido por la Gendarmería”, La Nación digital, 6 de agosto, sección Inseguridad).
Los matutinos de mayor tirada del país abren así una nueva etapa en la
cobertura del caso con el dominio de fuentes institucionales, como el Poder
Judicial, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
La masificación de la información en medios de prensa y
audiovisuales a partir del fin de semana del 5 y 6 de agosto es congruente con
el encuadre oficial que niega la desaparición forzada de Maldonado, atribuye la
responsabilidad de los hechos a la comunidad mapuche y reivindica el accionar
de Gendarmería. Esta redefinición de la situación vulnera el discurso
–construido en las redes sociales y en las coberturas de los medios
alternativos– que había logrado instalarse como legítimo.
A partir de este punto de inflexión, gran parte de la prensa
nacional y de programas periodísticos de cable, de radio y de televisión
abierta confluyen en una cobertura homogénea, saturando sus agendas con
información que acapara todas las aristas del caso, donde las fuentes oficiales
proponen un abanico de explicaciones posibles: Santiago era un terrorista que
escapó a Chile, un camionero lo llevó a Entre Ríos, lo mató un puestero o un
gendarme suelto y, en el peor de los escenarios, se ahogó en el desierto. A
estas semejanzas en las coberturas de medios que no sólo publican los mismos
tópicos sino que los presentan desde una perspectiva similar, las llamaremos
“consistencia, consonancia, conformidad”. En una correlación de fuerzas
desventajosa, los medios comunitarios y alternativos, los diarios PáginaI12,
Tiempo Argentino y La Izquierda a diario, la AM750, la señal C5N y El Destape
Web, entre otros, mantienen la coherencia del inicio en sus narraciones
noticiosas.
El proceso de institucionalización de esta cobertura se
cristaliza con las declaraciones del juez Guido Otranto en una entrevista
exclusiva a La Nación, donde afirma: “La hipótesis más razonable es que
Maldonado se ahogó” (La Nación, 17 de septiembre, tapa). No sólo porque se
constituye en el argumento excluyente para decidir su apartamiento del caso
sino, y sobre todo, porque pone de manifiesto las relaciones transaccionales
entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios
tradicionales. Desde entonces, la simbiosis entre Estado y medios de
comunicación coincide con la caída de la intensidad del diálogo político en la
red #SantiagoMaldonado. La disputa por el sentido alrededor de la desaparición
forzada de Santiago se cobra un capítulo. ¿Quiénes continuarán con la
cobertura? ¿Quiénes seguirán con la búsqueda?
* Comunicador social, periodista y miembro de la Cooperativa
Huvaití.
** Investigadora del Conicet, profesora UNQ. Autora de El
poder de la agenda. Política, medios y público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario