Por
SEBASTIÁN ORTEGA, Cosecha Roja/ Resumen Latinoamericano/ 30 de agosto 2017 .-
En noviembre vence la ley de Emergencia Territorial
Indígena, que frena los desalojos judiciales contra pueblos originarios.
Organismos de derechos humanos exigen al Congreso que vote la prórroga para
evitar que las comunidades pierdan las tierras en las que viven desde tiempos
ancestrales.
Cada invierno con las primeras heladas, los pastores de la
Lof Suyay Leufu del paraje Los Molles, en Mendoza, bajan de la cordillera
arreando las cabras hacia los campos de veranada. La comunidad habita esas
tierras desde hace varias generaciones pero no tienen título de propiedad. Un
grupo de empresarios las reclama como propias. En mayo, los mapuches lograron
frenar un desalojo ordenado por la Justicia amparándose en la Ley de Emergencia
territorial indígena, que suspende los desalojos y establece el relevamiento
territorial de más de 1500 comunidades. La norma vence el 23 de noviembre de
2017. En caso de no ser prorrogada, muchas de esas comunidades quedarían
desprotegidas y muchas podrían perder las tierras en las que viven desde
tiempos ancestrales.
Una semana atrás, el conflicto con la Lof Suyay Leufu llegó
a la televisión porteña. A 22 días de la desaparición de Santiago Maldonado
durante la represión de Gendarmería a mapuches en Chubut, el conductor Eduardo
Feinmann entrevistó a la empresaria Rosita Aldao, quien acusó a las familias
originarias de conformar una “organización armada”. “RAM usurpó hectáreas en
Malargüe”, decía el graph, mientras Feinmann acusaba a los mapuches de
“terroristas” y “usurpadores”.
La ofensiva mediática pretende vincular a pueblos
originarios con organizaciones armadas “extremistas” (como publicó Clarín en su
portada del 28 de agosto), con acusaciones insólitas, como las que sostienen
que reciben “apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos extremistas
kurdos de Turquia”. La demonización de las comunidades indígenas es la antesala
de la discusión por la prórroga -o no- de la ley de Emergencia Territorial
Indígena y prepara el terreno para el avance de las fuerzas de seguridad en territorios
que reclaman grandes empresarios como el italiano Luciano Benneton y el
británico Joe Lewis.
Fuente: Amnistía
Internacional
“Argentina cuenta con un marco muy bueno desde la
Constitución Nacional pero existe una inseguridad jurídica enorme en el reconocimiento
del territorio legal para las comunidades indígenas”, dijo aCosecha Roja Paola
García Rey, directora de Protección y Promoción de DDHH en Amnistía. “El
indígena violento que quiere ocupar media Argentina no es real. Hay un estigma
y una persecución se extiende, cuestionando la legitimidad del reclamo indígena
en general”, agregó.
Una ley de emergencia
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 y daba un
plazo de 4 años para relevar los territorios de pueblos originarios en todo el
país. La norma fue prorrogada en 2009 y 2013: en estos once años se inició el
relevamiento de 759 de las 1532 comunidades identificadas. De esas 759, el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) consideró que tenían los
relevamientos “culminados” 459 comunidades. En otras palabras: se les reconoce
“la ocupación actual, tradicional y pública”.
Si bien la ley no contempla la titularización de las
tierras, esa resolución es un paso previo imprescindible para avanzar en esa
dirección. “El relevamiento es un reconocimiento del Estado de que un
territorio es habitado por comunidad. Si la ley no se prorroga, quedan
expuestas a posibles desalojos”, explicó a Cosecha Roja Luna Miguens,
coordinadora del área de Derechos económicos, sociales y culturales del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos
Originarios, Amnistía Internacional, el CELS y otras 15 organizaciones lanzaron
una campaña para pedir al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta
noviembre de 2021. “El 60 por ciento de las comunidades registradas por el INAI
quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad
de ver relevado su territorio. La finalización de esta ley dejaría a las
comunidades sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas”, sostiene un
informe de Amnistía Internacional.
Vaca Muerta
La disputa entre empresarios y comunidades por las tierras
se extiende a lo largo de todo el país. El territorio que la Lof mapuche Campo
Maripe habita en Loma Campana, Neuquén, desde 1927, se convirtió en un botín
empresarial en 2011, cuando YPF-Repsol anunció los deseos de explotar la
formación petrolera Vaca Muerta. La comunidad quedó afuera del relevamiento de
la ley 26.160. En julio de 2013, los mapuches ocuparon dos torres y forzaron la
apertura de un canal de diálogo
con YPF y el gobierno de Neuquén. La empresa se comprometió
a iniciar un plan productivo para la comunidad y la provincia aceptó llevar
adelante el relevamiento de las tierrras. Desde la comunidad denuncian que
ninguno de estos acuerdos se concretó.
vaca-muertaUna noche de septiembre de 2016 una caravana de
camiones vibradores, martillos de impacto y vehículos con explosivos ingresaron
en el territorio. La empresa Tecpetrol, contratista de YPF-Chevron, pretendía
realizar una “exploración sísmica” para conocer el potencial de recursos de
esas tierras. Desde entonces, la comunidad continúa resistiendo. En junio de
este año, Gendarmería se instaló en territorio mapuche con el objetivo de
garantizar la libre explotación de los pozos petroleros.
La Primavera
La comunidad qom Potae Napocna Navogoh, conocida como “La
Primavera”, vive en la zona de Laguna Blanca de la Provincia de Formosa previo
a la colonización. En 2014, el INAI y el Instituto de Comunidades Aborígenes de
Formosa realizaron el relevamiento en el marco de la Ley 26.160. El proceso
violó el derecho a la consulta y la participación, ya que no hubo instancia de
participación de la comunidad, y no tuvo en cuenta ni el croquis ni las narrativas
donde los indígenas describieron los lugares en que desarrollan sus proyectos
de vida. Como resultado, la vivienda de 17 familias, entre las que se encuentra
la del cacique de la comunidad, Félix Díaz, fueron excluidas del relevamiento.
comunidad-qomEn los últimos once años, la Ley de Emergencia
Territorial Indígena les permitió a los pueblos originarios ponerle un freno a
la apropiación empresarial de sus tierras y avanzar en el reconocimiento de la
posesión de la tierra.
Si antes de noviembre el Congreso no prorroga la norma, más
de 1500 comunidades quedarían desprotegidas.
La campaña que busca acusar a los pueblos originarios de terroristas
quizás sea solo el principio de lo que está por venir.
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