Fue durante el rastrillaje del 16
de agosto. Un perro los encontró a la orilla del río. No los asentaron en actas
ni fotografías. Pruebas del encubrimiento.
La declaración que un policía de
Rio Negro brindó en la mañana del martes 19 de septiembre en el Juzgado Federal
del Viedma subraya aún más la pésima actuación del juez Guido Otranto y la
fiscal Silvina Ávila y su complicidad con la represión contra la comunidad
mapuche, que el 1 de agosto escaló con la desaparición fozada de Santiago
Maldonado.
El policía, especialista en
perros entrenados de la fuerza de Río Negro, participó del rastrillaje del 16
indica en la comunidad Pu Lof. Fue llevado por el can hasta un lugar a las
orillas del río, donde se sentó, indicando haber encontrado algo. El perro,
llamado Alcón, luego de que el oficial le dijera la palabra “busque” comenzó su
faena olfativa -es un can especializado en encontrar restos o rastros dejados
por humanos y explosivos- y, en la orilla del río Chubut, se sentó, gesto que
indica haber encontrado algo.
Según el acta oficial, el
declarante dijo que al acercarse encontró “cartuchos balas de arma FAL y de 9
mm”. También contó que se alejó doscientos metros de la orilla hasta llegar al
lugar donde se encontraba la fiscal Ávila y le reveló el hallazgo del perro. La
fiscal le dijo que esperara, ya que iba a consultar con el juez Otranto y que
al regresar le dijo “que no se iban a levantar porque no se buscaban esos
elementos”. El policía recordó que no se tomaron “fotografías como así no se
dejó constancia en actas”.
La declaración suma otra prueba
más de que la actuación de los titulares del Juzgado Federal de Esquel y de su
Fiscalía se caracterizan por la complicidad directa en el encubrimiento
prodigado desde el gobierno nacional.
Las últimas declaraciones de los
gendarmes indican que los conductores de las camionetas y la unimog llevaban
consigo armas 9 milímetros, tales los cartuchos que fueron encontrados en la
orilla del río. El deber investigativo de la justicia hubiera sido peritar esos
cartuchos para comprobar su procedencia: desde el día 1 de agosto en que
desapareció Maldonado la gendarmería había sido puesta bajo sospecha de haber
cometido el delito de “desaparición forzada”. ¿Por qué no ordenaron Otranto y
Ávila el peritaje o por lo menos que se realicen fotografías de los elementos
hallados por el perro Alcón? Es posible elucubrar que desde el comienzo de su
actuación su objetivo manifiesto, en consonancia con las declaraciones de la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue el de proteger a la Gendarmería.
La fuerza represiva desarrolla un sistemático hostigamiento a las comunidades
mapuche, a título de las mineras, petroleras y latifundistas que saquean la
Patagonia.
En la edición dominical de La
Nación, el juez Otranto manifestó que: “A Santiago Maldonado lo capturaron o se
ahogó en el río. No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado
por la Gendarmería. Tampoco veo elementos que me permitan sostener que pudo
haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra,
por uno o más gendarmes”. Pero hasta en un video publicado por Prensa Obrera
los buzos de prefectura desechan esta posibilidad en las primeras horas de
desaparición de Maldonado. Por estas declaraciones impropias de un magistrado
al frente de una causa, el CELS recusó a Otranto por prejuzgamiento.
Al día siguiente de la
declaración del policía rionegrino, se llevó a cabo un rastrillaje descomunal
que exploró las dos mil hectáreas de Pu Lof Cushamen exhaustivamente, así como
del río Chubut, que fue escrutado por buzos que ocupaban todo el ancho de su
cauce. Los resultados fueron la primera detención desde que comenzara el caso
Maldonado: Elizabeth Loncopan, que fue detenida cuando uno de los policías a
cargo del operativo la reconoció como una mapuche que le había "faltado el
respeto" durante el rastrillaje del 16 de agosto al magistrado. El juez
Otranto no había permitido la entrada de las querellas ni del defensor oficial
Rodolfo Machado, a quienes les asiste el derecho de presenciar un operativo de
esta naturaleza.
“No ha lugar, Saquero”.
El otro resultado del
megaoperativo, que incluyó a 400 efectivos, perros, helicópteros, buzos, drones
y camionetas policiales, fue la reducción de otros tres mapuche que permanecieron
bajo custodia policial y con los brazos precintados (esposados) desde las siete
y media de la mañana hasta que el operativo concluyó, doce horas más tarde.
Así relatan los miembros de la
APDH, que finalmente pudieron ingresar al predio a las 14:30: “Julio Saquero se
acerca para dialogar con los tres mapuches que estaban allí custodiados por
policías del GEOF. Ellos le piden que interceda ante el jefe del GEOF para que
los suelten, ya que estaban desde casi doce horas con las manos precintadas
hacia atrás. Se comunican con la Fiscal Ávila para ver si lograban morigerar el
castigo. Ella responde que se habían resistido y negado a dar su identidad, por
lo que es una norma habitual para los que se revelan ante la autoridad. Y
responde ´no ha lugar, Saquero´. Cuando llega el Juez Otranto la APDH vuelve a
pedirle por ellos y le responde ´hablaré con el oficial a cargo´, a quien le
dice ´usted me dirá si se puede o no, si es no es no´. Otranto comenta ´le
hemos dado agua, comida y prendido fuego para que no tuvieran frío´. Los
muchachos nos gritan que se han llevado detenida a una lamien, en referencia a
la detención de Elizabeth Loncopan. Otranto informa que la han llevado detenida
por resistencia a identificarse, que se encuentra en Policía Federal y que hoy mismo,
cumplida la averiguación de identidad y antecedentes se dejaría en libertad”.
El salvaje trato que sufrieron
los mapuche no sólo fue avalado por el juez y la fiscal, sino también por la
presencia en el lugar del funcionario nacional de Bullrich Gonzalo Cané,
secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y
Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ante la indignación que
le causaba la situación de los detenidos, el dirigente de la APDH Julio Saquero
sufrió una descompensación.
Otranto, peón de Bullrich, Noceti y la Gendarmería
En una muestra más de la
parcialidad del juez con la Gendarmería, Otranto recibió amablemente al equipo
de abogados de la Gendarmería, a la vez que negó una entrevista con Sergio Maldonado,
hermano de Santiago y querellante, y su abogada Verónica Heredia. Por esta
manifiesta parcialidad a favor de la Gendarmería es que la querella familiar ha
planteado su recusación. Otranto se niega a peritar el teléfono de Pablo
Noceti, que comandó el operativo represivo que culminó con la desaparición de
Santiago Maldonado. Esto tiene su explicación: si lo hiciera, se encontraría él
mismo implicado, ya que se descubrirían sus propias llamadas con el funcionario
de Bullrich. La inoperancia de Otranto llega a ribetes tales como mandar a
allanar una peluquería en San Luis en la que su dueña había dicho que le había
cortado las rastas a un supuesto Maldonado, cuando recién a los cuarenta días
del caso empezaron a desfilar gendarmes como testigos que mostraron las
contradicciones de un relato que Bullrich había sostenido como unánime.
Otranto y Ávila deben apartarse
de la causa y ser sometidos a juicio político. Patricia Bullrich y Pablo Noceti
se tienen que ir.
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