USAID, NED, NDI, IRI… Diferentes nombres, pero un mismo fin.
Para Estados Unidos esas organizaciones “no gubernamentales” cumplen la labor
casi mesiánica de expandir su democracia por el resto del mundo. Para América
Latina supone abrir la puerta a la desestabilización financiada del orden
político y de su autonomía.
Modus operandi
Desde 1999 Estados Unidos perdió su posición privilegiada
respecto a América Latina. La Revolución Bolivariana inició en Venezuela, pero
expandió por la región el valor de la soberanía que parecía perdido, y junto a
ella surgieron bloques de integración que excluían a Occidente, como ALBA,
CELAC y Unasur.
El bloqueo económico contra Cuba, la depuración de
“comunistas” mediante el Plan Cóndor y otras agresiones históricas contra
América Latina evolucionaron en su forma. Ahora con un manto de altruismo, las
organizaciones estadounidenses hacen que su intervención en los asuntos propios
de cada Estado pase inadvertida.
El cambio climático, desastres naturales, defensa de los
derechos humanos, impulso a la educación y fortalecimiento de la democracia son
los temas más usados por las ONG de Estados Unidos, el país que tiene más de
800 bases militares desplegadas por los cinco continentes, para justificar
golpes de Estado y la promoción del modelo neoliberal del libre mercado.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció una
invasión de ONG en América Latina. Entre 2002 y 2012 las ONG ampliaron su
presencia en el continente; solo en Venezuela la USAID y la NED invirtieron más
de 100 millones de dólares durante ese período con el objetivo de auspiciar a
grupos de oposición y crear 300 nuevas organizaciones.
En 2012, unas 26 ONG extranjeras en Ecuador debieron cesar
las actividades tras comprobarse la falta de transparencia en sus procesos. La
falta de transparencia radica principalmente en que las ONG se autoproclaman
como representantes de la llamada “sociedad civil”, pero actúan como partidos
políticos sin responsabilidad política. Se autodenominan “no gubernamentales”,
pero están al servicio de gobiernos extranjeros.
Uno de los casos más representativos en la región es el de
Súmate en Venezuela, donde la ONG actuó directamente en el golpe de Estado de
2002. Súmate, apoyada por la NED, es un instrumento político-electoral fundado
por la exdiputada opositora María Corina Machado, quien en 2002 firmó el
decreto del golpista Pedro Carmona Estanga para disolver las instituciones del
Estado.
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