Menos voces
El Ente Nacional de Comunicaciones aplica un protocolo
contra supuestas interferencias a aeropuertos. Las emisoras comunitarias están
en alerta a partir de casos que incluyeron decomisos y aperturas de causas
penales.
Las causas penales contra comunicadores tienen el
antecedente del caso de Antena Negra.
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(Imagen: Antena Negra) |
Por Nahuel Lag
A punto de cumplirse 500 días de la firma del decreto 267,
con el que el presidente Mauricio Macri derogó artículos claves de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, pasando por encima la norma votada en
2009, organizaciones de radios
comunitarias y pymes de todo el país denunciaron que desde febrero el Ente
Nacional de Comunicaciones (Enacom) avanzó con el pedido de cese de emisiones a
partir de una resolución que estableció en diciembre un protocolo de supuesto
de interferencia de aeropuertos. Las alarmas se encendieron a partir de tres
casos en los que el problema técnico concluyó con órdenes de allanamientos,
intervención de la Policía Federal y la Gendarmería para decomisar los equipos
de transmisión y la apertura de causas penales a los comunicadores responsables
de las radios M 104.1 (La Matanza) Fórmula 87.7 (Merlo) y Milenium 97.1 (Ciudad
de Formosa). La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) denunció los
procedimientos como violatorios a “lo dispuesto por el artículo 162 y otros de
la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y abrió un canal de diálogo
junto a las organizaciones del sector en el Enacom, que tras las denuncias
aprobó un limitado plan de regularización de licencias, aún no oficializado, y
no descartó nuevos decomisos.
Microfonazo
“Hay comunicadores con miedo, comunicadores procesados,
personas que no cometieron ningún delito sino que ejercieron el derecho a la
comunicación en un contexto en el que el Estado está en deuda”, advirtió Pablo Antonini, presidente del Foro
Argentino de Radios Comunitarias (Farco) que junto a la CCD, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y
Afines (Ucaya) y la Asociación de Radiodifusoras (Arbia) denunciaron ante los
directores del organismo Alejandro
Pereyra y Heber Martínez el “abuso de autoridad”, criticaron los exiguos plazos
administrativos impuestos por las resoluciones, pidieron la revisión de las
causas penales y recordaron que el Estado está en deuda con la puesta en marcha
de un plan técnico en todo el país, como ordenan varios artículos vigentes de
la Ley de Medios.
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Una radio que sigue fuera del aire
FM Ocupas
La resolución 9435, redactada por el ente dependiente del
Ministerio de Comunicación, estableció en diciembre un protocolo de supuestos
de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de
emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia,
declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de
equipos y formular la denuncia penal.
Las organizaciones de radios y comunicadores denunciaron que
en los casos de las tres radios decomisadas mediante operativos de la
Gendarmería y la Policía Federal y de otras que por el momento siguen sin
permiso para volver al aire, a pesar de cumplir con los plazos administrativos,
—FM Ocupas (Moreno), FM Sol y Verde (José C. Paz), FM La Torre (Formosa) , FM
La Popular (Formosa)— se cumplió con el primero de los puntos: apagar las
emisoras para verificar la interferencia para frenar el avance del protocolo.
Sin embargo, en la práctica, Enacom avanzó con “abuso de
autoridad”, denunció la CCD. La radio formoseña Milenium recibió el 5 de enero
un acta de constatación que indicaba que su señal no interfería con el
Aeropuerto Internacional El Pucú. Sin embargo, el 18 de enero la emisora ya
había sido declarada ilegal por la Enacom, según figura en el expediente de la
denuncia penal, y el 16 de febrero sus
equipos fueron decomisados. Ese accionar motivó una reacción de la Defensoría
del Pueblo de Formosa que advirtió sobre la “vulneración de los derechos
amparados por la Constitución Nacional”.
Los últimos dos casos que pusieron en alerta al sector
fueron las radios del oeste del conurbano, acusadas de “interferir las
comunicaciones aéreas de los aeropuertos de Ezeiza y el Palomar”. Según
denunció Ucaya, el responsable de Radio
M, Ariel Montes, y dos periodistas de la emisora fueron detenidos el 25 de
abril y demorados desde la mañana hasta las 17 en la delegación Morón de la
Policía Federal. En ese lapso, Montes fue llevado a los tribunales, donde se le
abrió una causa penal por la supuesta interferencia, que había sido notificada
en febrero por la Enacom. Sin el mismo procedimiento de “inusitada violencia”
también fue abierta una causa penal contra el titular de la radio Fórmula.
Estas tres causas penales contra comunicadores tienen otro antecendente en
Capital: la judicialización en el fuero Penal de la televisora Antena Negra.
“No queremos interferir, pero tampoco que nos abran causa
penal. No nos entra en la cabeza que un comunicador tenga una causa penal por
tener una radio”, lamentó Guillermo Saucedo, representante de Ucaya, a
PáginaI12. El titular de Farco e integrante de Radio Estación Sur de La Plata
subrayó que “históricamente, cada vez que se denuncia una interferencia, el
radiodifusor apaga la señal, constata la interferencia y presenta un informe
técnico (avalado por el Copitec) para volver a encender” y recordó el caso de
su propia emisora en 2010. “En los casos que denunciamos hubo una situación extrema
de persecusión, gente llevada a una comisaría”, advirtió Antonini sobre el
cambio de reglas a partir de la resolución.
El director del Enacom Heber Martínez sostuvo a este diario
que los criticados plazos impuestos por el protocolo estuvieron “contemplados
en base a la urgencia de la denuncia de las autoridades áreas” y que la
apertura de causas penales y decomisos se debieron a que “el servicio jurídico
nuestro nos aconsejó a avanzar” ante supuestas actitudes de los radiodifusores
de volver a encender los equipos. Sin embargo, no informó en qué casos habían
advertido tal reacción y aseguró que no se trataba de los casos denunciados por
las organizaciones del sector. “Tomamos esos casos y vamos a dar una
respuesta”, indicó. En cuanto al canal de diálogo abierto, Martínez señaló que
sirve para “revisar puertas adentro cómo está siendo implementado el protocolo”
y matizó que no se convocó de forma previa porque “urgió más el peligro de la
aeronavegación que sentarnos a dialogar”.
“Nos fuimos con la promesa de revisar esos casos y presentar
por escrito propuestas para modificar los protocolos. Estamos siempre
predispuestos al diálogo, pero si siguen ocurriendo casos, vamos a mantener
nuestra idea de que se trata de una política para acallar voces disidentes”,
indicó Antonini a PáginaI12.
Mientras el protocolo de la resolución 9435 continúa
vigente, con la advertencia de Martínez de que “si vuelven a encender, vamos a
avanzar con decomisos”, el Enacom también puso en marcha en abril la resolución
2064, que facultó a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a disponer
la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso de los equipos de
radios “no autorizadas”, figura indefinida, tal como advirtió la Defensoría del
Pueblo de Formosa, frente a un sector con más parches que licencias y
precariedad jurídica ante el incumpliento de la norma sancionada en 2009 por el
Congreso.
“El Estado tiene que garantizar las instancias de la
legalidad antes de decretar la clandestinidad. Las radios no podemos sacar un
papel que diga somos legales, eso lo tiene que hacer el Estado y hay una ley
que dice cómo tiene que hacerlo”, sentenció Saucedo respecto del incumplimiento
de un plan técnico que se arrastra desde el gobierno kirchnerista.
Las radios cuentan con permisos provisorios (denominados PPP)
entregados durante los años de vigencia de la ley de la dictadura o están
relevadas en el censo y el posterior empadronamiento realizado por la Afsca,
tras la ley votada en democracia y derogada por el macrismo. Tras las denuncias
de decomisos, el directorio del Enacom anunció el viernes un “plan de
regularización de FM”, que el organismo describió como “el inicio al camino de
normalización respetando los PPP y los reconocidos como comunitarios”. Aunque
el texto aún no fue publicado en el Boletín Oficial se adelantó que no
alcanzará la llamada “zona de
conflicto”, donde existen más emisoras que espacio en el éter, por lo que, por
ejemplo, las radios de matanceras que fueron decomisadas continuarán en
situación de debilidad.
“Si hay un sector intentando ser legal, son las radios. El
tiempo pasa y lo provisorio se hace permanente. Mientras tanto, se genera un
efecto de amedrentamiento con estas resoluciones. Hay comunicadores con miedo
de encender su radio”, subrayó el
titular de Farco.
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