La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que
Gendarmería Nacional viola sistemáticamente los derechos humanos y que la
medida "no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver"
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazó hoy la
resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico
Voluntario en Valores a través del cual la Gendarmería Nacional llevará
adelante políticas de promoción y protección de adolescentes y jóvenes.
"La iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto
sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y
presencia de fuerzas militarizadas", advirtió la CPM en un comunicado en
el que, además, advirtió que este tipo de medidas "son un claro retroceso
para nuestra democracia" y "volver a los momentos más oscuros de
nuestra historia".
La CPM aseguró que "la Gendarmería Nacional, que en sus
funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido
elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos
sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia".
Según el comunicado, con la creación del Servicio Cívico
Voluntario, dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de
“brindar capacitación en valores democráticos y republicanos”, según el texto
de la resolución, el Ministerio de Seguridad "se arroga una competencia
que no le corresponde y define una política para la niñez y adolescencia sin
consultar los organismos creados por el Estado con este fin". Por lo que
concluyó que "no se educa para la democracia delegando en fuerzas
militarizadas la formación de los jóvenes sino en la profunda transformación de
estas fuerzas de seguridad que son autoritarias, violentas y
desprofesionalizadas".
La CPM reclamó la aplicación de la Ley 26.061 (Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), la que
describe que son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley
quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción,
protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
"Lamentablemente, el Estado no garantiza el
funcionamiento de los dispositivos de atención y contención previstos tanto por
la ley nacional 26.061, como por su par provincial 13.298, vaciando de recursos
materiales, humanos y económicos el sistema de promoción y protección. Frente a
esto, fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican
la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la
niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende
resolver", advirtió la CPM.
Además, advirtió que este tipo de "iniciativas
demagógicas (...) implica la militarización de la seguridad, el fortalecimiento
de la faz represiva y violenta del Estado y el debilitamiento de los derechos y
garantías". Y agregó que "se cristaliza así una idea de comunidad y
convivencia basada en el control y disciplinamiento social que refuerza el rol
de las agencias punitivas del Estado en desmedro de las de promoción y
protección de derechos".
Finalmente, aseguró que "el Estado debe garantizar con
absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; para tales fines es necesaria la existencia de recursos
económicos y humanos suficientes, y políticas sociales integrales que
contribuyan al abordaje de la pobreza estructural y la desigualdad, en clave de
promoción y protección de derechos".
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