Por Gustavo Campana
Denuncia de la Correpi, que encabeza su informe anual. En
2015 el índice de muertes a manos de las fuerzas represivas y penitenciarias,
era de una cada 29 horas.
El próximo viernes a las 18:00 en Plaza de Mayo, la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Archivo de Casos
2018, presentará su Informe de la Situación Represiva nacional. La Correpi
aclaró que “por primera vez en 27 años” no pudo cerrar el balance a tiempo,
debido a “la enorme cantidad de datos a procesar y la necesidad de estar
presentes en innumerables conflictos cotidianos”.
“Presentaremos el Archivo de Casos, herramienta construida
por nuestra organización desde 1996, constituido a la fecha por más de 6.000
nombres y apellidos de las personas asesinadas por el Estado desde la vuelta a
la democracia hasta diciembre de 2018”, difundió la organización conducida por
la abogada María del Carmen Verdú.
Los informes anuales se realizan en base al registro
constante de casos de gatillo fácil, torturas y muertes en la calle a mano de
uniformados o miembros de fuerzas de civil, en detenciones, en comisarías y en
cárceles y otras circunstancias en las que participan directamente las
instituciones represivas y penitenciarias.
Un dato preliminar que ya difundió el organismo, y que
explicará el viernes con números y casos, refiere a que “durante tres años, el
Gobierno elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una
cada 29 horas en 2015, a una cada 21 horas a finales del 2018”.
En la presentación del viernes se expondrán detalles del
informe, con “las cantidades totales de asesinatos, el desglose por provincia,
por año, por gobierno y por modalidad”, que a su vez estará en un material
impreso para ser adquirido por las y los presentes.
“Para acompañar la avanzada económica sobre la clase
trabajadora y el pueblo, el Gobierno ejerció todo tipo de medidas y acciones
contra quienes protestan. Represiones a manifestaciones de trabajadores que se
enfrentan al ajuste y despidos, represión a estudiantes, feriantes, jubilados,
docentes. Una activa política judicial de persecución, cambios legislativos de
los códigos provinciales y penales, resoluciones ministeriales, decretos y
declaraciones del Poder Ejecutivo. La histórica pero creciente saturación de
policías en los barrios pobres y la avanzada descomunal de detenciones
arbitrarias. Todas medidas pensadas para controlar a quienes podrían rebelarse,
y reprimir a quienes lo hacen”, sentenciaron desde Correpi.
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