MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Diego Rossi analiza las propuesta
de reforma tributaria solicitada por el ministro Dujovne a la fundación FIEL y
las consecuencias que los cambios sugeridos tendrían para la industria
periodística y audiovisual.
Por Diego Rossi- Docente e
investigador FSOC-UBA/Undav.
Las propuestas de reforma fiscal
de la Fundación FIEL, recientemente contratada por el Ministro de Hacienda,
conllevan una profunda ignorancia sobre la economía política de la actividad
periodística y audiovisual.
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| Foto ilustrativa como nos pueden censurar(Archivo FM Universo) |
Luego del endeudamiento público
récord y la desactivación de incentivos a la industria decidido en 2016, si el
presidente Mauricio Macri avanzara con el ideario del Ministro recaudador de
Nottingham, Nicolás Dujovne, y del preboste medioeval Daniel Artana para reunir
recursos en un único barril sin fondo, destrozarían el delicado sistema que
durante décadas permitió crecer a nuestro cine, y sobrevivir a PYMes
productoras de noticias y contenidos de radio y TV.
El 4 de febrero, el diario La
Nación anunció que FIEL fue contratada por Hacienda para avanzar en una reforma
tributaria integral. Su propuesta de “sinceramiento del IVA” y otras medidas
están expresadas en el Informe 123, “El sistema tributario argentino. Análisis
y evaluación de propuestas para reformarlo” (agosto 2015, link en el sitio web
del think tank talibán).
Bajo la idea general de reducir
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 19%, el informe de FIEL coordinado por
Artana, enhebra otro objetivo: eliminar todas las exenciones a actividades o
regímenes de tasa reducida. Además de impactar en servicios de educación y
salud, esto afectará a los medios de comunicación.
El Informe reconoce que “el
crecimiento del comercio mundial de servicios y el aumento en el e-commerce,
son actividades más difíciles de controlar para el fisco” (pág 17). Esto lo
venimos advirtiendo con la falta de regulación al audiovisual digital y el
desinterés de hacerlo respecto de las plataformas como Netflix, Cablevisión
Play, o los crecientes negocios con publicidad que no tributa (YouTube o Facebook).
Además de ignorar la fuga hacia
el exterior de recursos en publicidad y abonos, que impacta en la
sostenibilidad de los medios argentinos, los autores de la propuesta ahora
piensan dinamitar el sistema de financiamiento público existente.
El planteo de terminar con “tasas
diferenciales para atender objetivos de equidad”, llevaría a derogar las leyes
26.982 y 27.273 que redujeron la alícuota de IVA a diarios, revistas y
publicaciones periódicas digitales y de información en línea.
También proponen eliminar
impuestos “de bajo potencial recaudatorio, o que tienen asignación específica”.
Entre ellos:
El impuesto de 4% a la telefonía
celular. (...)
El impuesto de 10% a las entradas
de cines y videogramas grabados (…)
El impuesto a los servicios de
comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad.” (págs.
17 y 44 Informe FIEL Nº123).
Como elefantes en un bazar se
llevan puestos los sistemas históricos de fondeo y redistribución de recursos
para la radio, la televisión y el cine, vigentes desde hace décadas. De este
modo desfinanciarían totalmente a las actividades y a los organismos
reguladores, algo que ni se animó a hacer el superministro Domingo Cavallo
desde 1991 en adelante.
El sector del cine luchó para
recuperar en 2002 la autarquía del Incaa como ente público no estatal, que
asigna y redistribuye sus fondos. Esos fondos habían sido manejados desde el
Ministerio de Economía a partir de 1996. Ahora, si prospera la idea que compró
el Gobierno ¡ya no habrá fondos para administrar!
Eliminar el “impuesto a los
servicios de comunicación audiovisual” sería romper al Incaa, a la Radio y
Televisión Pública, a los Institutos Nacionales del Teatro, de la Música, a la
Defensoría del Público, derogar al Fomeca para medios comunitarios (ley 26.522, arts. 94 a 97).
Y la quita de asignación
específica del 10% de las entradas de cine (porción del IVA que se deriva al
sector, ley 17741), no implica cambios para espectadores ni exhibidores, porque
iría al “barril sin fondo” de la recaudación general. Pero sí resultaría otra
pérdida irrecuperable para el Incaa y la industria del cine y la TV.
La eximición de obligaciones
fiscales específicas (entre el 5% y el 1%) a los multimedios, cableras y telefónicas,
rompería la base de planes de Fomento y de Servicio Universal (ley 27.078).
Quizás los tecnócratas promotores
de este “paper”, al hacer gruesos cálculos de macroeconomía no dimensionen sus
daños, en tiempos de “comunicaciones convergentes”. Dentro del Gobierno, es
otra afrenta para políticos y funcionarios de comunicación, cultura y
audiovisuales, y para los redactores de aquel anteproyecto de ley prometido por
DNU.
Justo en estos días, Axel
Kuschevatsky recordó que el cine y las series de TV están fuertemente
subsidiados en Norteamérica… pero acá, ¿cambiamos?
*
https://www.pagina12.com.ar/18793-contra-el-periodismo-y-el-audiovisual
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