11 enero, 2018 LO IMPORTANTE
Con el objetivo de atraer más inversiones extranjeras
directas, con contratos más ágiles y una simplificación de los procedimientos
legales, el Gobierno presentó con bombos y platillos un megadecreto de
necesidad y urgencia que, bajo el disfraz de ‘reforma del Estado’, puede
generar una condena a muerte para la industria nacional, y en particular a las
Pymes.
Las medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o
decretos y derogan otras 19. Para poner en marcha este conjunto de normas, no
hará falta una ley aprobada por el Congreso, porque se publicó directamente en
el Boletín Oficial.
Y entre tantas cuestiones, figura la apertura de
importaciones para una larga lista de productos industriales que hasta el
momento debían tramitar la llamada “licencia no automática”. Ahí aparecen
electrodomésticos y textiles, destacándose que cualquier pedido de importación para
este tipo de artículos tendrá el visto bueno de la Aduana.
Entre los productos a los que se les abre la frontera se
encuentran algunos sensibles para la industria nacional, como estufas,
calefactores y sus repuestos, ventiladores, heladeras, aires acondicionados,
lavavajillas y licuadoras.
Muchos son productos de la denominada “línea blanca” que se
fabrican en el país y desde ya que generará no pocos problemas a la ya
complicada industria nacional. Otro sector que tendrá más competencia es el de
los juguetes. Y también el sector textil y calzado recibirá la competencia
extranjera y deberá pelear contra la industria del sudeste asiático,
beneficiada por mano de obra semiesclava que hace imposible la pelea mano a
mano.
En realidad, esta decisión tiene su origen en el hecho de
que el presidente Mauricio Macri está obsesionado con el ingreso de Argentina a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un
organismo integrado por 35 países, y que ya marcó varias reformas a instrumentar:
una de ellas es que la administración pública sea más eficaz y transparente,
tal como lo plantea este megadecreto.
Entre las diversas normativas, figuran la ampliación de los
alcances de la firma digital, la habilitación de puertos, la creación de un
Fondo Fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, y hasta la
regulación de la circulación de obras de arte, además de modificaciones en la
Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la investigación del lavado
de activos.
La iniciativa también apunta a que las empresas automotrices
no deberán pedir permiso para instalarse, al tiempo que se simplifica y se hace
más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la
presentación de dibujos y fotos digitales.
Al presentar este megadecreto, el ministro de Producción,
Francisco Cabrera, destacó que “con esta medida buscamos reducir la cantidad de
trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando
ser más eficientes, y con el consecuente ahorro de tiempo”.
La imagen que se transmite a través de los grandes medios,
es que gracias a estos cambios, se reducirán los trámites que ahora debían
hacer las empresas para operar en el país, y que se permitirán nuevas prácticas
en el sector de finanzas y transporte, destinados a reducir costos y ganar
competitividad.
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