Es la Batan que empuño el subalférez Emanuel Echazú ,uno de los gendarmes
que avanzo hasta la vera del rio en el
operativo contra Pu Lof
La llegada a Esquel del juez
federal de Rawson, Gustavo Lleral, en reemplazo del desacreditado Guido
Otranto, tuvo tres efectos políticos: dejó huérfanos a los gendarmes de la
"asesoría" argumental del funcionario Daniel Barberis; desactivó el "tutelaje" del
expediente de su colega, Gonzalo Cané, y situó en zona de riesgo penal al jefe
de Gabinete Pablo Noceti, cuyo cruce de llamadas –una medida clave para
calibrar su responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado–
fue negada con empeño por el magistrado saliente. Y ese podría ahora ser el
primer paso investigativo del sucesor. Una posibilidad que inquieta de
sobremanera a dicho personaje.
Tanto es así que días pasados,
durante una reunión con algunos asesores en la sede ministerial de la calle
Gelly y Obes, los gritos de Noceti se filtraron desde su oficina al referirse a
tal asunto en particular: "¡Si quieren mi celular, no se los voy a dar
nunca, nunca, nunca!". Y ya fuera de sí, agregó: "¡Lo voy a tirar
contra el piso y romper en mil pedazos!".
Apenas una muestra del clima poco
distendido que actualmente flota en el Ministerio de Seguridad. De hecho, su
titular, Patricia Bullrich, está otra vez –por orden presidencial– en
cuarentena mediática con respecto a este caso. Y como si habitara un mundo
paralelo, consignó ayer en su cuenta de Twitter: "Visitamos a Cachi, el
bicicletero de Pergamino que nos recibió con mucho cariño". Aludía así –en
la peor crisis de su carrera– a un timbreo partidario en aquella ciudad
bonaerense.
Cabe recordar que su último
testimonio periodístico sobre lo ocurrido con Santiago fue el 22 de septiembre,
tras conocerse el audio de un gendarme al decir: "Les dimos corchazos (a
los mapuches) para que tengan". Entonces ella esgrimió: "Quizás no haya
sido el comentario más adecuado. Pero esa información está en la causa. Había
cuatro escopetas con munición no letal. Una trabada, y tres que
anduvieron". Tal inventario coincide con el número de armas High Standart
apuntado por Otranto en el expediente. ¿Acaso el doctor Gustavo Lleral ya
reparó en la discordancia de aquel conteo con la realidad?
Porque en la viralizada
fotografía del subalférez Emmanuel Echazú al regresar de la orilla del río
Chubut con el rostro sangrante se ve con claridad que de su mano derecha cuelga
una escopeta recortada Bataan calibre 12,70. Esa arma –por ser su portador uno
de los sospechosos más encumbrados del caso– constituiría una prueba de gran
valor. Sin embargo –según una fuente de la fiscalía–, "no aparece por
ningún lado". Y es uno de las tantas cuestiones que Otranto dejó en el
limbo judicial.
Es posible que ese juez sea
recordado por las futuras generaciones como el artífice del allanamiento más
aparatoso de la historia policial argentina. Su irrupción del 18 de septiembre
en la Pu Lof de Cushamen –con helicópteros, drones y 300 uniformados federales–
tuvo por objetivo dar con "elementos de Maldonado". En aras de tal
propósito la tropa dio vuelta todas las viviendas además de rastrillar las
orillas del río. Pero de él no había nada; en cambio, se llevaron varias bolsas
con cosas: una mochila, un celular, una vetusta carabina y mucha ropa. "La
búsqueda fue positiva", afirmó Otranto al concluir la faena.
Las bolsas no tardaron en ser
enviadas al Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA para su análisis. Pero con una leve omisión que
aún no está en conocimiento de los abogados querellantes: el material
secuestrado no poseía la correspondiente cadena de custodia, según reveló a Tiempo
Argentino una fuente pericial. Por lo tanto, los frutos del megaoperativo de
aquel lunes tienen la misma valía que un tacho repleto de basura. Así fue la
gloriosa despedida de Otranto en esta historia.
Le sobrevive su esposa, Rafaella
Riccono, siempre junto a la no menos dudosa fiscal Silvina Ávila desde la
secretaría letrada. Ahora su misión –en la medida de lo posible– es direccionar
los pasos de ésta en salvaguarda del buen nombre y honor de su amado cónyuge.
Durante la mañana del pasado
viernes llegó a esa fiscalía la información completa de los discos rígidos del
área de inteligencia de los escuadrones que intervinieron en el ataque
represivo del 1º de agosto en Cushamen, enviada por la División de Apoyo
Tecnológico de la Policía Federal. Un material cuyo contenido –que en estas
horas comenzará a ser analizado por sus receptores– causa desvelo tanto en el
Poder Ejecutivo como en la cúpula de Gendarmería, puesto que posee todos datos
previos a la desaparición de Santiago.
Por ahora ya están incorporados
al expediente los papers del Centro de Reunión de Información de Neuquén
(Crineu) posteriores al hecho, los cuales, además, han sido profusamente
reproducidos en la prensa. Y que dan cuenta del seguimiento a la familia
Maldonado, del adelantamiento de allanamientos en sedes de la Gendarmería y
pericias a sus vehículos, junto al espionaje a la comunidad mapuche y la
enumeración de datos migratorios sobre once viajes de Santiago en los últimos
tiempos, entre otros asuntos.
Dicho material fue encontrado por
los peritos de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía
Federal en el celular de Fabián Méndez, a cargo del Escuadrón de El Bolsón.
Dicen que éste, pese a las advertencias de que aquel aparato le sería
secuestrado, lo entregó con beneplácito y hasta con un dejo de alivio. ¿Acaso
fue su modo de quebrar el pacto de silencio? ¿Acaso esa fue la causa de su
ulterior relevo y aislamiento?
Lo cierto es que en los partes
del Crineu hay observaciones que deslizan la realización de tareas ilegales de
inteligencia sobre la comunidad mapuche desde enero de este año. Y no es
descabellado suponer que tal espionaje haya incluido a Santiago a partir de su
llegada a El Bolsón. Una circunstancia algo embarazosa para los gendarmes a la
luz de su destino.
La respuesta a ese interrogante
seguramente está en esos discos rígidos. «
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