La intervención de Cataluña por parte del Reino de España ha
convertido al conjunto del régimen político español en un “estado de
excepción”. Alegar que se ha aplicado una cláusula constitucional es una
falacia, porque la admisión de una suspensión de los derechos constitucionales
por parte de la misma Constitución, es una contradicción en términos. Es lo que
había introducido el artículo 21 de la Constitución de la República de Weimar
(1919), para combatir la acción política del proletariado alemán. Cumple esa
función, en Argentina, la facultad que otorga la Constitución al Congreso y al
Poder Ejecutivo para declarar el estado de sitio y la intervención federal a
las provincias. La negación de los derechos constitucionales por la misma
Constitución, convierte a ésta, primero en una ficción, enseguida en una camisa
de fuerza.
El establecimiento del “estado de excepción” constituye una
habilitación política para la intervención de las fuerzas armadas. Es en esta
fuente donde buscan su ‘legitimidad’ los golpes de estado. “El rey”,
literalmente, “quedó al desnudo”. Ni Rajoy ni Sánchez pueden alegar que la
secesión de Cataluña responde a la presión de intereses externos (como ha
ocurrido, por ejemplo, con Panamá respecto a Colombia o la escisión de las
Provincias Unidas del Río de la Plata), cuando todos ellos se han pronunciado
contra la independencia catalana. La intervención a Cataluña es una declaración
de inviabilidad del estado español. De acuerdo a versiones no confirmadas,
Rajoy habría aceptado una reforma de la Constitución, que propugna el PSOE,
pero que no podrá ser soberana, o sea poner en juego el régimen monárquico. Es
una maniobra de baja estofa para disimular la putrefacción veloz del ‘ala
izquierda’ del Partido Socialista.
El atropello, con todo, apenas disimula un recule. El
proyecto de Rajoy establecía un periodo de seis meses de intervención, con
derecho a prórroga, que ahora fue recortado a 53 días. La tentativa de
sustituir con personal propio los escalones de la administración regional y los
municipios hubiera desatado una rebelión popular en escala histórica. Rajoy ha
preferido administrar Cataluña a la prudente distancia de 600 km., luego de un
compromiso con el PSOE, con el propósito de explotar, eventualmente, un quiebre
del frente independentista. Rajoy y su amigo Sánchez no han tenido empacho en
abrevar en Nicolás Maduro, quien también convocó a elecciones regionales con
opositores proscriptos y con la exigencia de reconocer a la Constituyente
fraudulenta (“la gran Maduro”). Las eventuales elecciones de diciembre están
condicionadas al desconocimiento del referendo separatista del 1 de octubre
pasado, y a la aceptación de la Constitución monárquica. La democracia española
ha trasplantado a Cataluña el ‘estado de derecho’ que repudia en Venezuela.
Da la impresión de que el estado español y sus mentores de
la UE pretenden repetir en Cataluña la ‘gran Tsipras’, el primer ministro
griego que desconoció un referendo, convocado por él mismo, cuando se comprobó
que rechazaba los acuerdos de deuda con la ‘troika’ integrada por el FMI, el
BCE y la Comisión Europea. En aquel momento, la banda internacional de usureros
no puso reparos a esta violación de los principios de la democracia canalizados
por vía legal. Hoy, todos se rasgan las vestiduras contra la ‘ilegalidad’
catalana. En efecto, Carlés Puidgemont intentó evitar la intervención, con una
propuesta de adelantar él mismo las elecciones, incluso para la misma fecha, y
saltarse una declaración de independencia por parte del Parlamento catalán. No
fue suficiente para la camarilla de Madrid, que no tiene intención de que las
elecciones de diciembre discutan la independencia, ni de que participen los
líderes del independentismo. Las mentadas elecciones anuncian una agudización
de la crisis política y el pasaje a un “estado de excepción” más extremo.
El independentismo es mayoría popular. El pasado 1 de
octubre, en condiciones de represión y sabotaje, reunió un 43% del padrón y el
90% de votos positivos; en las elecciones inmediatas previas al referendo había
obtenido el 48% de los sufragios. Los observadores atribuyen al campo contrario
a la independencia el 36% del electorado y un 12/15% a los que oscilan entre
una y otra posición. Con estas cartas en la mesa, la resistencia a la
intervención de Rajoy debe conducir a una situación de doble poder. La
convocatoria para diciembre es una hoja de ruta trazada en la arena.
La declaración de independencia por parte del Parlamento
catalán, el viernes reciente, establece la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
que debería dar forma a la República de Cataluña. La puesta en marcha inmediata
de la Constituyente –libre y soberana- debería encabezar la lucha contra la
intervención del estado español. Además, habilita una consigna de mayor
alcance: la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana para
toda España. Ofrece la oportunidad para llamar a la clase obrera de Cataluña a
presentar su propio programa republicano: un programa que ponga fin al ‘ajuste’
y a la precariedad laboral, por medio del control obrero, y la nacionalización
de todos los medios financieros y productivos estratégicos. Un programa que
sustituya a la burocracia permanente del Estado por un estado deliberativo y
ejecutivo de los trabajadores. Es un instrumento político vital para convocar a
la unidad de todo el proletariado del estado español.
A la cabeza del movimiento independentista se encuentran la
pequeña burguesía y una burguesía fragmentada. Esto es lo que da lugar a un
campo de maniobras del estado español. La burguesía catalana se encuentra
integrada al estado español y a la Europa del capital financiero, que le ha
servido para enriquecerse durante cuarenta años. La crisis alcanza a toda
España; conmueve a todas las clases sociales del Estado y a la clase obrera. La
UGT y Comisiones Obreras funcionan como agentes de la monarquía española contra
el derecho a la libertad de Cataluña y contra los obreros de España; los
sindicatos catalanes van a remolque de la burguesía local.
La intervención de la clase obrera en defensa de la
autodeterminación de Cataluña debe desarrollarse, no sobre una base nacional
sino de conjunto, o sea que debe servir para recuperar la conciencia histórica
de clase del proletariado español. Con esta perspectiva estratégica hay que
enfrentar a la intervención de Rajoy-Sánchez, reclamar una Asamblea
Constituyente libre y soberana, y desarrollar un bloque obrero de toda la
geografía del estado español, por una República Federativa y Socialista de los
pueblos ibéricos.
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