Daniel Pardo
Corresponsal de BBC Mundo en Argentina
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MacriDerechos de autor de la imagenAFP
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Macri quiere redefinir el papel de los militares, menguado
por décadas tras el régimen que cayó en 1983.
"Nosotros, como política pública, vamos a defender a
una policía en acción que no se deje matar".
Con esta palabras la ministra de seguridad de Argentina,
Patricia Bullrich, anunció una "nueva doctrina" del ejercicio de la
autoridad en un país que no termina de superar los traumas de la represión
estatal.
El periodista que la entrevistaba, Ernesto Tenembaum, se
mostraba sorprendido por las declaraciones, que han disparado las alertas de
grupos de derechos humanos nacionales e internacionales por la promoción de un
paradigma del "gatillo fácil".
Pero Bullrich, una prominente política que pasó de ser
guerrillera durante el régimen militar (en los 70) a ser cara visible del
gobierno derechista de Mauricio Macri, insistía.
"En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es
darle la presunción de inocencia a su policía; no al revés", aseveró la
semana pasada, "estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el
que realiza las acciones para impedir el delito".
 |
| Derechos de autor de la imagenAFPPatricia Bullrich, si bien es uno de los cinco ministro mejor evaluados por la población, es también una de las figuras más polémicas. |
Bullrich anunció, como parte de una serie reformas a la
Justicia, una modificación al Código Penal.
Se busca darles más garantías a los policías, según ella
perjudicados por la legislación actual, porque "solo" se les permite
disparar en legítima defensa.
"Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de
policías", afirmó.
El gobierno no solo busca proteger las acciones de los
policías, sino también darles a los militares funciones de seguridad interior
como parte de una estrategia más amplia para reivindicar a unas menguadas y
desprestigiadas Fuerzas Armadas.
El plan de Macri para reformar el sistema judicial argentino
Santiago Maldonado, AMIA, Nisman: ¿por qué Argentina no ha
podido resolver sus mayores tragedias y crímenes en democracia?
Patricia BullrichDerechos de autor de la imagenAFP
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Argentina digiere la inseguridad
La llamada "mano dura" se instala en una ya álgida
discusión en Argentina sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el manejo
de la delincuencia.
Días antes de las declaraciones de Bullrich, el presidente
Macri se reunió públicamente con Luis Oscar Chocobar, un policía que había
matado a un ladrón luego de que éste intentó robar a un turista.
El incidente fue grabado por una cámara de seguridad y en el
video se ve que Chocobar parece haberle disparado por la espalda al presunto
delincuente, que contaba con una navaja.
Pero el gobierno, consciente del video, igual decidió
felicitar al policía porque estaba "cumpliendo su deber".
Patricia Bullrich defendió a las fuerzas de seguridad en el
polémico caso de Santiago Maldonado.
Un caso similar en noviembre había estimulado este espinoso
debate: en una protesta de indígenas mapuche en el sur del país, un policía
mató a Rafael Nahuel, un activista de 22 años.
Qué hay detrás de la muerte de un mapuche durante un
enfrentamiento con la policía en Argentina
El país, en ese entonces, apenas empezaba a digerir el
complicado caso de Santiago Maldonado, quien murió en agosto durante un
operativo de represión de otra protesta indígena.
Antes Macri había defendido a un carnicero que atropelló y
mató a un ladrón en medio de un tiroteo y una peligrosa persecución.
Los recientes disturbios por una reforma a las pensiones
mostraron, según la oposición, que Macri "ha sido un retroceso en material
de derechos humanos".
El trauma de la historia
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| Pese a los esfuerzos, Argentina no ha sanado las heridas del régimen militar y el abuso de fuerza en la represión el Estado |
Han pasado casi 35 años desde que Argentina cerró la etapa
más traumática de su historia: los años de gobiernos militares que desaparecieron
hasta 30.000 personas.
Desde entonces, los argentinos se volvieron particularmente
sensibles a la represión y al uso de la fuerza como mecanismo de autoridad
estatal.
Las Fuerzas Armadas cayeron en desgracia y el presupuesto de
Defensa se vino abajo.
Mientras tanto, y en medio de varias crisis económicas, la
inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de los
argentinos.
Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de
América Latina (6,6 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2017, solo por
encima de Ecuador y Chile), según cifras del Ministerio de Seguridad.
Y aunque el aumento ha sido leve desde 2008 (eran 5,8 por
cada 100.000), las tasas de victimización y denuncia de hechos delictuosos —que
incluye robos, secuestros, estafas— crecieron 10% entre 2008 y 2015, de acuerdo
a datos oficiales.
Detienen hombre durante regimen militarDerechos de autor de
la imagenAFP
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.
Al menos en el lenguaje, ningún gobierno democrático
reciente había sido tan tajante en su política de seguridad como el de Macri,
quien ahora parece dispuesto a poner fin a la inseguridad con métodos
controversiales pero, según él, eficientes.
Según sus asesores, la mayoría de la ciudadanía aprueba esta
nueva línea oficial.
Pero la oposición dice que esta política busca desviar la
conversación sobre el ajuste económico y los despidos hacia un territorio en el
que el Ejecutivo se siente más cómodo.
BBC Mundo pidió al Ministerio de Seguridad una declaración
para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
Qué es el 2x1, el polémico fallo de la Corte Suprema que
favorece a exrepresores y que pone de acuerdo a Macri y Kirchner en Argentina
Protesta contra el 2x1Derechos de autor de la imagenAFP
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Tras el régimen militar, los argentinos se alzan en masa con
cualquier indicio de benevolencia hacia la represión, como ocurrió
recientemente con el 2x1, una fracasada iniciativa judicial para perdonar penas
a represores.
"Aval de la mano dura"
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es quizá la
organización de derechos humanos más respetada en el mar de movimientos que
dejaron los 70 y 80.
Manuel Tufró, coordinador del área de Violencia y Seguridad
del CELS, le dijo a BBC Mundo que la organización ve con preocupación el
mensaje que el jefe de Estado está dando con este "aval de la mano
dura".
"Se da el mensaje a las Fuerzas Armadas de que, más
allá de si sus intervenciones son legales o no, van a ser apoyadas por el
oficialismo; se condiciona al Poder Judicial a que no investigue ni procese a
policías que hacen uso abusivo de la fuerza; y se le trasmite a la población
que, si no es así, no se puede hacer nada por la delincuencia".
El experto recuerda que la inseguridad, si bien no ha
registrado un aumento particular en la última década, se ha convertido en un
tema central de la política.
MacriDerechos de autor de la imagenAFP
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Macri dice que la mayoría de los argentinos concuerdan con
él en que el garantismo judicial ha fomentado la delincuencia.
"Y la respuesta siempre fue la demagogia punitiva o el
populismo penal: invocar los sentimientos de revanchismo que puede haber en
algunos sectores y pueden ser sentimientos entendibles para las víctimas, pero
que es grave que la autoridad política los promueva cuando en realidad debería
pensar políticas para disminuir los sentimientos de venganza, que no son
coherentes con un sistema democrático".
Tufró dice que estas medidas, aplicadas por gobernadores
argentinos de izquierda y derecha, "han probado no ser exitosas, aparte de
lo que a la política se refiere".
"Se sabe —en países civilizados, para usar un termino
del gobierno— que entre menos violentas son unas fuerzas de seguridad, más
eficaces. Entonces la promoción de la fuerza lo único que va a lograr es menos
eficacia", asegura.
Según él, el oficialismo ve el proceso de verdad y justicia
tras el régimen militar como una "afrenta contra los militares, a quienes
ahora buscan reivindicar, coqueteando con la idea de que puedan intervenir en
seguridad interior (narcotráfico y terrorismo), cosas que están prohibidas por
ley y por convenciones internacionales".
Tufró admite que Argentina se debe a sí misma un debate —y,
con ello, una serie de reformas— sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
"Pero el camino no es convertirlas en policías, porque
eso solo promueve más corrupción y más violación de los derechos humanos".
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