El juez federal
Rodolfo Canicoba Corral dispuso la aprensión de funcionarios y un hombre de negocios. Es por la causa en la
que se intenta esclarecer cómo fue que se filtró información que familiares del
Presidente ingresaron al blanqueo de capitales.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la aprensión
de funcionarios y un hombre de negocios. Es por la causa en la que se intenta
esclarecer cómo fue que se filtró información que familiares del Presidente
ingresaron al blanqueo de capitales.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención
de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y
dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se
filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales.
El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos,
tiene previsto indagar este sábado en los tribunales de Comodoro Py a los siete
empleados que ya están detenidos y acusados por la filtración.
La investigación contó con la intervención de la Dirección
de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de
Inteligencia, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas
telefónicas y entrecruzamientos de datos.
Por lo pronto, el magistrado pudo determinar la existencia
de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP que se dedicaría a
la acumulación y venta de información secreta.
La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario
Página/12 reveló que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido
al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir
pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el
Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Pero en el
caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y
hasta 10 de inhabilitación.
En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la
investigación "podría alcanzar a unos 20 empleados" del organismo,
que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede Central, y en la
Regional Sur, en el porteño barrio de Constitución.
Desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su
secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la
responsable de la filtración del blanqueo. La organización "respondería a
otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones
inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo
terminará de definir la Justicia".
A partir del trabajo en conjunto del personal Jerárquico de
la AFIP y la AFI "se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del
iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la
información confidencial", dijo el dirigente gremial.
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