El Ayuntamiento de Madrid le ha dado validez a los contratos
sociales que se firmaron en su momento pese a que se preveía vender a un fondo
buitre
De momento se han formalizado 220 contratos, dentro de un
plan que devolverá la titularidad a 2.086 familias
El derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la
vida de las personas", ha dicho la alcaldesa de Madrid.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado este
martes una rueda de prensa junto a los miembros de la plataforma antidesahucios 'Yo no me voy'. El
motivo ha sido la solución a la que han llegado tanto ayuntamiento como vecinos
al dar validez a los contratos sociales originarios y evitar así el desahucio
de las viviendas que iban a ser vendidas a un fondo buitre, tal y como acordó
la corporación de Ana Botella (PP) en 2012.
Estos planes de venta fueron previstos por el anterior
ayuntamiento. Desde la directiva anterior se instó a los vecinos a firmar unos
nuevos contratos que esta vez sí contaban con fecha de finalización, a
determinar por la alcaldía. Las viviendas afectadas son las que se encuentran
en las calles: Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco,
16 y Madera 24 y 26.
La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70
estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Según ha
destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que
el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las
personas". "Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama
verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda,
ha dicho la alcaldesa madrileña.
Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias
hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las
cuales la anterior Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intentó
desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer
posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando
todo el parque de viviendas" públicas de la capital.
La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy
importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando
muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo". El presidente de la
Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid
vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que
muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha
habido "acoso, malas palabras y malos modos".
Más de 2.000 personas que se salvan del desahucio
El abogado de la Asociación Yo no me Voy, Endica Zulueta, ha
dicho que se trata de contratos de alquiler de vivienda social que se renuevan
cada dos años si cumplen unas determinadas condiciones económicas, cosa que los
titulares han cumplido desde hace 30 años.
Sin embargo, en 2012, -según el abogado- "de la noche a
la mañana, la anterior administración decidió dar por terminados los contratos
con la intención de vender cinco edificios de viviendas a la sociedad Renta
Corporación por 12 millones de euros".
El abogado ha destacado cómo los afectados, "que vieron
cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se
enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales".
"La Empresa Municipal de la Vivienda ha cambiado de
política con el nuevo Ayuntamiento" y esto supone que los vecinos ahora
pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha dicho Zulueta. Manuela
Carmena ha añadido que los 2.086 contratos restantes que anteriormente tenían
prevista su venta a fondos buitre ya no corren peligro y por lo tanto, estos
vecinos pueden "mantener la calma, pues sus pisos no se van a
vender".
Manuela Carmena ha detallado que el Ayuntamiento está
"localizando" a los vecinos que ahora mismo están
"desorientados" pensando que no continuarán sus contratos sociales y
que sus pisos se van a vender. Les explicarán que el contrato que en muchos
casos firmaron en los años 80 "es válido y no perderán sus viviendas".
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