Miércoles 2 de Noviembre de 2016
La Cámara de Diputados ratificó
el proyecto original, con algunas modificaciones, y el Senado lo aprobará. La
norma otorga beneficios a las empresas, que podrán actualizar sus contratos por
la inflación y dirimir juicios en tribunales internacionales.
La cámara de Diputados aprobó
esta tarde el proyecto de ley de Participación Público Privada, una norma que
el Gobierno considera clave para promover las tan necesarias inversiones en
infraestructura.
El proyecto volverá ahora al
Senado, que lo había enmedado y devuelto a la cámara Baja. Los diputados, sin
embargo, acordaron modificaciones mínimas y mantuvieron la iniciativa inicial
del Poder Ejecutivo. La ley se votaría en las próximas semanas, pero no está
exenta de polémica.
La Participación Público -
Privada es un nuevo modelo de contrato que permite al contratante (el Estado
Nacional, las provincias, los municipios o empresas públicas) otorgar ciertos
beneficios a los inversores. El texto, por ejemplo, permite la indexación de
los contratos y faculta a las empresas a pedir una renegociación en caso de que
alguna medida económica altere sus planes. Ante una devaluación brusca del tipo
de cambio, sin ir más lejos, la concesionaria a cargo del proyecto de
infraestructura podrá conseguir una mejora en su contrato.
Otro punto discutido tiene que
ver con la elección de tribunales internacionales para resolver cuestiones
judiciales. Las empresas podrían recurrir al tribunal del Ciadi o a tribunales
ordinarios de Estados Unidos o Europa, por caso. Este punto fue muy criticado
por la oposición, pero no sufrió modificaciones. El Poder Ejecutivo, eso sí,
deberá justificar por qué acepta que un contrato determinado se dirima en un
fuero judicial internacional.
El proyecto de ley contempla que
los proyectos de infraestructura que se lleven a cabo este tipo de contratación
deberán contener al menos un 33 por ciento de trabajo argentino, sea mano de
obra o insumos. El Gobierno contemplaba un piso de 25%, pero lo elevó para
conseguir votos del Frente Renvador y el Bloque Justicialista.
A FAVOR
El Gobierno es el principal
promotor de este proyecto. Es la modalidad de contratación con la que quiere
dinamizar la obra pública de gran embergadura a partir del año que viene.
Argumenta que estos contratos dan previsiblidad a las empresas, lo que
disminuye el costo de financiamiento.
En esa línea distintos estudios
de abogados corporativos apoyaron la norma y mencionaron que fue exitosa en
distintos países de América Latina en los últimos años.
El diputado de Pro Daniel
Lipovetzky consideró que "Brasil, Chile y Colombia han utilizado este
régimen y han avanzado mucho" y remarcó que la propuesta tuvo sustanciales
cambios con el fin de "cuidar al trabajo argentino, a las pymes y al medio
ambiente".
EN CONTRA
El Frente para la Victoria y la
izquierda llevan las voces cantantes contra el proyecto y asimilan esta forma contractual
a la privatización de la obra pública. Además de criticar que los litigios se
diriman en fueros internacionales y que las compañías tengan beneficios ajenos
a los ciudadanos (como la indexación de los contratos), entienden que el Estado
cede cuestiones de control elementales. Por ejemplo, la empresa puede
"cobrarse" la obra al explotarla, cobrando peaje sin construyó una
ruta o vendiendo energía si levantó una represa.
"Es un cocoliche guiado por
el interés privado", dijo el diputado del FPV Axel Kicillof, quien
insistió en que el proyecto que volverá al Senado antes de tener sanción
definitiva "como está planteado casi cualquier otro servicio que
naturalmente realizaría el Estado va a aparecer como iniciativa privada".
"El nivel de entrega de esta
ley es comparable a la ley que autorizó el pago a los fondos buitre",
afirmó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
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