Lo llaman el “oro blanco”. El
mineral del futuro. Aunque no hay que ir tan adelante: en el primer trimestre
de este año aumentó su valor en un 47% y la tonelada supera los 7600 dólares.
Todas las miradas apuntan al litio. Con él se hacen baterías para elementos
electrónicos, desde celulares hasta automóviles, y se usa para almacenamiento
de energía. La Argentina tiene un 20% de los yacimientos mundiales. Y si bien
en los últimos años se habían anunciado proyectos estatales para darle valor
agregado, la quita de retenciones y el precio en alza son un señuelo
inmejorable para las mineras. La oleada de empresas privadas extranjeras que se
internan voraces en el extractivismo de la materia prima ya arrancó. Lo que se
pierde es el proyecto del litio como una industria nacional.
El 12 de febrero, Mauricio Macri
anunció la liberación de retenciones para las mineras. La búsqueda del oro
blanco desembocó en una reunión del presidente con el CEO de la firma
canadiense Enirgi Group, Wayne Richardson, en septiembre. El empresario anunció
que a fin de año comenzará en Salta la construcción de la planta de litio más
grande del mundo, en el Salar del Rincón, a 3660 metros de altura. Con una
inversión de 300 millones de dólares, esperan obtener 50 mil toneladas de
carbonato de litio al año, que en 2019 generen más de 300 mil millones de
dólares en exportaciones. No son los únicos. “Prácticamente el 100% de los salares
están cubiertos con concesiones”, se sinceró el secretario de Minería de Salta,
Ricardo Salas, al dar la noticia. Según estimaciones oficiales, en la Argentina
habría disponibles más de 128 millones de toneladas de carbonato de litio.
La “Arabia Saudita del litio” la
conforman Chile, Bolivia y Argentina. En Bolivia (que concentra el 40% de los
yacimientos) su procesado lo maneja el Estado, y lo destina en su mayor parte a
proveer de energía renovable a la población. En Chile (con el 20% de reservas
mundiales), un escándalo entre empresas y funcionarios frenó las concesiones.
En ese marco, la Argentina surge como la nueva meca para las mineras, que
transportan la materia prima hacia los puertos del Pacífico.
SDIC (China), Posco (Corea del
Sur), Galaxy y Orocobre (Australia), Eramet (Francia), FMC Lithium (EE UU) y
Mitsubishi (Japón) ya informaron al gobierno de Macri la decisión de
profundizar la “avanzada” en los salares de la Puna. "Nos parecen
excelentes los cambios que están teniendo lugar. Ahora la Argentina es mucho
más atractiva", aseguró Patricio de Solminihac, director ejecutivo de SQM
(Sociedad Química y Minera de Chile), al anunciar el proyecto Caucharí-Olaroz,
en Jujuy. La firma estuvo cuestionada en 2012 cuando su hermano Hernán la favoreció
mientras era ministro chileno de Minería.
Miguel Bravo es arquitecto,
experto en energías alternativas. Hace tres años emigró a los Estados Unidos.
Desarrollaba autos eléctricos en Argentina, pero el gobierno anterior le negó
el decreto de terminal automotriz. Entonces creó la Bravo Motor Company en
Silicon Valley, región cuyo principal inversor es el propio Estado de
California. En 2011 le ofreció al ministro Lino Barañao crear una fábrica
batería de litio para proveer al desarrollo de vehículos, pero no tuvo
respuesta. “Todos los anuncios son de inversiones extractivas hacia el
exterior. Se primariza más. Lo que hacen es acelerar el saqueo”, dice a Tiempo.
“Después hay falsos anuncios como el de Y-TEC (la empresa de tecnología creada
por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en la interacción de YPF y el
Conicet), que anuncia por enésima vez una supuesta fábrica de batería de litio,
pero que sigue sin tener inversión”.
Las provincias, encargadas del
manejo de sus recursos naturales, reducen su accionar a participar de lo
obtenido por las concesionarias. En Salta con Remsa, en Jujuy con la estatal
Jemse, que obtiene el 8% de las ganancias privadas.
Uno de los potenciales de la
cadena de valor del litio se había centrado en el plan Conectar Igualdad: las
baterías de las netbooks tenían celdas de litio de ensamble nacional. A
principios de año, el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich,
despidió a 60 personas del plan, y la entrega de computadoras quedó paralizada.
También se congeló la
construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico en Palpalá (Jujuy), que era
financiado por el ex Ministerio de Planificación. “Nuestra expectativa es que
se termine el edificio y vengan jóvenes investigadores del país y del
exterior", pidió esta semana el director del Instituto de Química Física
de los Materiales, Medio Ambiente y Energía de la UBA, Ernesto Calvo, durante
el III Congreso Internacional de Litio organizado en la capital jujeña.
“Está claro que el litio es la
batería del futuro. No podemos desperdiciar esta oportunidad”, expresa Daniel
Barraco, físico investigador del Conicet. Apunta a la industrialización del
mineral: “Es el momento de hacer las baterías. Si el país no las fabrica,
dentro de 20 años tendrá un gran problema, porque sólo el mercado automotor
demandará 15 mil millones de dólares para cambiar las baterías. Somos capaces
de hacerlas en el país”.
En 1912 la Argentina patentaba su
primer vehículo eléctrico. Un siglo después, la ley que los oficializa está
paralizada en el Congreso. En la administración macrista hay una interna entre
ministros. El titular de Ambiente, Sergio Bergman, impulsa el avance de los
coches eléctricos, sobre todo por el compromiso dado en el Acuerdo de París de
disminuir para 2020 la emisión de gases. Se le oponen Guillermo Dietrich,
ministro de Transporte, propietario de una concesionaria de autos, y Juan José
Aranguren, con las petroleras detrás. Sus diferencias se apreciaron en la
reciente licitación para adquirir ómnibus eléctricos. Iban a ser 400, terminaron
siendo 50.
En el Foro Mundial de Transporte
de Alemania, realizado en junio, Dietrich sostuvo que el cambio climático “no
se soluciona con vehículos eléctricos. Pueden ser muy atractivos y servir para
el marketing, pero también son muy caros”.
“Parece que el destino de nuestro
país es exportar soja y litio, todo primarizado, y comprar luego la innovación.
En ese contexto, suena más que lógico que reduzcan el presupuesto en Ciencia”,
sostiene Bravo, y agrega: "Es inexplicable que se hayan quedado las
retenciones a la minería. Se le saca impuestos a algo cuyo valor se duplicó. No
había ninguna necesidad”. «
Preocupación ambiental
La otra cara de la extracción de
litio es la preocupación ambiental, por los millones de litros de agua que
genera la difusión de sales hacia acuíferos de agua dulce y la llegada de
inundaciones en las poblaciones cercanas. En 2010, 33 comunidades indígenas que
habitan las Salinas Grandes, entre Salta y Jujuy, iniciaron una demanda contra
ambos estados y las empresas, en reclamo del cumplimiento de sus derechos de
participación y consulta. La actividad minera vuelve a explotar este año, con
anuncios que los pobladores vieron en los medios, sin ser consultados.
Denuncian que las explotaciones avanzan sobre sus actividades económicas,
sociales y culturales. La mayoría trabaja del pastoreo de animales y la
extracción de sal.
“Las comunidades se han enterado
a través de los medios de comunicación. Por ley deben ser respetadas y debe
cumplirse un protocolo de consulta, incluso en la fase de exploración”, reveló
Alicia Chalabe, la abogada que las representa.
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